En la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se discutió durante esta mañana el recurso de protección presentado por el exsacerdote Cristián Precht en contra del Arzobispado de Santiago, al considerar la ausencia de un debido proceso durante la investigación canónica en su contra por posibles abusos sexuales, cuyo resultado impulsó al Vaticano a expulsarlo del sacerdocio.
Las acusaciones hacia Precht fueron por eventuales abusos contra menores al interior de la Congregación de los Hermanos Maristas. Las denuncias fueron recibidas por el enviado especial del Vaticano, obispo Charles Scicluna, durante su estancia indagatoria en Chile y plasmadas en el informe que este presentó al Papa Francisco. A partir de ello, en marzo recién pasado el arzobispado decidió iniciar una investigación previa en su contra, a cargo del sacerdote David Albornoz, quien impulsó la sentencia canónica en contra del exvicario de la Solidaridad y, como consecuencia, su expulsión de la Iglesia.
Durante la audiencia de hoy, Luciano Foullioux, abogado de Precht, manifestó su rechazo a la medida, al considerar que esta no tuvo un debido proceso al ser un acto “arbitrario e ilegal” que vulneró sus garantías constitucionales. En este sentido, aseguró que la justicia chilena es la judicatura encargada de resolver las denuncias, al tratarse de un ciudadano de este país.
“Estamos haciendo una discusión pública, quien antes de ser sacerdote es chileno y está bajo la protección interna de este Estado. Esa condición tiene primacía por sobre otro”, indicó Foullioux.
Entre los argumentos utilizados para desestimar el proceso canónico y sus resultados, la defensa aseguró que exvicario de la solidaridad no fue parte de los maristas -presentó un documento de la Congregación intentando acreditar este punto-, y aseguró que solo asistía a esta entidad para celebrar misas de confirmación, sin siquiera preparar a las personas para este sacramento. Además, se indicó que los propios maristas habían desestimado los relatos de los denunciados.
“Más parece más una vendetta vaticana que un hecho de una causa jurídica”, señaló Foullioux, quien agregó que la expulsión sucedió seis días después que la Corte Suprema acogiera un recurso contra el arzobispado por “las medidas ilegales contra Precht”.
“Hay una felonía fuerte en contra de un miembro histórico a quien se le ha negado el derecho a la defensa, después de todos los años en que él pasó defendiendo a otros chilenos”, añadió.
El abogado indicó que la Iglesia no permitió a Precht defenderse, al no tener acceso al informe Scicluna, e incluso aseguró que el denunciado tuvo conocimiento del inicio de la investigación a través de los medios de comunicación, mientras permanecía en Roma por motivos médicos. Además, se cuestionó que se aplicaran medidas cautelares contra el exsacerdote sin permitirse una serie de diligencias solicitadas por el defensor canónico de Precht, Raúl Hasbún.
“¿Habrá algún fiscal en Chile que impone cautelares antes de formalizar una causa?”, preguntó el abogado a los ministros del tribunal de alzada.
Foullioux cuestionó también la imparcialidad de Albornoz como investigador, al indicar que el sacerdote encomendado para esta tarea por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, no presentaba imparcialidad al haber emitido con anterioridad opiniones en contra del expulsado prelado, ante lo que se solicitó que los antecedentes sean remitidos por la Santa Sede para instruir una nueva investigación a cargo de un sacerdote distinto.
Según indicó la defensa en la audiencia, la Iglesia vulneró el derecho a la integridad síquica de Precht, dada la connotación mediática, la liviandad con que se trató el tema y la condena pública y anticipada que la institución realizó. Ante ello, se aseguró que el exsacerdote padece “inestabilidad síquica” y se encuentra bajo tratamiento médico.
El abogado del arzobispado, Rodrigo Aros, manifestó su “extrañeza” por el desconocimiento que dedujo la defensa de Precht, al enfatizar que Hasbún “tuvo conocimiento de todos los procesos” de la investigación previa.
Además, indicó que el hecho que la Iglesia investigue no significa que no se reconozca el actuar de la justicia común, aunque señaló la justicia canónica es “una facultad pastoral previa a la creación de Chile como Estado”. En este sentido, señaló que no se pueden desconocer las potestades jurisdiccionales de la Iglesia Católica, aunque advirtió que la sanción del tribunal canónico no significa que se declare la causa como cosa juzgada para la justicia penal chilena.
“La Iglesia goza de personalidad jurídica y esa se le reconoce por el mismo ordenamiento jurídico chileno. Cuando el padre Precht invoca su norma, él está yendo en contra del ejercicio del orden jurídico que él ha acatado durante toda su vida religiosa”, señaló Aros.
Ahora queda esperar la respuesta de los ministros de la Corte de Apelaciones, quienes no cuentan con un plazo máximo para resolver este recurso. Eso sí, el fallo es esperado con expectación entre los expertos, pues es una duda si los jueces cuestionarán o no las determinaciones tomadas por el Vaticano. (La Tercera)
