Declaraciones de Impacto Ambiental: ¿Crónica de una muerte anunciada?- J. Adolfo Moreno

Declaraciones de Impacto Ambiental: ¿Crónica de una muerte anunciada?- J. Adolfo Moreno

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La Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente planteó desde sus inicios la existencia de dos vías de evaluación distintas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); por un lado las declaraciones de impacto ambiental y, por otro, los estudios de impacto ambiental. En el mensaje que contenía el proyecto de ley, el expresidente Aylwin entrega una primera aproximación a la principal diferencia entre ambas vías: “la declaración de impacto ambiental, respecto de aquellos proyectos cuyo impacto ambiental no es de gran relevancia; y los estudios de impacto ambiental, respecto de los proyectos con impactos ambientales de mayor magnitud”.

Así, se ha entendido que proyectos que no provocan un impacto significativo en términos ambientales, y que generalmente están asociados a sectores altamente regulados en forma sectorial, tengan un procedimiento de evaluación más ágil, dando cuenta básicamente de la forma en que cumplirían la normativa ambiental aplicable diseminada en los distintos cuerpos normativos. En razón de ello se consideraron plazos legales correspondientes a la mitad del plazo de evaluación de un estudio de impacto ambiental, y no se incorporó instancia de participación ciudadana alguna, entre otras diferencias procedimentales.

Con el tiempo, en gran medida debido a malas prácticas y estrategias para burlar la participación ciudadana y ahorrar en levantamiento de información, muchos proyectos que podían generar impactos relevantes se presentaban y aprobaban en el SEIA bajo el esquema de una declaración de impacto ambiental, llevando al límite el sistema y desvirtuándose así también el espíritu de la ley.

La reforma a la Ley 19.300 materializada en 2010 con la Ley 20.417 buscó entre otras cosas reencauzar las dos vías de ingreso. Al mismo tiempo —y adecuándose a los tiempos— se decidió brindar un espacio de participación ciudadana en ciertos proyectos que no obstante tramitarse como una declaración de impacto ambiental pudieran generar “cargas ambientales”. Se trató entonces de reconocer que ciertas actividades que aunque muy reguladas normativamente, por su sola instalación pueden causar molestias y trastornos a las comunidades más próximas, las cuales por lo mismo debían ser oídas en la tramitación. Así, la ley establece en su artículo 30 bis que las “cargas ambientales” las provocarán aquellos proyectos que generen beneficios sociales y que ocasionen externalidades negativas en las comunidades más próximas.

A fin de acotar el concepto, el Reglamento del SEIA se preocupó de precisar que el “beneficio social” está ligado a proyectos o actividades cuyo objetivo sea satisfacer necesidades básicas de la comunidad (artículo 94 D.S. 40/2012), tales como proyectos de saneamiento, energía, agua potable, etcétera.

Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema, conociendo de un recurso de protección, sentenció por unanimidad y por segunda vez (anteriormente sucedió en el caso de Mina Isla Riesco) que el concepto de “beneficio social” contenido en el artículo 94 del Reglamento del SEIA debía concebirse en forma amplia, entendiéndose que en mayor o menor medida un proyecto (en ese caso minero) siempre genera un beneficio o utilidad social. En definitiva, la Corte, basada en doctrina anterior a la dictación del Reglamento citado, prescinde del criterio reglamentario que atiende a necesidades básicas, y del hecho que la propia ley establece que la decisión de abrir la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental es facultativa para la autoridad, ordenando en dicho caso su apertura.

Guste o no, lo anterior, sumado al creciente nivel de exigencia de información técnica y científica que se requiere en las declaraciones de impacto ambiental para descartar impactos significativos propios de los estudios de impacto ambiental, implica en términos prácticos que las razones para distinguir las dos vías de evaluación ambiental se han ido diluyendo. A estas alturas no existen grandes diferencias desde la perspectiva de los proponentes entre tramitar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental en el marco del SEIA. No existen incentivos reales para optar por ellas, ni garantías efectivas de que una vez hecho se obtendrá una autorización administrativa dotada de firmeza. Las distinciones para estos instrumentos, incluso en términos de plazo —y salvo quizás en el caso de megaproyectos—, se han vuelto teóricas.

Urge que el Ejecutivo y el regulador establezcan mecanismos de evaluación ambiental más claros para todos los administrados; ciudadanos y titulares. Una buena idea sería darles vida a las declaraciones de impacto ambiental con certificación de conformidad que reconoce la ley. En definitiva, no se trata de socavar el derecho a la participación; se trata de establecer reglas claras y sensatas protegiendo también la confianza en las instituciones administrativas y que se mantenga la iniciativa en materia de proyectos de inversión. (El Mercurio)

J. Adolfo Moreno

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