Fueron 28.210 las audiencias de control de detención que se llevaron a cabo entre el pasado 18 de octubre -día del estallido social- y el 25 de noviembre. Y en ellas, en 1.615 casos los tribunales del país dictaron la medida cautelar de prisión preventiva, según datos de la Defensoría Penal Pública.
Lo anterior, significa un 5,7% del total -cuando en un mes normal el promedio es de 8,4%-, mientras que el 94,3% restante quedaron en libertad o con otra cautelar como arresto domiciliario o prohibición de abandonar el país mientras dure la investigación de la fiscalía.
La región con mayor porcentaje de prisiones preventivas fue Tarapacá, donde el 15,1% de los 680 aprehendidos que pasaron a control de detención en dicho período por diversos delitos, entre ellos saqueos o atentados incendiarios a inmuebles públicos y privados, quedaron privados de libertad al menos durante el tiempo que se prolonguen las respectivas indagaciones.
Le siguió Arica y Parinacota (11,4%), Atacama (8,8%) y Antofagasta (8%). En tanto, las regiones en donde más se decretaron otro tipo de cautelares o la libertad fue Magallanes (98,1%), Aysén (97,8%) y La Araucanía (97,5%).
En la Región Metropolitana, de los 9.296 controles de detención registrados en el mencionado período, en 601 (6,5%) casos se decretó prisión preventiva, mientras que en 8.695 (93,5%) ocasiones se optó por otro tipo de medidas. (Emol)
