La noticia fue impactante. Una reciente encuesta del Banco Central dio como resultado que el 70 por ciento de las empresas no tiene planificado invertir el próximo año. Al mismo tiempo, se dieron a conocer estimaciones de las salidas de capitales, que en 2020 y 2021 podrían multiplicar por seis aquellas de 2018 y 2019. Si bien las causas de estos fenómenos son múltiples, están relacionadas con las consecuencias del estallido social, del proceso constituyente y de la incertidumbre generada por las elecciones presidencial y parlamentarias.
La economía se ha recuperado de los efectos de la pandemia y en la actualidad los niveles de actividad superan aquellos previos a ella. Sin embargo, los pronósticos oficiales para 2022 y 2023 no son alentadores.
Como es sabido y en la práctica, el crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza y para el desarrollo social.
Me atrevo a aseverar que —en presencia de un previsiblemente razonable manejo macroeconómico—, en el mediano plazo, nuestro crecimiento será principalmente función de la evolución de la demanda por inversiones y esta estará determinada por, uno, la capacidad de ahorro del Estado, y dos y principalmente, por la certeza y calidad institucional.
Existe en el país una enorme inseguridad institucional, reflejada en los datos del primer párrafo de esta carta. Por supuesto que el camino al desarrollo en democracia implica cambios institucionales, pero estos no deben ser nostálgicos y se pueden hacer sin generar mayor incertidumbre y en paz. Así sucedió en Chile por décadas y, en ese sentido, comparto la esperanza de nuestro ministro de Hacienda de que como consecuencia del juego democrático de este período emerja —más temprano que tarde— un conjunto de reglas claras que incentiven la inversión. (El Mercurio Cartas)
Rolf Lüders
