Incluso para quienes somos abogados, resultó difícil comprender las diferentes posibilidades contenidas en el itinerario constitucional que la Presidenta Bachelet nos notificó por cadena nacional. Se trataba de un anuncio tan esperado como disputado, donde las diferencias no sólo cruzaban a los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, sino que también se habían instalado en el propio seno de La Moneda. A las dificultades ideológicas se sumaron también las condiciones de posibilidad que generaba un nuevo escenario, donde la sola mención a cambios estructurales es vista como una profundización de la incertidumbre, más todavía si los principales promotores ostentan bajísimos niveles de aprobación ciudadana. Los más temerarios, incluso, insinuaban severos problemas de legitimidad, lo que ciertamente aconsejaba revisar los planteamientos que originalmente se habían efectuado durante la campaña.
Es por estas razones, y quizás por otras que no sospechamos, que la decisión fue proponer una fórmula tan vasta como ambigua, la que aparentemente recoge desde las aprensiones de los sectores más conservadores, en la fórmula de una comisión bicameral compuesta sólo por miembros del Congreso, hasta los anhelos más participativos de una Asamblea Constituyente promovida por varias organizaciones de vanguardia. Sin embargo, lo fundamental y decisivo es que la Presidenta no sólo postergó la materialización efectiva del itinerario para una fecha posterior a su gobierno, sino que entregó dicha decisión al próximo Parlamento, el que pese a elegirse y renovarse parcialmente con un sistema electoral proporcional y más representativo, mantiene o circunscribe todas las posibilidades dentro del ámbito institucional. Los anhelos por un mecanismo más transversal e inclusivo, aunque no vinculante, son recogidos con una dinámica de participación ciudadana, la que a su turno será precedida por un programa de reforzamiento cívico sobre la Constitución y su importancia.
Para variar, son muchas las dudas y preguntas que aun no tienen respuesta. La ambigüedad siempre ha sido una aconsejable fórmula para soslayar conflictos mayores y así evitar pagar los costos que implica defraudar las expectativas de algún sector en particular. Sólo quizás de esta forma se podía cumplir formalmente con lo consignado en el programa, sin asumir los mayores riesgos que contemplaba la original aspiración que tuvo Michelle Bachelet. Y aunque estoy esperanzado en torno a las externalidades republicanas que el procedimiento propuesto generará para muchos ciudadanos, contribuyendo a un debate más informado y de menos estereotipos, amen del efecto movilizador que este eje de discusión pueda tener en la próxima campaña electoral y en la relevancia que le asignen las diferentes fuerzas políticas que opten por ganar el gobierno y verse representados en el Congreso; es que también creo que nunca con tanta precisión este gobierno había dotado de contenido a su mentado concepto del realismo sin renuncia.
