Descentralización es una palabra relevante para Heinrich von Baer. No sólo lideró la comisión asesora que convocó la Presidenta Michelle Bachelet en 2014, sino que hoy hace lo propio con una organización privada que promueve la agenda que impulsa el gobierno sobre el tema y que, advierte, está demorada, entre otras razones por la falta de voluntad política de los partidos y parlamentarios. Pero está expectante luego de que constatara -tras reunirse con el ministro del Interior, Mario Fernández- que el tema logró reinstalarse en la tabla legislativa del Ejecutivo. En lo inmediato, el desafío es de los parlamentarios y aquí explica por qué.
– ¿Cree que ha habido una demora en el avance de la agenda de descentralización del gobierno?
– Efectivamente, hay una demora significativa y preocupante. Significativa, porque la Comisión Presidencial en Descentralización entregó su informe final al país y a la Presidenta el 7 de octubre 2014. El compromiso original era elegir intendentes en octubre del 2016, junto a las elecciones municipales, en una lógica de elecciones territoriales y no a la sombra de las elecciones políticas nacionales. Preocupante, porque se estrechan en forma cada vez más crítica los tiempos para alcanzar a aprobar y poner en práctica las reformas de descentralización comprometidas.
– ¿Cómo explica esa demora?
– Tiene varias causas y responsables: la principal, es que más allá de un discurso descentralizador aún no existe una suficiente convicción y voluntad política de parte de las cúpulas de los partidos políticos y de parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición -con valiosas e importantes excepciones-, porque descentralizar significa entregar poder, en este caso devolver poder a la ciudadanía de las regiones. Tampoco han tenido suficiente convicción y voluntad descentralizadora los anteriores y el actual gobierno, con excepción de la Presidenta, del subsecretario de Desarrollo Regional, y ahora, al fin, también del ministro del Interior. En su discurso con ocasión de la entrega del Informe de la Comisión Presidencial, dirigiéndose a su gabinete, la Presidenta expresó: “Y espero que ahora los ministros den el ancho para apoyar y facilitar el avance de este proceso”. Eso es precisamente lo que no ha ocurrido, ni de parte de los ministerios sectoriales, ni menos de Interior, Hacienda y Segpres. De hecho, las reformas de descentralización comprometidas habían quedado fuera de la agenda político-legislativa. Una perseverante insistencia permitió reinstalarla, pero con una tardanza que ahora está pasando la cuenta. Aún no se entiende que una descentralización responsable y bien realizada, abre espacios de mayor crecimiento económico e inclusión social.
– ¿A la fecha se puede hablar de una promesa incumplida o de los pendientes?
– Está por verse, depende de lo que se logre negociar, destrabar y aprobar en los próximos días y semanas en la comisión de gobierno, Sala del Senado, y luego en la Cámara de Diputados. Si se alcanza a aprobar, podrá ser tarea cumplida, con apuro, imperfecta, pero cumplida. De lo contrario, no se perderá sólo un mes o un año, sino un cuatrienio completo, y se perderá la oportunidad de avanzar y construir sobre lo alcanzado.
– La Presidenta señaló que la obra gruesa de este gobierno ya estaba lista, ¿ve espacio para la descentralización?
– Respecto de las reformas de descentralización comprometidas, la obra gruesa todavía está en proceso, pero no terminada. Si bien hay esperanzas renovadas que la elección de los intendentes (futuros gobernadores regionales) se alcanzará a realizar en noviembre de 2017, todavía no está aprobada la reforma constitucional. Luego falta tramitar y aprobar la correspondiente ley orgánica. También está avanzando, pero aún no aprobada, la ley de traspaso de competencias y todavía no se conoce ni ingresa a trámite el proyecto de financiamiento regional y municipal, originalmente comprometido para junio del 2015.
– Hay posiciones divergentes entre los parlamentarios del oficialismo y la oposición por el mecanismo para elegir a los intendentes. ¿Por qué cuesta conciliar posiciones y cuál es la propuesta de la Fundación Chile Descentralizado para acercar ambas miradas?
– En vez de buscar qué sistema electoral es mejor para el desarrollo futuro de las regiones, los estrategas políticos, calculadora en mano, fijan su mirada en las próximas elecciones: así, la Nueva Mayoría opta por un sistema análogo a la elección de Presidente de la República, de mayoría absoluta con segunda vuelta; la oposición por la simple mayoría, como la elección de alcaldes, y los senadores independientes por un piso de 35%. Ni unos ni otros tienen los votos suficientes en el Senado para imponer su posición.
La experiencia internacional comparada aporta evidencias de que para elecciones regionales -de nivel territorial intermedio-, es aconsejable optar por sistemas electorales también de tipo intermedio o “híbrido”, con un umbral a definir entre 30-35-40% de los votos, para evitar una segunda vuelta. En síntesis, fomenta un buen balance entre gobernabilidad y representatividad. Es una fórmula intermedia que permitirá destrabar el principal obstáculo para alcanzar a aprobar y poner en práctica esta trascendente reforma del proceso descentralizador que necesita Chile.
– ¿Cuánto ha influido en el debate las aprensiones de los parlamentarios por ceder en alguna medida cuotas de poder en las regiones?
– Muchísimo. De otro modo, no se explica cómo es posible que desde la elección presidencial del año 1999 (Lagos y Lavín), es decir desde hace 17 años, se viene prometiendo elegir la primera autoridad regional, sin cumplirlo, dejándonos como único país de Sudamérica y de la OCDE (con excepción de Turquía) que no elige a sus autoridades regionales.
– ¿Ve factible que en 2017 se estén eligiendo por votación popular los primeros intendentes, tal como lo planteó la Mandataria el pasado 21 de mayo?
– Es lo que Chile necesita y la ciudadanía de las regiones espera. De hecho, esta fue la reforma demandada con mayor recurrencia en todos los diálogos regionales del año 2014, y la principal entre las medidas “esenciales” seleccionadas por la Comisión Presidencial de Descentralización, dado su efecto dinamizador sobre todo el proceso. La aprobó en general y por unanimidad la Sala del Senado el 1 de marzo, la han ratificado los senadores integrantes de la comisión de Gobierno, la ha asegurado el pasado martes el ministro del Interior. Si a todos esos compromisos ahora se sumara la suficiente flexibilidad y convergencia política para concordar la forma de elegir, todavía es factible llegar a puerto. En cambio, si no se ordena la tripulación y no reman todos en la misma dirección, o luego de aprobada la reforma constitucional, se llegara a entrabar la respectiva ley orgánica, se pierde la oportunidad histórica y seguimos a la deriva.
LAS OTRAS MEDIDAS 2017-2018
– ¿Qué otros proyectos deben priorizarse en lo que resta del gobierno para efectivamente dar un salto en materia de descentralización?
– Junto a las reformas política, administrativa y fiscal debiera haberse puesto en agenda un conjunto de medidas estratégicas de fortalecimiento de capacidades locales, regionales, de participación ciudadana y control democrático, como lo recomendó la Comisión Presidencial en 2014. Entre otras, crear sistemas regionales de gestión de capital humano; sistemas regionales de gestión del conocimiento y la innovación; centros de pensamiento estratégico; una Red de Observatorios Regionales de la Descentralización; el voto programático para la elección de alcaldes y gobernadores regionales; etc. Si bien estas medidas lamentablemente no se pusieron en agenda, se está a tiempo para provisionar su inicio en la programación de los presupuestos 2017 y 2018.
– ¿De avanzar en esta agenda se evitaría la explosión de conflictos como el de Chiloé?
– Los movimientos sociales regionales son un fenómeno que ha llegado para quedarse, se desencadenan y desbordan por motivos muy variados, pero todos tienen en común un nivel de frustración y enojo acumulados debido a una sensación de abandono y trato inequitativo por parte de los gobiernos centrales de turno. Las reformas de descentralización, más que antídoto, son necesarias para alcanzar un desarrollo humano con igualdad de oportunidades, en cualquier lugar de nuestro territorio. Y desde luego contribuirán a reducir las variadas causas de conflictividad territorial de las mismas. (DF)
