El informe de la Misión Independiente creada por la ONU para investigar la situación de los Derechos Humanos en Venezuela confirma que el gobierno de Nicolás Maduro, su sistema judicial y sus agentes de seguridad han participado en la planificación, organización y ejecución de violaciones a los derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al tenor del informe, algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Este crítico documento ratifica lo que muchos gobiernos, partidos políticos y comunidades democráticas vienen denunciando desde hace años al confirmar que el gobierno venezolano ha llevado a cabo, a través de sus organismos de inteligencia y seguridad, la violación sistemática de los derechos humanos como una política de Estado para reprimir a los opositores e imponer un poder totalitario al pueblo venezolano.
En consecuencia, de acuerdo con el Derecho Internacional, la comunidad mundial debe demandar la intervención de la Corte Penal Internacional para perseguir, investigar y sancionar los eventuales crímenes de lesa humanidad —que son imprescriptibles y no amnistiables— cometidos por el régimen de Maduro, para evitar que estas graves violaciones a los derechos y la dignidad de las personas puedan repetirse o queden impunes.
Finalmente, rechazamos categóricamente la declaración pública del Partido Comunista intentando justificar la dramática situación que vive el pueblo venezolano, atribuyéndola al manido argumento de la intervención foránea, pero que —al menos— deja en claro el doble estándar de ese partido frente a los derechos humanos. (El Mercurio Cartas)
Mariana Aylwin
