El 31 de agosto fue la primera fecha que la fiscal Ximena Chong eligió para tomarle declaración al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en calidad de imputado por su presunta responsabilidad -por omisión y de mando- en la cantidad de lesionados durante el estallido social. La diligencia, sin embargo, no pudo concretarse y debió reagendarse, dado que el alto oficial no disponía de tiempo en su agenda para entregar su testimonio. No sería la primera vez, dilatándose así uno de los testimonios claves en la causa de la persecutora.
La segunda fecha escogida, entre la defensa y la Fiscalía, fue el 20 de septiembre, luego de las Fiestas Patrias. Todo indicaba que, ahora sí, Yáñez tendría su cara a cara con la fiscal Chong, quien ha mantenido más de un cruce con la institución, particularmente luego de vincular a carabineros en las amenazas y amedrentamientos que recibió en su domicilio, en noviembre del 2020, luego de imputarle homicidio a un cabo por la caída de un adolescente al río Mapocho, en octubre de ese año.
Pero el 20 de septiembre no pudo ser. La defensa del alto oficial expuso que el general hizo uso de su derecho consagrado en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que pueda entregar su testimonio en el lugar en que ejerce sus funciones o su domicilio, además de tener una agenda en extremo ocupada por los preparativos para el aniversario del 18-0. Una vez más, se postergó la diligencia.
El miércoles 23 fue el día acordado, finalmente ¿Dónde? En la propia Fiscalía para dar señales de colaboración en la investigación, según comentaron fuentes aledañas al general director. Pero, sí, otra vez se postergaría el interrogatorio, y esta vez, con la intención de no concretarse en sede del Ministerio Público y menos ante la fiscal Chong.
La investigadora recibió un correo de la defensa del general, en el que se le informaba que no concurrirían a declarar, sino que solicitarían una audiencia para una declaración judicial, esto es, entregar su testimonio de los hechos imputados, pero ante un juez de garantía.
Este camino ya lo había tomado, la semana pasada, el antecesor del general Yáñez, el general (R) Mario Rozas, quien también rechazó comparecer ante Chong y solicitó declarar ante un juez.
Por lo mismo, Yáñez, a través de sus abogados Jorge Martínez y Sergio Contreras, expuso ante la Fiscalía que hay nuevos antecedentes en la investigación -como la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- y que resta resolver la solicitud inhabilidad planteada por la defensa de Rozas, ante la Corte Suprema.
En esa solicitud se expone que la fiscal Chong debería inhabilitarse de indagar el caso, pues -según la defensa de Rozas- es parte de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), organización que es querellante en la causa.
Desde la defensa del general Yáñez expusieron que “la opinión pública debe saber que con fecha 27 de septiembre de 2022, los suscritos propusieron al fiscal Armendáriz una fecha tentativa de declaración ante el Ministerio Público para el día 23 de noviembre del presente año. La referida comunicación nunca fue respondida, confirmada u objeto de respuesta por parte del ente persecutor. Eso, hasta el viernes de 18 de noviembre en horas de la tarde. Esta respuesta, además de tardía, es intempestiva, ya que ese día el general director estaba siendo sometido a una cirugía y no tendríamos certeza de su pronta alta médica hasta el día lunes 21 del presente. Se entiende que una alta autoridad (…) debe programar sus actividades y citaciones con antelación”.
Además, agregaron que “como abogados del general director, reiteramos el compromiso que ha adquirido don Ricardo Yáñez para colaborar con la justicia, lo cual se hará en las instancias idóneas y expeditas para llevar a cabo este tipo de diligencia (…), por medio de prestar la declaración pertinente ante el juez de garantía respectivo, en un actuación pública y transparente”.
Ahora será el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el que fije hora y fecha para la declaración del alto oficial, en una causa que permanentemente hace reaparecer la sombra del estallido social en Carabineros. (La Tercera)
