Aunque por un lado las autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric descartan restablecer el Estado de Excepción, que perduró por 6 meses en el mandato de Sebastián Piñera, lo claro es que, sea cual sea el nuevo nombre, la máxima autoridad del país indicó –durante la semana– que se trabaja en “estados intermedios para que justamente fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, de carreteras”.
La propuesta de «estados intermedios», que debería ser aprobada por el Congreso, se tomó la agenda nuevamente en el marco del paro de camioneros y contratistas forestales, movilizados hasta este fin de semana. Aunque el Ejecutivo desechó por completo la idea de restablecer el Estado de Excepción Constitucional –a pesar de las presiones de parlamentarios de derecha y las movilizaciones del transporte–, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó el compromiso para trabajar en una reforma a corto plazo, en pos de entregar protección y resguardo de las vías a través del uso de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, para algunos representantes de comunidades y organizaciones mapuche, el anuncio de las autoridades está lleno de ambigüedades y riesgos políticos. Para el dirigente de la comunidad Cacique Federico Alcamán y la Organización Territorial Ayun Mapu, Iván Reyes Alcamán, cualquier presencia militar en la zona podría generar aún más tensión, sobre todo por las expectativas que las comunidades habían depositado en el nuevo Gobierno.
“Está claro que es un error político de Boric. Nadie se esperaba una situación como esta. Que finalmente termine haciendo lo que hacía Piñera. Si nosotros quisimos que se fuera Piñera y llegara otro Presidente a hacer políticas en favor de la gente, y sucede que con esos anuncios nos coloca en una mala posición”, señala el dirigente mapuche.
Postura que comparte la consejera nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ana Llao. Para la militante histórica de Ad Mapu, el anuncio de un “estado intermedio” es más bien un eufemismo para lo que se aplicó durante el Gobierno de Sebastián Piñera en el denominado “Wallmapu”.
“La verdad es que es poco entendible ese concepto. Yo soy una de las personas que recorro bastante el territorio (La Araucanía), me toca viajar bastante. Y las carreteras están resguardadas por militares, en cada uno de los lugares que ellos llaman zona roja. Aquí, hay que decirlo, continúa el Estado de Excepción”, manifiesta Llao.
Para ambos dirigentes mapuche, continuar con una política de “militarización de la Macrozona Sur” es una “equivocación” de las nuevas autoridades. Sobre todo por lo que califican como un “discurso contradictorio”. Por un lado, “relevan el compromiso con el diálogo, pero se anuncian más policías para la zona”, plantean.
“No puede haber diálogo sincero si se está trayendo militares armados. Va a haber más rebeldía, más rabia, y con justa razón, contra esta respuesta del Gobierno tan nefasta. Esperamos que no lo haga (Boric), solo va a agravar el conflicto”, asegura Reyes Alcamán.(El Mostrador)
