La violencia es un mal, una lacra y es incompatible con la democracia. Pero nuestra mayoría en la Convención Constitucional la justifica una y otra vez, lo que hace dudar sobre qué Constitución serán capaces de redactar cuando ese pecado de origen necesariamente recorrerá toda la espina dorsal del nuevo ordenamiento jurídico.
Institucionalmente, incluso, lo que es más grave, abrazan el día de la insurrección para dar inicio al trabajo de fondo de la nueva Constitución. “Vamos a hacer los esfuerzos para comenzar ese día”, comentó la presidenta de la instancia, Elisa Loncon.
No es casualidad que eligieran el 18 de octubre como fecha “simbólica”. Es un hito porque “da origen al proceso constituyente”, celebra el convencional comunista Marcos Barraza. La mayoría en la CC se funda y legitima en la violencia de ese día donde quemaron estaciones del Metro y supermercados, saquearon y depredaron todo a su paso, superaron a la policía y encendieron la mecha revolucionaria. Es que los hechos constitutivos de delito, como explicó Fernando Atria, “hicieron posible” el proceso constituyente.
Esa mayoría habría fijado otra posición si reconociera como símbolo el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, que es el que en realidad dio origen al proceso que hoy los tiene investidos de convencionales. Pero reniegan del acuerdo democrático “por la paz y una nueva Constitución” en la parte de la paz, tomando sólo la oportunidad de refundar Chile con un nuevo ordenamiento y sin renunciar a la violencia, que es todo lo contrario al diálogo y los acuerdos.
No reconocen terrorismo en la Araucanía y menos están dispuestos a hacer un gesto por la paz en esa convulsionada zona (“No tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas”, dijo Loncon, respecto a los protagonistas de la violencia en cuatro regiones del sur). Tampoco están dispuestos a conceder un minuto de silencio por sus víctimas baleadas o quemadas por esos grupos insurgentes que desafían al Estado, como se le solicitó a la mesa la semana pasada.
Su compromiso es con los que están en la postura insurreccional, que admiten las reglas de la democracia solo como instrumento para refundar este país. Por eso, reconociendo que estaban comprometidos con estas fuerzas, su primer acto oficial luego de asumir fue exigir el indulto de los presos por delitos cometidos el 18 octubre y meses posteriores, así como liberar a los recluidos de la zona del conflicto mapuche. Aprobaron la declaración con 105 votos, más de los dos tercios.
Solo les molesta la fuerza bruta cuando es usada contra ellos. Loncon tuiteó estar “consternada por el ataque de violencia” que sufrió la convencional Giovanna Grandón, que llegó a la CC luego de hacerse conocida en las protestas disfrazada de Pokemon. “Ella es una luchadora social y ha votado siempre a favor del pueblo”, continuó Loncon. Entonces, a los que votan con ella, en su percepción, no se les debe agredir. A los otros, sí, y también es lícito tildar a la minoría en la Convención de “privilegiados”, “atrincherados” o “irrelevantes”.
Violar la legalidad le es permitido a estos cultores de la violencia. Si la misma Loncón ha repetido que nacieron saltándose los torniquetes del Metro, y que “hemos debido saltarnos varios más”. No necesita ni decirlo, cuando vimos cómo suspendió una sesión del pleno para que el vicepresidente Bassa y otros convencionales corrieran a la comisaría a exigir la liberación de dos convencionales detenidos por desórdenes públicos, que protestaban frente a la Catedral para la liberación de los que ellos llaman “presos políticos”. “Tengo la autoridad para estar acá, soy el vicepresidente de la Convención Constitucional”, les dijo a los sorprendidos carabineros, acusando la “violencia policial” en el pleno.
Es que ellos no cometen desórdenes públicos, son “víctimas de la policía”. Desafían el orden institucional saltándose la Constitución y no reconociendo los quórum que esta les impuso para aprobar el reglamento y los nuevos textos. Quieren refundar Carabineros, pero no trepidan en recurrir a las mismas autoridades que no reconocen como legítimas para “impartir las instrucciones que correspondan a lo largo del territorio de Chile para coordinar la seguridad de los 155 convencionales constituyentes para un buen funcionamiento en terreno”. Exigen seguridad para ellos en la semana distrital que establecieron, pero cuando un convencional de derecha es agredido, callan.
Cuando se revela que Rojas Vade, de la Lista del Pueblo, protagonista de enfrentamientos con carabineros, hizo campaña para ser electo convencional montado sobre un monumental fraude que acusaba al sistema de ser inconmovible con su cáncer, la mesa reaccionó inicialmente como le brota. “Somos humanos, no somos dioses para no fallar”, señaló Loncon. Hasta pidió “respeto por la situación del convencional”, quien adujo tener una nueva enfermedad.
No se ha conocido de ninguna democracia que consagre la impunidad frente al uso de la violencia para obtener objetivos políticos. Es inviable. Por eso esta ambigüedad hace temer por lo que será el producto de la CC. Ante la opinión pública ya comienzan a caer los velos de independencia y justicia que parecían representar los convencionales y emerge la radicalidad de una izquierda no democrática. Bassa dice que no se puede hacer esa distinción respecto a una izquierda democrática, a menos que también se distinga “una derecha radical o fascista”.
La diferencia es que no hay nadie de derecha en esa Convención que legitime desmantelar el sistema institucional a través de la violencia o que crea lícito redactar una nueva Constitución infringiendo la vigente. Por eso es entendible que el pesimismo respecto del proceso constituyente escalara del 29% en mayo al 56% el 3 de octubre (La Tercera/Criteria). Y que aun antes que empiecen con el trabajo de fondo, solo un 39% crea que la nueva Constitución va a tener consecuencias positivas para Chile. (El Líbero)
Pilar Molina
