Minutos antes de que se iniciara la segunda jornada de clases en el Instituto Nacional, las puertas del liceo estaban cerradas. A pocos metros, en la calle Arturo Prat con la Alameda, un grupo de alumnos veía cómo Carabineros intentaba restablecer el orden ante encapuchados que, desde el patio del liceo, lanzaban piedras y hasta bombas molotov.
Los actos vandálicos se produjeron en el marco de una nueva protesta que los jóvenes -incluso de otros establecimientos públicos tradicionales de Santiago- convocaron en contra de la ley Aula Segura, la que han catalogado de «opresiva».
El jueves pasado ya se habían manifestado esgrimiendo ese motivo tanto en el Instituto Nacional como en el Liceo Darío Salas. En el caso del último establecimiento, hubo seis detenidos, luego de que le rociaran bencina a una psicopedagoga.
«Hemos trabajado fuertemente para erradicar la violencia de los colegios, pero lamentablemente vimos que el jueves se roció con bencina a personal del Darío Salas; hoy (ayer) en el Instituto Nacional se rompieron unas ventanas, unas puertas, y frente a eso tenemos que aplicar la ley y no nos va a temblar la mano», dijo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.
El ministro (s) de Educación, Raúl Figueroa, añadió que los hechos de violencia ocurridos los últimos días «ratifican la importancia de una ley como Aula Segura, que permite separar y expulsar a los responsables de la violencia, que ha llegado a niveles extremos como intentar quemar a un profesor o asistente de la educación».
Añadió: «Apoyamos el uso correcto de todos los medios legales para proteger a los profesores que quieren trabajar con seguridad, y a los alumnos que quieren estudiar».
APOYO A PROFESORES
La semana pasada, los profesores del Liceo Enrique Molina de Concepción pararon luego que la Corte de Apelaciones revirtiera la expulsión de cuatro de los seis alumnos expulsados en virtud de Aula Segura, luego de que se les acusara de agredir a dos asistentes de la educación.
Y ayer los profesores del Darío Salas no realizaron sus clases. Según comentó a radio Bio Bio la directora del recinto, Lilian Vincent -quien ha recibido críticas por los procesos de expulsiones que ha iniciado-, «la comunidad está consternada, mal psicológicamente, por las agresiones del jueves».
Al respecto, Alessandri aseveró que «estamos del lado de los profesores; vamos a hacer que el Estado de Derecho prevalezca».
El jefe comunal dijo no entender al tribunal que dejó con firma a los menores del Darío Salas, pues «la ciudadanía lo toma como si no pasa nada. Rociar con bencina parece que es algo baladí».
Con todo, el centro de padres del liceo emitió un comunicado el fin de semana criticando el episodio del jueves, pero rechazando «la criminalización a la que están siendo sometidos nuestros estudiantes, ya que se les acusa de haber cometido delitos sin pruebas fehacientes, vulnerando todos sus derechos».
Sostuvieron que «existen grupos radicales que infiltran los liceos públicos», por lo que no descartaron esa posibilidad, ni que fuera «un montaje de las fuerzas policiales». (El Mercurio)
