Poco menos de tres meses restan para las próximas elecciones municipales. En la cuenta regresiva, las administraciones actuales comienzan a ordenar la casa y se reencuentran con una realidad que les provoca más de un dolor de cabeza: su salud financiera. Esto, porque casi el 74% de los municipios chilenos terminó 2015 con su balance en rojo.
Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), 254 de las 345 municipalidades del país cerraron 2015 con deuda flotante. Esto quiere decir que, en dicho período, dejaron impagos gastos devengados durante el mismo año.
La Subdere explica que la deuda flotante comunal totalizó $ 74.045 millones en 2015 -unos US$ 113 millones, casi el presupuesto para este año del Servicio de Salud de Atacama-, lo que implicó una reducción de tan sólo 0,86% respecto de 2014, pero un crecimiento de 36,7% frente a 2010.
Cristóbal Tello, encargado de la incubadora de Gestión Municipal del Centro de Políticas Públicas UC, añade que los registros de la División de Análisis Contable de la Contraloría evidencian que el indicador ya se empina en torno a los $ 117.829 millones este año, alrededor de US$ 172 millones. Cifras que no incluirían la deuda que cada gobierno comunal tiene en educación y salud, acotan desde las propias municipalidades.
El 39% de la deuda flotante del sector se origina en 10 comunas: Maipú, La Serena, Estación Central, Quilicura, Valparaíso, Independencia, Buin, Copiapó, Recoleta y Concepción. Sus ediles admiten que han debido aprender a “administrar deuda”. Una de las formas más comunes de hacerlo, señalan, es renegociando las cuentas pendientes con sus acreedores. Entre ellos se encuentran frecuentemente proveedores de servicios de electricidad y recolección de basura. En otros casos recurren al leaseback o retrocompra, instrumento propio de instituciones financieras privadas que permite obtener un capital de libre disposición a cambio de vender con opción pactada de compra de un bien, habitualmente un inmueble. Las municipalidades pueden acceder a esta opción sólo previa autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Tello expone que como por ley los municipios no pueden recurrir a créditos bancarios, el mecanismo de deuda termina siendo el no pago a proveedores. “Es difícil bajar el nivel tan alto de deuda del sector municipal (…). El problema es que gastan más de los ingresos que tienen. Eso puede ser por ineficiencia, pero también porque en las últimas dos décadas los municipios han tenido que asumir responsabilidades que no han venido aparejadas de recursos frescos. Por ejemplo, se les han asignado funciones de medioambiente, seguridad ciudadana, oficinas antidiscriminación, transparencia, etc.”, sostiene el especialista.
Concuerda con esta visión el subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Marcelo Segura, quien reconoce la existencia de “un problema estructural de déficit en las municipalidades”. Por eso, insta a fortalecer y acelerar un proyecto de ley para reformar el sistema de financiamiento municipal que, asegura, discuten actualmente con el Ministerio del Interior .
DEPENDENCIA DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL (FCM)
Los recursos de los municipios tienen diferentes afluentes: el impuesto territorial, patentes municipales, permisos de circulación, derechos municipales como aseo y también de las arcas fiscales, aunque de manera variable. Esto a través de programas y transferencias, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y fondos concursables, al igual que dineros destinados a ámbitos específicos, como salud y educación. Otras comunas también obtienen ingresos tributarios por casinos de juegos, patentes mineras o acuícolas.
Pero en la mayoría de las administraciones locales la gestión financiera depende casi en su totalidad del Fondo Común Municipal (FCM). Creado en 1979, este mecanismo busca equidad a través de la redistribución de los aportes que entregan todos los municipios. Las cuatro comunas con más ingresos deben aportar a dicho fondo el 65% de lo que recaudan vía impuesto territorial, proporción que baja a 60% para el resto de los municipios. Las comunas más ricas también deben aportar entre 65% y 55% de las patentes comerciales, mientras que todas deben entregar 62,5% de sus ingresos por permiso de circulación, 50% de las transferencias de vehículos y 70% de recaudación de multas, entre otros.
La asignación posterior depende de una fórmula que considera, entre otros factores, la población, predios exentos, nivel de pobreza e ingresos recaudados.
Según la Subdere, para este año el FCM dispuso de unos US$ 1.571 millones. Esto significó un alza de 1,3% respecto de 2015, ejercicio en que más de la mitad de los ingresos de 254 comunas dependía del FCM; en 28 de ellas más del 90% de los recursos de los que disponían vino del fondo. Entre estas últimas destacan los casos de Juan Fernández (97,79%), Isla de Pascua (97,55%) y Saavedra (96,17%). En paralelo, los municipios que recibieron más recursos del Fondo fueron Puente Alto ($ 47.475 millones), Maipú ($ 38.683 millones) y La Florida ($ 21.536 millones).
En general, el reporte de la Subdere muestra que en 2015 los ingresos municipales ascendieron a US$ 5.762 millones, mientras que los gastos llegaron a US$ 5.804 millones; cada uno con incrementos anuales de 8,5% y 12,3%, respectivamente. Los registros de la Contraloría muestran que estas instituciones destinan casi la mitad del gasto a gestión interna y servicios a la comunidad, seguidos en relevancia por educación y salud.
MAIPÚ
Según el Censo 2012, Maipú es la segunda comuna del país con mayor población (525.229 habitantes) después de Puente Alto (583.471 habitantes). Pese a que reconoce que esta realidad implica gran gasto en servicios básicos, Christian Vittori (DC), edil del municipio, atribuye la deuda reportada por la Subdere a razones contables: “Los casi siete mil millones se pagaron entre enero y febrero, y estaban vinculados a la generación de servicios en diciembre (…). Pero ya no hay retraso en pagos de servicios”. Además de sostener que es habitual que los municipios realicen pagos a sus proveedores en plazos que van de 20 a 60 días, Vittori precisa que la mayor cuenta que recibe Maipú es la de consumo eléctrico, la que se ve impulsada principalmente por la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable de Maipú (Esmapa), que suministra servicios a la comuna y a la mitad de Cerrillos y Estación Central. “Echar a andar las plantas de agua potable, las bombas, etc. nos genera gran consumo eléctrico”, puntualiza. Como contraparte, asegura que la empresa les reporta anualmente “unos $ 4 mil millones en utilidad”, constituyendo así su segunda principal fuente de ingresos después del Fondo Común Municipal, que este año los favoreció como la segunda comuna en recibir mayores recursos ($ 38.683 millones) después de Puente Alto ( $ 47.475 millones). Las otras obligaciones relevantes en términos monetarios, afirma, tienen relación con áreas verdes y servicio de aseo.
LA SERENA
Roberto Jacob (PRSD), alcalde de La Serena, atribuye la situación financiera actual a que simplemente “lo que llega como ingreso no es mayor que el gasto”. El panorama se agudiza en verano, cuando la población sube de 220 mil a 600 mil e incluso 800 mil personas, elevando el gasto en servicios como recolección de basura e iluminación. Actualmente, comenta, gestionan un leaseback casi por el total de la deuda flotante, estimada por la Subdere en cerca de $ 4 mil millones. “El leaseback es la única forma que tienen los municipios de solicitar recursos, porque no pueden endeudarse con la banca privada. Generalmente lo dan a siete años y se pagan cuotas mensuales. El gobierno autoriza el leaseback para licitarlo a la banca privada”, explica, y prevé conseguirlo en un mes.
Jacob asegura que recibió el “municipio con una deuda de $ 2.300 millones aproximadamente”, la que hoy podría “estar en el doble con toda seguridad”. De todos modos, menciona que tienen un “plan de ahorro” que incluye la construcción de un edificio para ahorrar los $ 40 millones que hoy destinan mensualmente a arriendo de instalaciones.
El edil sostiene que una de las variables que más complican las finanzas del municipio es el gasto en educación: “Al año tenemos que inyectar unos $ 1.500 millones a la corporación para poder financiar la educación. Por eso, queremos que se la lleven, que se desmunicipalice”. Agrega que La Serena está al día en el pago de electricidad, que acaban de renegociar una parte de la deuda en basura y que están con “uno o dos meses de retraso” en áreas verdes.
ESTACIÓN CENTRAL
“La deuda es un tema estructural y transversal en los municipios de Chile, salvo en aquellos que tienen más dinero”, recalca Rodrigo Delgado (UDI), alcalde de Estación Central. Admite que la comuna históricamente “ha tenido un déficit importante” y que los distintos ediles han debido aprender a “administrar deuda”. A su juicio, una de las principales causas es la “poca autonomía” que tienen para generar y recaudar ingresos. “Salvo las patentes comerciales, no hay ningún impuesto que quede 100% en el municipio”, dice en alusión a los porcentajes que por ley las comunas deben entregar al Fondo Común Municipal.
Considera que tendrán mayor holgura de recursos cuando entre en vigencia la desmunicipalización de la educación, ya que actualmente destinan unos $ 3 mil millones anuales a este ítem, lo que hace que en algunas ocasiones deban dejar de pagar cuentas como electricidad. “Por eso, hemos hecho un llamado a que la subvención se pague por matrícula y no por asistencia, porque los costos son fijos. En invierno, por ejemplo, se recibe menos dinero y tenemos que subvencionar nosotros”, precisa.
QUILICURA
Desde la municipalidad defienden que los datos de la Subdere no representan el estado actual de las finanzas del municipio. Y recalcan que cuando Juan Carrasco (independiente) asumió como alcalde (2008) recibió la comuna con un déficit de arrastre.
“El ejercicio presupuestario 2015 comenzó con una deuda flotante de $ 2.946 millones. De estos, durante el mismo ejercicio se pagaron $ 2.140 millones. La gran mayoría correspondió a obras civiles. Por lo tanto, al cierre del ejercicio, la deuda flotante de años anteriores sólo era de $ 805 millones, correspondiente a obras de construcción con observaciones y sin recepción”, dice Isidoro Guitlitz, administrador municipal.
VALPARAÍSO
“Para operar, Valparaíso necesita tres o cuatro veces lo que hoy recibe en ingresos”, estima el alcalde de la comuna, Jorge Castro (UDI). Por eso, afirma que “no por gusto ni por ganas” están en el ranking de las cinco comunas con mayor deuda desde 2012. Al igual que sus colegas, explica que esto se debe a los montos que deben asignar para cubrir gastos en educación. “Lisa y llanamente, para sostener la educación pública, Valparaíso tiene que dejar de pagar servicios de arriendo de camiones, aseo. La caja para educación son más de $ 6 mil millones”, comenta. A eso atribuye el retraso de hasta más de dos meses en el pago de servicios, acreedores con quienes debe renegociar la deuda.
Hoy, la comuna tiene entre sus principales fuentes de ingresos las patentes comerciales, el impuesto territorial y permisos de circulación. Por eso, reclama que los roles de la ciudad -puerto y Patrimonio de la Humanidad- no les reportan réditos.
“Los recursos derivados de la actividad portuaria, los aranceles aduaneros, se los lleva el Estado para construir el Presupuesto de la Nación (…). Estamos en conversaciones con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para buscar un mecanismo de compensación de la actividad portuaria. El gobierno lo está conversando, a su vez, con las empresas estatales”, señala.
Por otra parte, propone la creación de una corporación público-privada abocada a la condición de Patrimonio de la Humanidad. Esto, acompañado de un proyecto de ley “que vía presupuesto asigne anualmente entre US$ 35 millones y US$ 50 millones a la corporación”. Afirma que todo esto ya es parte de una agenda de trabajo con el gobierno.
Pero existe una tercera variable: una cuenta pendiente que mantendría el Congreso. Castro denuncia que desde que éste sesiona en Valparaíso, 1990, adeuda recursos a la ciudad. “El Congreso no ha tenido ningún pago a través de la Dirección de Obras desde que se creó hace 25 años. No se pagó derecho de construcción ni uso de la vía pública, no se han pagado derecho a ampliación, construcción (…), ahora van a empezar a preocuparse, porque deben hacer nuevas instalaciones para recibir a los parlamentarios que se sumarán y eso no va a suceder mientras no corrijan los pagos al municipio”, acusa. En total, estima que la deuda del Parlamento -la que asegura ya fue notificada a través del Juzgado de Policía Local- asciende a unos $ 2 mil millones.
INDEPENDENCIA
Gonzalo Durán (PS) recuerda que cuando asumió como alcalde de Independencia (2012) heredó una deuda superior a $ 4 mil millones, poco más de la mitad en aseo y algo menos en electricidad. Tras implementar un reordenamiento financiero, asegura que han ido pagando parte de las obligaciones pendientes. “Pagamos íntegramente a Chilectra, acabamos de ejecutar un leaseback y hacer un convenio para pagar los $ 2.200 millones de basura”, comenta. También buscan reducir gastos y elevar los ingresos mediante un “plan para sanear la situación financiera del municipio”.
De la deuda actual, $ 2.122 millones, dice que una parte menos significativa tiene relación con gastos operacionales.
En marzo de 2014 modificamos el plan regulador para terminar con los edificios en altura, lo que les ha significado menores ingresos por $ 700 millones anuales. (La Tercera)
