La mesa “Todos al Aula” convocada por el Presidente de la República representa un esfuerzo interesante para marcar agenda y definir las prioridades del Ministerio de Educación. Va en la dirección correcta. Ésta intenta materializar la idea de enfocarse en “la sala de clases” y potenciar la calidad, ambos mensajes que el ministro enunciaba, pero no respaldaba con hechos. En ese sentido esto es un avance. La relación inversa entre burocracia y calidad es fácil de conceptualizar: cada minuto de un director de escuela invertido en su liderazgo pedagógico en lugar del papeleo equivale a una inversión neta en calidad, y no le cuesta un peso más al país.
Pero hay que mirar el desarrollo de esta mesa con cuidado, para que llegue a los mejores resultados posibles y no se quede sólo en el impacto mediático. De hecho, el despliegue comunicacional parece exagerado para lo que se terminó por anunciar. Sin duda aliviar a los establecimientos de una carga de trabajo innecesaria y absurda es importante, pero no es para convocar ex ministros en el Palacio de La Moneda. Se debe entonces ser claro en que la agenda de calidad del gobierno va mucho más allá de la desburocratización. En el ámbito de la educación superior, el Presidente fue lúcido cuando anunció el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario: el nuevo crédito es sólo el primer paso y no agota el compromiso del gobierno en educación. En educación escolar se debe reforzar lo mismo.
El exceso comunicacional puede ser una debilidad, porque la verdad es que es sabido que gran parte de la tarea deberá ser afrontada por la Superintendencia de Educación, que lleva meses abocándose a esta labor sin transmitirlo por streaming. En esta institución reside, en gran parte, el trabajo de limpieza administrativa. Y es perfectamente posible que lo desarrolle con más tranquilidad y eficiencia si se quitan las cámaras -y en particular los locuaces gurúes educativos- de encima. La mediatización de un problema tan profundamente técnico como central puede terminar jugando en contra.
Lo segundo que preocupa es la renuncia a hacer cambios legales significativos, según lo dejó entender la ex ministra a cargo. Si se conceptualiza la “burocratización” solamente usando anécdotas inconexas sobre boletas y algunas quejas de sostenedores, es que no se está entendiendo la magnitud del problema. La modernización del Estado -porque de eso se trata- no es equivalente a buscar cambios con la buena voluntad de los funcionarios: se requiere limitar su grado de intrusión y su discrecionalidad, siendo activo en reforzar la autonomía de las escuelas, los directores y sostenedores para tomar decisiones educativas y administrativas. Esto requiere podar de lleno la normativa legal.
Además, si se convocan actores de reconocida capacidad técnica y de distintos sectores políticos, es razonable que la mesa no se cierre a llevar sus conclusiones al Congreso. No hay que tener miedo en politizar esta mesa para que termine dando respaldo a cambios legales. Mal que mal, gran parte de la maraña administrativa que los colegios hoy sufren es responsabilidad del exceso de celo en la implementación de la superintendencia del primer gobierno del Presidente Piñera y la desconfianza esquizofrénica en lo privado del segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Ambas partes -mea culpa mediante- debieran acordar modificaciones legales, no sólo papeles internos. No debieran descartarse, por ejemplo, modificaciones que unifiquen la rendición de cuentas de la subvención escolar regular y preferencial, o simplificaciones en las restricciones desproporcionadas de la Ley de Inclusión. Esto implicaría, además, otro triunfo significativo para el gobierno: puede convertir esta mesa en uno de sus “grandes acuerdos” y aplicarlo en educación, algo que bajo toda la lógica política parecía imposible. Si se logra eso, bien valdría una ceremonia en el Patio de los Naranjos. (El Líbero)
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
