Al incumplimiento de la meta fiscal — duramente criticado por la oposición, que exige un recorte presupuestario significativo — se suman nuevos antecedentes que podrían complicar al Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel.
The Clinic reveló que el 2023 el Ministerio de Hacienda requirió traspasos extraordinarios desde Corfo por más de $3,4 billones.
Según explicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) los recursos provinieron de los excedentes generados por la explotación del litio. Sin embargo, en noviembre el gobierno pidió una nueva transferencia por US$1.500 millones, que se consiguieron con la venta de activos financieros de Corfo.
Según constató el medio, en las actas de la corporación consta que el ministro Mario Marcel argumentó que los recursos eran necesarios porque estaba «copado el nivel de endeudamiento» de ese año.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar ese traspaso argumentando que su deber era resguardar el patrimonio de la corporación.
En ese contexto, la bancada de diputados del Partido Republicano anunció que presentarán una comisión investigadora para indagar esta situación.
Los legisladores Agustín Romero, Sofía Cid y Luis Fernando Sánchez, calificaron la información como «un escándalo gigantesco que está comprometiendo el futuro de los chilenos para siempre» y que acusaron que Marcel «es un peligro para las finanzas públicas y el patrimonio del Estado».
El jefe de la bancada, Luis Fernando Sánchez, sostuvo que «en los próximos días, vamos a subir una solicitud para crear una Comisión Investigadora destinada a indagar el mal manejo de las finanzas públicas del país, no sólo para evitar que se siga deteriorando el patrimonio público, sino que sobre todo, para evitar que este último año se lleven toda la plata para la casa».
Advirtió que la comisión investigadora «será el primer paso, luego vendrán interpelaciones y si es necesario, también estudiaremos una acusación constitucional para defender los recursos de todos los chilenos. Esto es un escándalo gigantesco que está comprometiendo el futuro de los chilenos para siempre».
COMISIÓN INVESTIGADORA UDI
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma y el diputado que integra la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, anunciaron que solicitarán la creación de una nueva comisión investigadora en la Cámara para indagar los reiterados errores en que ha incurrido la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante el último tiempo, entre ellos el incumplimiento de la meta fiscal que el Gobierno comprometió para el 2024.
Los parlamentarios gremialistas no sólo calificaron como «imprescindible» crear una instancia que permita abordar los errores de cálculos cometidos por la Dipres durante el año pasado, sino que también otras polémicas en que se ha visto envuelto el Ministerio de Hacienda, como por ejemplo el retiro de US$ 1.000 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Esto sumado a la baja recaudación — de acuerdo a lo proyectado — por la repatriación de capitales, donde ingresaron sólo $39 de los $591 mil millones que calcularon; la rebaja presupuestaria que se le aplicó a los Gobiernos Regionales (Gores) a fines de 2024, entre otras situaciones ocurridas en los últimos años.
MINISTERIO DE HACIENDA
El ministerio de Hacienda se refirió esta mañana a los polémicos traspasos que solicitó a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en 2023 por alrededor de US$3.500 millones y que implicaron que esta tuviera que vender activos financieros.
Según reveló The Clinic, la secretaría que lidera Mario Marcel solicitó dos traspasos de recursos ese año. El primer se realizó en febrero, por una cifra cercana a los US$2.000 millones, en cinco cuotas, pero pidió adelantar el pago de una en octubre.
Parlamentarios consideran «grave» incumplimiento de la meta fiscal y citarán a Marcel a explicar al Congreso 297 Las cosas se complicaron en noviembre, con una segunda solicitud por US$1.500 millones.
Esta vez, según consta en las actas, desde Corfo advirtieron que «los recursos solicitados ya integran el patrimonio de la Corporación y se encuentran invertidos, por lo que con su liquidación inmediata habría pérdida de capital». Mismo argumento que esgrimió el vicepresidenta ejecutivo de la entidad, José Miguel Benavente, para abstenerse de dicha votación.
Al respecto, Hacienda, en una declaración pública, indicó sobre la que los reintegros «no constituyen una acción por fuera del marco legal, tal como se indica en el artículo 29 bis del Decreto Ley y Nº 1.263 orgánico de la administración financiera del Estado, que indica que el Ministerio de Hacienda podrá ordenar ‘el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que no tengan aporte fiscal'».
Asimismo, desde la cartera señalaron que los traspasos «no solo no son ‘desconocidos’: la información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web de la Dipres, al revisar la ejecución presupuestaria de Corfo al final de cada año».
«En la sesión del 29 de noviembre de 2023, la directora de Presupuestos realizó una presentación en la que explicó que la decisión de solicitar a Corfo que integrara recursos al Tesoro Público se fundamenta en el Balance Estructural, exposición a la que también se hace referencia en el acta de la sesión de Corfo a la que tuvo acceso el medio», sostuvo también la cartera.
«Cabe precisar -añadió- que entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $3,4 billones de ese total, es decir $2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En síntesis, a Corfo se le solicitó reintegrar menos dinero del ‘extra’ que ingresó por los mayores ingresos del litio».
«La solicitud de integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio se sustenta en las atribuciones generales del ministerio, además que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas», sostuvo también. (Emol)
