En estos siete meses de pandemia, las universidades han debido sortear un complejo escenario financiero debido a la crisis económica que viven los estudiantes y sus familias. Estas circunstancias provocaron que los planteles tengan hasta el 29% de sus alumnos en situación de morosidad. Ese es el caso de la Universidad Arturo Prat, donde hay 3.274 jóvenes en mora ($ 1.876 millones en aranceles. Algo similar ocurre en la Universidad Autónoma, pero a mayor escala: en el plantel cuentan que el 28% de sus 27 mil estudiantes están en esa situación, por lo que se les están reprogramando cuotas, dando créditos directos y condonando intereses y multas.
En la Universidad Católica del Norte, más de dos mil jóvenes no han podido pagar (21% de la matrícula). Normalmente, la morosidad es del 18% a 20%. La Universidad Andrés Bello tiene 2.500 jóvenes en mora, los que, en todo caso, equivalen solo al 5% de su matrícula. Y en la Universidad de La Frontera, el 60% de los jóvenes que tienen que pagar (que no poseen gratuidad ni becas) está en la misma situación.
La morosidad en la Universidad San Sebastián, en tanto, se incrementó entre un 5% y un 7% con respecto al año pasado, y continuó en ascenso durante el último mes. La administración está conversando con seis mil jóvenes para buscarles una solución financiera. En la Universidad Tecnológica Metropolitana, los jóvenes en mora son 5% más que en 2019. Otros planteles no quisieron entregar cifras de esta materia, pero reconocen que hay un aumento de los compromisos adeudados.
“La morosidad de nuestros estudiantes ha aumentado por sobre las tasas regulares, pero de la misma forma se ha establecido una política de apoyo financiero estudiantil, en conjunto con una comunicación constante con nuestros estudiantes y sus familias. Hoy se ha repactado una parte relevante de las situaciones de morosidad, para poder acomodar esos pagos”, dice Mario Herane, vicerrector de Desarrollo y Gestión de la Universidad Mayor.
Esta situación financiera se agrava si se consideran los esfuerzos económicos que han hecho las universidades por reconvertirse a la educación a distancia y apoyar a sus alumnos: solo 12 instituciones dicen haber gastado más de $ 20 mil millones por estos motivos.
El prorrector de la Universidad San Sebastián, Javier Valenzuela, cuenta que “hemos dispuesto fondos adicionales para becas especiales, que este año han significado cerca de $ 7 mil millones, adicionales a los $ 14 mil millones que entregamos año a año”. Además, gastaron $ 450 millones en becas de internet, para 2.500 alumnos, y $ 1.492 millones en equipos, licencias y virtualización. Sumando todo, este plantel ha invertido $ 9 mil millones por la crisis sanitaria.
Alejandro Zamorano, vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Andrés Bello, que con 44 mil alumnos de pregrado es la universidad más grande del país, cuenta que han gastado $ 3.500 millones para apoyar a un cuarto de sus alumnos con becas, préstamo de notebooks y flexibilidad de pagos.
“Entendemos que la situación financiera de muchas familias no ha mejorado, por lo que para este semestre estamos incrementando los recursos para aumentar nuestras becas a los estudiantes más afectados en esta pandemia. Además, todas las becas de conexión se mantendrán durante este período”, explica.
Desde las universidades públicas también se ha hecho un importante esfuerzo financiero. Miguel Quiroga, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción, cuenta que la docencia a distancia les obligó a invertir $ 1.939 millones para sus 28 mil estudiantes. Esto incluye licencias de Canvas, Microsoft Teams y Zoom, equipamientos para préstamo, conectividad y apoyo de recursos humanos.
En la Universidad de Chile invirtieron $ 620 millones en 2.593 chips de internet ilimitado, con cobertura hasta el 31 de enero, fueron entregadas dos mil tablets y se asignaron 432 becas de apoyo a la matrícula. En total, la inversión supera los $ 1.000 millones.
Adicionalmente, fue adelantada la asignación de subsidios del Programa de Atención Económica (PAE), favoreciendo a 11 mil jóvenes con gratuidad, pero que no tenían becas para gastos básicos. Este apoyo contempla ocho pagos al año y un presupuesto de $ 2.900 millones.
Las instituciones también han debido atender otros aspectos. En la Universidad Autónoma, por ejemplo, hay equipos de psicólogos y trabajadores sociales que apoyan a los estudiantes. En ese plantel, también invirtieron $ 355 millones en becas de internet y computadores, $ 200 millones en sistemas de telesimulación y telesalud y $ 50 millones en otros soportes.
La Universidad Católica del Norte también implementó apoyo psicológico en línea, lo que junto a becas de internet, equipos, licencias y elementos de protección suman $ 550 millones de gasto. Lo mismo pasó en la Universidad Católica del Maule, que dispuso servicios remotos de salud y bienestar.
En esa casa de estudios se entregaron becas de conectividad para 1.780 alumnos (15% de la matrícula) y computadores para otros 238 jóvenes, a la vez que potenciaron las plataformas virtuales.
La Universidad Técnica Federico Santa María desembolsó más de $ 600 millones en conectividad, equipamiento para estudiantes y licencias de software; la Universidad de La Frontera gastó $ 550 millones en equipamientos; la Universidad Arturo Prat incurrió en $ 519 millones de gasto y la Universidad Alberto Hurtado gastó otros $ 500 millones en su adaptación.
Y la Universidad de Santiago ha invertido $ 957 millones, principalmente en computadores y conectividad, pero también en becas y en ayudas sociales críticas, que es un monto de dinero que se entrega a los jóvenes que viven una situación extremadamente delicada, como el fallecimiento de algún padre.
En la Universidad de Las Américas incrementaron el fondo de becas en 22% y hoy siete de cada 10 jóvenes reciben apoyo del plantel. También entregaron 1.300 becas de arancel, 2.300 becas de conectividad y las carreras de la salud compraron softwares para que los alumnos accedan de forma remota a los laboratorios.
Las instituciones esperan concluir el 2020 de forma remota, o con solo algunas actividades en formato presencial. La mayoría no sabe cómo será el 2021, pero algunas ya prevén la implementación de clases híbridas, para que los alumnos accedan a clases desde las universidades y desde sus casas al mismo tiempo.
El rector de la Universidad Finis Terrae, Cristián Nazer, dice que desde el 21 de septiembre que están realizando algunas actividades presenciales y que “la situación nos permite proyectar que, al menos, el primer semestre de 2021 también podríamos tener un funcionamiento híbrido, que permita combinar actividades virtuales y presenciales para reducir al mínimo cualquier riesgo de contagio”.
En la Universidad de Chile cuentan que algunas de las actividades curriculares podrían mantenerse de forma online el próximo año, más allá de la situación sanitaria, porque demostraron ser exitosas en ese formato este año. Y en la UC del Norte también se preparan para establecer un modelo híbrido, donde el estudiante podrá elegir si asistir a clases física o remotamente.
PÉRDIDA DE ALUMNOS
La crisis económica de las familias chilenas también ha provocado que muchos estudiantes abandonen o renuncien a la universidad o congelen sus estudios, a la espera de que mejore la situación del país y puedan retomarlos en alguna fecha futura. De esta forma, solo 10 universidades perdieron 7.313 estudiantes durante estos seis meses que han transcurrido desde que el Covid-19 registró sus primeros casos en el país.
Por ejemplo, al 30 de septiembre, en la Universidad Técnica Federico Santa María se habían retirado definitivamente 558 alumnos y habían congelado sus estudios otros 1.151, cifras levemente superiores a las del año pasado.
En la Universidad Andrés Bello, la más grande del país, 350 jóvenes abandonaron definitivamente y 870 se fueron de manera temporal, cifras que equivalen al 2,7% de la matrícula.
Alejandro Zamorano, vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles del plantel, explica que “el impacto de la crisis ha implicado que muchos estudiantes no hayan podido continuar sus estudios, más allá de las medidas que hemos implementado para ayudarles”, lo que implica que “están perdiendo sus proyectos de vida y el sueño de cursar una carrera universitaria”.
Uno de los casos más complejos es el de la Universidad Arturo Prat, donde desertaron 1.120 estudiantes, el 10% de su matrícula. En la Universidad Católica del Norte, a fines de agosto se habían retirado 400 jóvenes, 80% más que los 210 que se fueron el año pasado.
Mary Carmen Jarur, vicerrectora académica de la Universidad Católica del Maule, cuenta que en el primer semestre hubo 341 alumnos que suspendieron sus estudios, 301 los abandonaron y 227 renunciaron a la institución.
“Se ha entregado todo tipo de facilidades para el pago de matrícula y arancel, además de apoyo con beneficios internos”, señala.
En la Universidad Autónoma, dicen que los estudiantes que han anulado, suspendido o se han retirado subieron en 24% respecto de 2019, pero que en total representan menos del 4% de los alumnos de pregrado. En tanto, en la Universidad San Sebastián otros 600 jóvenes tomaron ese camino. En la Universidad de Concepción se registraron 532 suspensiones y 117 renuncias, que representan el 2,6% de la matrícula.
En la Utem, 101 jóvenes desertaron, una cifra marginal, mientras que el 2,9% de los matriculados congeló sus estudios.
“Como universidad es un tema que nos preocupa. No queremos que ningún estudiante tenga que abandonar nuestra universidad por razones económicas, por lo que estamos realizando las acciones de acompañamiento”, dice el rector de la institución, Luis Pinto.
La tendencia se replica en varias otras instituciones: en la Universidad Finis Terrae, la deserción aumentó en 11% respecto de 2019; la U. de La Frontera tiene 491 casos y en la Universidad de Chile hay otros 271 alumnos con el mismo problema. En la Universidad Alberto Hurtado las suspensiones llegaron a 543, el doble de las de un año normal. (La Tercera)
