Últimamente nos sentimos como los espectadores de una película en la que, inesperadamente, quienes oficiaban de inocentes, se revelan como los bandidos.
Mientras la izquierda, en su primer gobierno en Chile desde 1973, se levantaba como la heroína del igualitarismo –para salvar a los chilenos de los “poderosos de siempre” y de una clase media, nueva, cargante y arribista–, ahora miraba para el lado cuando un grupo de funcionarios de Gendarmería (y vaya a usted a saber de qué otra repartición) se cocinaba jubilaciones por entre cuatro y cinco millones de pesos, entre ellos, la ex señora de uno de los máximos líderes del Partido Socialista (y, ciertamente, un severo acusador de la derecha).
Y, justo cuando esa misma izquierda se instalaba como la única jueza legítima de la moral, condenaba a la muerte política a la UDI, por recibir contribuciones irregulares de campaña y la acusaba de vasalla de los intereses empresariales, nos enterábamos que el director de una de las principales empresas privadas de energía del país, se había encargado de recaudar recursos para financiar (vía boletas de honorarios, of course) al círculo más cercano a la Presidenta Bachelet (Peñailillo y compañía), entre 2012 y 2013 (“requerían estabilidad financiera y personal para dedicar tiempo a preparar información, para una nueva opción de gobierno”, fue la versión que dio Martelli a los fiscales hace un año).
Se nos informaba, al mismo tiempo, que el hijo pródigo del fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, había recorrido el país durante su campaña presidencial en el jet de una multinacional brasilera (cuyo presidente entonces, está hoy condenado a 18 años de cárcel, por el caso Petrobras), transgrediendo la norma que prohíbe las donaciones de empresas extranjeras a campaña políticas. Descubríamos, también, que el segundo Ministro Segpres de este primer gobierno de la Nueva Mayoría, asesoraba mineras privadas mientras presidía la comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
Y hace poco más de un mes, la Presidenta Bachelet se querelló contra periodistas de la revista Qué Pasa por publicar parte de una escucha telefónica encargada por la Fiscalía en el caso Caval, condenando luego a los medios que actúan irresponsablemente, recogiendo información proveniente de filtraciones. Pero durante casi dos años, la misma Presidenta Bachelet no había dicho ni una sola palabra para condenar la publicación de información proveniente de filtraciones, que afectaban a sus adversarios políticos.
Si para usted, las faltas y delitos están definidas por criterios objetivos, para la izquierda todo depende del motivo que los inspire y de quien esté detrás de ellos. Por eso persigue el eventual lucro en las universidades de la cota mil y en aquellas que levantan porfiadamente las banderas de la autonomía, pero lo acepta sin objeción en la ARCIS, controlada durante más de una década por el PC.
Por eso, aún sin pruebas, presume cohecho cuando un senador de Chile Vamos recibe dinero de una empresa, para financiar su función política o una causa social, pero le parece bien que un aspirante a diputado DC reciba un sueldo mensual durante todo un año de una pesquera (“no hay dudas de su actuación parlamentaria”, dijo Carolina Goic).
Y por eso, no sorprende el apoyo, casi en la frontera de lo sentimental, del PS al diputado Andrade y de la Nueva Mayoría a la ministra Blanco (la peor evaluada del gabinete, a cargo de la cartera con severos conflictos y que ha enfrentado la renuncia de tres directores de servicio, en menos de un año), cuando, al mismo tiempo, condenan en público por muchísimo menos a los hermanos Walker y le aserruchan el piso al ministro Valdés (por neoliberal, ya lo sabemos), a estas alturas el único integrante del Gobierno de la Presidenta Bachelet con los pies bien puestos en la tierra.
Para la izquierda es así, como en las películas: todo depende del momento y del lado que mire.
Isabel Plá
