La Presidenta de la República reaccionó a los cuestionamientos por la demora en la designación del Ministro Secretario General de la Presidencia: “si yo nombro rápido, hablan de improvisación, si me demoro dicen que me demoro. Saben qué más, terminemos con la lesera”.
¿Es legítima y razonable la ofuscación que trasuntan las palabras de Bachelet? La respuesta es no, por varias razones.
Primero, porque si bien nadie discute que se trata de su atribución exclusiva, la forma, manera y tiempos para adoptar esta decisión producen significativas consecuencias, tanto para el funcionamiento del gobierno como para la marcha del país. Desde esa perspectiva, la opinión pública puede y debe inquirir sobre las decisiones de sus máximos gobernantes, quienes están obligados a dar cuenta de sus acciones y omisiones más allá de cuán cómodos se sientan frente a este escrutinio.
Segundo, porque Michelle Bachelet no exhibe precisamente un buen desempeño en lo que a reclutamiento del personal ser refiere. Su primer gabinete, al que escogió con la más amplia libertad y ausencia de todo tipo de presiones, debutó con dos subsecretarias que debieron resignar sin haber asumido el cargo. Sobre el resto del elenco, y salvo honrosas excepciones, se le alertó que se trababa de personas sin gran experiencia política, lo que la dejaba particularmente expuesta a las continuas y predecibles trifulcas que se darían en el futuro; como de hecho ocurrió. También se puso sobre el tapete que no resultaba conveniente nombrar a tres personas muy cercanas a su figura en los más altos cargos del gobierno, por cuanto si el diseño fracasaba no sólo se demoraría más de lo aconsejable en producir el cambio, sino que el costo político y personal sería alto; y así fue. Me imagino que también alguien le sugirió la inconveniencia de nombrar a su hijo como funcionario del Palacio de la Moneda; decisión que trajo gravísimas consecuencias. Como si fuera poco, el último cambio de gabinete, amén del sui generis procedimiento televisivo que lo precedió, no produjo los resultados esperados; entre otras cosas, por la abrupta salida de un ministro que no alcanzó a durar un mes en el cargo.
Tercero, porque no hay que ser particularmente perspicaz para notar que el país atraviesa por una severa crisis política, la que sumada a una inestabilidad económica y a la incertidumbre que se ha instalado en la dinámica pública y privada, hacen más urgente que nunca la necesidad de transmitir señales de confianza y liderazgo. En efecto, el vacío de poder que se ha generado en estos meses es brutal y también palpable la incapacidad del gobierno para tomar control de la situación, conducir el debate y sortear el atolladero en el que estamos inmersos.
La demora en la designación del nuevo ministro, como también para el nombramiento de una decena de otros importantes cargos de Estado y gobierno que permanecen al día de hoy acéfalos, no es una lesera, sino una urgente decisión de la cual Bachelet debe hacerse responsable.
