Agradecemos la réplica de Francisco Covarrubias a nuestra carta, en la que vuelve a defender la legalización de la eutanasia. Su argumento central pareciera ser el siguiente: ¿por qué la ley debería impedirnos que decidamos sobre el fin de nuestras vidas?
Aunque el razonamiento tiene su fuerza, también tiene sus dificultades. Por un lado, la eutanasia necesariamente afecta a terceros, y la tradición liberal debiera ser muy cauta en estos casos. Por otro lado, la mera aprobación legal de la eutanasia influye de modo decisivo en las condiciones del consentimiento que podrían adoptar ancianos o enfermos terminales (las decisiones individuales nunca son estrictamente individuales). Y aquí aparece el principal problema: incluso el ejercicio de la autonomía tiene sus condiciones, y una de ellas es el respeto irrestricto a la vida humana inocente.
Se cernería sobre la autonomía individual —que el mismo Covarrubias tanto valora— una amenaza formidable si admitimos excepciones a ese principio. Dicho de otro modo, la mera apelación a la autonomía individual es vana si no va acompañada de una reflexión sobre sus límites y sus condiciones de posibilidad, reflexión que suele brillar por su ausencia en las defensas de la eutanasia. En ese contexto, la crítica a la coerción estatal tampoco tiene mucho sentido, pues ignora el tipo de bienes que se busca proteger —y que es, según el caso, lo que justifica o no tal intervención—. De hecho, la prohibición del homicidio es muy anterior a la creación del Estado.
Por último, el progresismo de Covarrubias (“terminará primando la razón”) supone un conocimiento del futuro que nosotros, lamentablemente, no poseemos. Nos resulta imposible, por tanto, entrar en esa discusión. (El Mercurio)
Claudio Alvarado, Daniel Mansuy
