El persecutor a cargo del fraude en Carabineros, Eugenio Campos, fiscal jefe de Magallanes, indagará la denuncia del fiscal Sergio Moya contra su superior, el fiscal Emiliano Arias.
Así lo confirmó el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, a través de un correo a los fiscales regionales de todo Chile. En la misiva, el persecutor nacional señaló que “oyendo al Consejo General he resuelto designar al Fiscal Eugenio Campos Lucero, Fiscal Regional de Magallanes, para dirigir la investigación penal de los hechos denunciados por el fiscal adjunto Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya. Esto demuestra que las leyes se están aplicando y que los mecanismos previstos en nuestra Ley Orgánica están en plena vigencia. Mientras la ley impere, todas nuestras acciones están plenamente justificadas y salvaguardadas”.
El resto de la misiva, de forma íntegra, señala que: “Como es de conocimiento, el Ministerio Público se ha visto expuesto a un complejo escenario en la última semana, en la que uno de sus Fiscales Regionales ha sido denunciado por hechos administrativos y penales, las que -de acuerdo al ordenamiento jurídico que nos rige- deben y serán investigados con la mayor objetividad, celeridad y apego al debido proceso, con el fin de determinar la veracidad de tales imputaciones y si corresponden o no sanciones”.
“De más está decir que no es grato estar expuestos de esta manera ante la opinión pública y ante los demás organismos con los que trabajamos en el sistema de administración de justicia. Por ello creo imperioso que todos los funcionarios del Ministerio Público no pierdan de vista el contexto global de nuestro trabajo. Hay 19 Fiscalías Regionales cada una con sus sus equipos de trabajo, que están realizando su labor diaria de manera incansable, con alta vocación de servicio público y con total entrega”.
“Situaciones como la que enfrentamos hoy no constituyen ni la norma ni la regularidad de nuestra acción persecutora. En particular, y dado el impacto público que ha causado que un fiscal adjunto presentara una denuncia administrativa y penal contra el Fiscal Regional de O’Higgins, quiero en primer lugar llamar a los fiscales y funcionarios de esa zona a seguir trabajando con el mismo espíritu de servicio y compromiso que se les reconoce, y a conducirse con serenidad ante esta coyuntura que los involucra indirectamente. El mismo llamado hago a todos los fiscales y funcionarios del país”.
“En el ejercicio de nuestras tareas siempre es posible que se generen diferencias de apreciación acerca de las medidas que adoptan los equipos y sus integrantes, y eso no debe preocupar a nadie. Para eso existen las leyes y los mecanismos de control y fiscalización, a los cuales está rigurosamente sometida nuestra institución. Son esos mecanismos los que van a dirimir en el fondo y la forma esta controversia”.
“Les insto a recordar esto y a no perder de vista que somos una institución que sigue trabajando de manera activa a ininterrumpida, por el logro de una justicia más cerca para víctimas y testigos, objetiva y desprejuiciada con los imputados y profundamente colaborativa con todos los organismos coadyuvantes del sistema judicial”.
Los fiscales habían comenzado a llegar hasta el consejo extraordinario, en el edificio de la Fiscalía Nacional -en calle Catedral- a eso de las 14.30 horas, incluyendo al propio Arias, quien arribó por la parte posterior del edificio y en un auto de vidrios polarizados.
Según trascendió, los persecutores debieron dejar fuera de la reunión sus teléfonos celulares, y se les expusieron los antecedentes de la denuncia por medio de una presentación.
Arias mantiene sus indagatorias
La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera explicó que Arias mantiene a su cargo las causas que llevaba adelante antes de la acusación de Moya en su contra.
“Arias no está suspendido de su cargo. No se le ha quitado ninguna investigación al fiscal Arias”, indicó.
Confirmó que en la arista penal el fiscal Campos indagará las denuncias por violación de secreto, obstrucción a la investigación y tráfico de influencias.
Explicó que para esta indagatoria no hay plazo establecido, mientras que para la arista administrativa, liderada por el persecutor regional Alberto Ayala, el periodo es de cinco días hábiles, los que se pueden ir prorrogando.
Finalmente, Herrera aseguró que “no podríamos decir que hay una crisis, pero tampoco podemos desconocer que hay una situación que es grave, compleja, nos afecta y más que lamentable para la institución”.
La Tercera/Agencias
