El plebiscito constitucional de “entrada” se nos acerca a paso veloz, en medio de la incertidumbre que genera la crisis sanitaria y económica. Con justa razón hay quienes plantean postergarlo y optimizar el calendario electoral que se nos viene en 2020-2021, fusionando algunos eventos eleccionarios y eficientando el gasto público que derrocharemos en el momento menos indicado. En estas condiciones, el fantasma de la abstención se asoma con inusual intensidad, poniendo una nota de alerta sobre la legitimidad del proceso.
No hace falta recordar que me encuentro entre los miles de chilenos que soñábamos con que los parlamentarios tendrían la voluntad y generosidad de cancelar el plebiscito, de celebrar un acuerdo constitucional para modificar la actual Constitución y de redestinar sus millonarios recursos a planes sociales y recuperación de empleos. Pero nuestros políticos privilegiaron sus intereses. Sabemos que soñar es gratis.
Frente a las limitadas y polarizantes opciones que los suscriptores del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, estimaron que eran las que los chilenos queríamos, dejando huérfanos -de una tercera alternativa- a quienes queríamos perfeccionamientos a la actual Constitución, me ha parecido oportuno compartir con ustedes un decálogo con las razones por las cuáles adhiero a la opción rechazo. Se trata de un decálogo que mantenía en barbecho desde el verano pasado, pero que luego de la aprobación del proyecto del retiro del 10% de los fondos previsionales, y sobre todo lo que rodeó su tramitación legislativa, me terminó de convencer que era el momento de retomarlo. Además, si hay decálogos para todo en esta vida, como no íbamos a tener uno para el Rechazo. Lo mínimo, digo yo. A mis amigos del Apruebo, les advierto que no sean copiones.
“Estamos definidos por lo que elegimos rechazar. Y si no rechazamos nada, esencialmente no tenemos ninguna identidad” (Mark Mason). Es muy cierta esta frase. Quienes elijan rechazar en el próximo plebiscito, estarán más que optando entre dos alternativas respecto de la continuidad o no de un texto constitucional. Lo que está en juego en este referéndum es el tipo de sociedad que queremos: entre una basada en libertades individuales, donde el poder político sea limitado, y otra basada en un Estado que dirige la vida de sus ciudadanos, restringiendo o subordinando su libertad personal.
“La libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a traves de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo, o un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres“, advertía Ronald Reagan. No necesitamos un Estado más grande ni mayor intervencionismo; necesitamos un mejor Estado. Por tanto, quienes votemos Rechazo estaremos rechazando un aumento del tamaño del Estado y apoyando la libertad individual de los chilenos. Y esa es nuestra identidad. No otra. Y para ello necesitamos convicciones firmes y claras. No hay que dejarse engañar con las “cuchufletas” del Apruebo ni menos acomplejarse por apoyar la opción Rechazo, pues es tan válida y legítima como la otra.
Vamos a lo nuestro. El decálogo. Advierto, eso si, que no es limitativo ni exhaustivo.
1.- La actual Constitución está legitimada por su ejercicio. La Constitución de 1980 ha dado lugar al progreso institucional, económico y social más exitoso en la historia del país. Es, además, la más reformada: más de 100 reformas, incluyendo una de cirugía mayor en 2005 bajo el Gobierno del ex Pdte. Ricardo Lagos. Todas las reformas constitucionales, salvo la de 1989, fueron realizadas en plena democracia con el concurso de ambos poderes colegisladores. Se encuentra legitimada democráticamente. Por tanto, ya no es la Constitución de Pinochet o de Lagos sino que la Constitución de todos los chilenos.
2.- La Constitución de 1980 ha permitido enfrentar la actual crisis. El texto constitucional nunca ha sido un impedimento para realizar reformas sociales, de salud, pensiones y otras, porque dichas materias no están reguladas a nivel constitucional. Son materia de ley. Solo ha sido por falta de voluntad política. Ninguno de los problemas sociales y económicos del país se van a solucionar con una nueva Constitución. Tampoco la política. No es una solución mágica. La mejor evidencia es la cantidad de instrumentos y de recursos públicos que el Estado ha destinado a enfrentar la crisis sanitaria y económica. ¿O acaso creen Uds. que un Estado más grande iba a solucionar de manera más rápida los problemas de los chilenos? Es cosa de ver cuál ha sido el nivel de respuesta -rápida y ágil- de las AFP para entregar el 10% frente a la lentitud estatal para salir en ayuda de los necesitados.
3.- Necesitamos mantener un régimen presidencial. La Constitución de 1980 contiene un régimen de gobierno presidencial, que no es invento original de esta Constitución. El régimen presidencial, que necesita perfeccionamientos, se remonta a los inicios nuestra historia republicana y constitucional y se ajusta a nuestra tradición e idiosincrasia cultural. Algunos sectores políticos quieren cambiar el régimen de gobierno por uno semipresidencial o parlamentario, donde los parlamentarios tengan más poder y puedan seguir bloqueando al Poder Ejecutivo. ¿Queremos darles más poder a los políticos? No olvidemos que ellos han sido parte del problema y no de la solución.
4.- Defensa del derecho de propiedad. Algunos sectores políticos sugieren meterle mano al derecho de propiedad. Quieren debilitarlo y reducirlo a una mínima expresión. Sin una adecuada protección del derecho de propiedad ningún otro derecho es posible. ¿Quiere Ud. que los políticos le metan mano, por ejemplo, a sus ahorros? Los mismos políticos promueven la eliminación del Estado subsidiario para facilitar la creación de empresas estatales y con ello privilegiar la contratación de sus amigotes y operadores políticos. ¿Queremos que nuestras empresas públicas sigan siendo cajas pagadoras de favores políticos?
5.- El proceso constitucional abre un camino de incertidumbre e inestabilidad. Este proceso tiene un cronograma que implicará poner al país en una camino de inestabilidad e incertezas que durará al menos 2 años. Ningún sector político está en condiciones de garantizar que el proceso será sensato y exitoso. Los sectores más radicales e intolerantes de la oposición quieren partir el proceso Constitucional desde una “hoja en blanco”, desconociendo todo lo avanzado en los últimos 40 años y pretendiendo un cambio refundacional.
6.- El proceso constituyente mantiene el monopolio de los partidos políticos. La mayoría de la clase política optó por privilegiar a los partidos políticos en la elección de los miembros de la convención constitucional. La elección de los constituyentes se regirá por la ley electoral vigente donde los independientes no tendrán cabida. Las listas de candidatos serán confeccionadas por los partidos políticos, quienes manejarán la convención a su antojo. ¿Eso es lo que queremos? Adapto una cita de Otto Von Bismark: “Con malas leyes y buenos políticos todavía es posible gobernar. Pero con los malos políticos, incluso las mejores leyes no pueden ayudar”. Aún así, apoyaré una convención constitucional cien por ciento electa. Al actual Congreso, lo tengo castigado.
7.- El alto quórum para aprobar reformas constitucionales ya no es excusa. El proceso de deliberación y aprobación de una nueva Constitución requerirá de alto quórum: 2/3. Pero omiten explicar -deliberadamente- que el mismo poder de veto de las minorías existe en la Constitución vigente. ¿Para qué tomar 2 años para reformar la Constitución si se puede hacer en menos tiempo bajo sus propias normas y procedimientos? El quórum ya no es excusa. Me adhiero a quienes proponen suspender el plebiscito de entrada y elegir directamente a los delegados o al nuevo Congreso con facultades constituyentes especiales. ¿O aquello afectará el ego o soberbia intelectual de quienes impusieron el proceso constituyente?
8.- El populismo y las demagogia campean en la política chilena. El abandono de las convicciones y la llegada de la demagogia a la política chilena son una amenaza al éxito del trabajo de los constituyentes. Aristóteles decía que “la turbulencia de los demagogos derriba a los gobiernos democráticos” y que “en las democracias, las revoluciones son casi siempre obra de los demagogos”. Esto es precisamente lo que sucede a partir del 18 de octubre pasado, cuando la izquierda más radical convocó a derrocar a un gobierno democráticamente electo.
9.- El temor a las trampas jurídicas se hizo realidad. El uso de resquicios jurídicos, a través de la interpretación antojadiza y caprichosa de las reglas constitucionales, se instaló en el país. Algunos políticos y académicos siguen tratando de torcer el espíritu y letra de los acuerdos del 15 de noviembre -y de su consiguiente reforma constitucional-, siendo la antojadiza y caprichosa interpretación del real sentido del quórum de 2/3 para aprobar la nueva Constitución, un aspecto crítico que deja en evidencia la mala fe con que algunos pretenden participar en este proceso.
10.- La instalación de las funas, amenazas y violencia. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, suscrito por presión y no convicción, no ha sido cumplido íntegramente por todas las fuerzas políticas del país. Hay sectores de la oposición que han tolerado o fomentado las funas, amenazas y violencia como método válido de acción política, en desmedro del diálogo y de los acuerdos. El resto de la oposición, salvo honrosas excepciones, ha preferido callar.
Nada de ello asegura un proceso constituyente serio y responsable, donde prime el interés general por sobre el particular. Cualquier proceso de reforma constitucional o de nueva constitución debe partir del texto actual de la Constitución como texto basal. No debe partir de una “hoja en blanco”. ¿Cuáles son los contenidos que propone el Apruebo? Encantando de conocerlos, pero nadie nos dice en qué consisten. Discutamos, pero ¿sobre qué contenidos? (El Líbero)
Francisco Orrego
