Estas últimas semanas se ha revelado un fenómeno que debe alarmar a todos: el desorden, la pérdida de forma en el Estado.
Es lo que está comenzando a ocurrir en Chile.
Cuando unos ministros de corte son sospechosos de corrupción, un fiscal es acusado de lenidad en el ejercicio de sus tareas, los militares a la hora de las cuentas se comportan como pícaros, algunos carabineros se aplican a desfalcar a la institución que debieran servir, los obispos (la Iglesia, suele olvidarse, contribuyó a la aparición del Estado en Chile) se desprestigian y hasta los sencillos practicantes del credo evangélico empiezan a revelarse voraces, algo anda mal, muy mal, y hay que detenerse en las causas que podrían provocar eso.
Antes de examinar las causas, hay que comprender la gravedad del problema.
Y para eso hay que dar un rodeo acerca del sentido que posee el Estado.
La fuerza y las reglas
El Estado, enseñó Max Weber, y sus enseñanzas en esto siguen siendo válidas, se caracteriza por reclamar para sí, con éxito, el monopolio de la fuerza. Antes que el Estado existiera (no lo hubo siempre y la palabra recién la popularizó Maquiavelo en el siglo XVI) el hombre, para usar la frase de Hobbes, era un lobo para el hombre. Al surgir el Estado hay un tercero que suprime el miedo al otro. Pero el Estado que expulsa la fuerza de las relaciones sociales, se instituye al mismo tiempo como una amenaza para el individuo, quien nunca estuvo expuesto (como lo prueban los totalitarismos y dictaduras del siglo XX, entre ellas la de Pinochet) a ser tan fácilmente aplastado.
Lo anterior lleva a subrayar la importancia que poseen las reglas en el Estado moderno. Justamente porque el Estado, junto con proteger, amenaza, su ejercicio debe estar sometido a estrictas reglas y a escrupulosos procedimientos. Los ciudadanos confían la fuerza en el Estado, pero quieren cerciorarse que el aparato estatal funcionará al margen de la subjetividad o la simple discrecionalidad de quienes en él se desenvuelven.
Pero si las reglas principian a abandonarse, si los funcionarios estatales comienzan a preferir sus intereses por sobre los de la institución que sirven, si se dejan seducir por la popularidad y abandonan el sencillo ascetismo, si los funcionarios dejan de ser custodios de las reglas, si los jueces se revelan venales y los fiscales se confunden con las celebridades, entonces el Estado entra en crisis y la desconfianza se enciende.
Para conjeturar cuál será una de las causas -el primer paso para resolver el problema-, hay que eludir una mirada puramente moral o legal. Los comportamientos humanos a veces se deben al ethos cultural y no solo a la maldad que los individuos anidan.
El virus de la endogamia
Es probable que la causa principal del fenómeno a que se asiste hoy -con funcionarios comportándose como celebridades que pelean entre sí, policías como delincuentes, militares como pícaros, jueces como cómplices- tenga que ver con la endogamia.
La endogamia -es decir, las relaciones cerradas entre personas del mismo grupo que comparten entre sí una misma identidad básica- impide el control eficiente en la medida que somete a las personas, lo quieran o no, a un juego permanente de toma y daca en sus interacciones. Si a una institución (el Ejército, el Poder Judicial, el Ministerio Público) se la concibe en los hechos como una pirámide para llegar a cuya cúspide hay que ascender desde la base (cuidando no enemistarse con el escalón que está más arriba), entonces el virus de la endogamia está instalado.
A partir de allí, cada miembro de la institución será socializado en un juego de sometimiento más o menos rutinario, a cambio de que, si es dócil, podrá luego someter a su turno a otros. Entonces el control se debilita y las reglas y los procedimientos se ritualizan, se transforman en simples cáscaras que disfrazan o envuelven los verdaderos códigos de conducta. El desempeño es sustituido por el vínculo; el conocimiento, por las redes; las reglas, por los ritos; el procedimiento, por el trámite; el cargo, por una dignidad inexistente. La endogamia es el fruto torcido de la administración burocrática. En sus orígenes, la administración burocrática es una forma de modernidad (en Chile, el Ejército fue uno de los primeros en modernizarse), pero cuando se la deja a sus anchas degenera en la cultura endogámica, en una imitación de la familia.
Una amplia literatura (que viene de los noventa) ha detectado el peligro de la endogamia, a pesar de los esfuerzos por corregirla, en el Poder Judicial. Un ejemplo de los peligros a que puede conducir la endogamia lo da la Iglesia Católica (algún ejemplo que dé a estas alturas). Allí no había, según se sabe hoy, control de la conducta cuando se constataba un mal comportamiento, sino un cambio de escenario para que él continuara ejecutándose. ¿No habrá riesgo de que algo así pudo haber ocurrido con los ministros de la Corte de Rancagua, cuyo castigo cuando se comportaron mal consistió simplemente en trasladarlos?
Un remedio a la endogamia
Tal vez sea hora de revisar el gobierno judicial en Chile, donde se confunden todavía dos cosas que son conceptualmente distintas: una, la casación (es decir, la correcta interpretación de la ley); otra, el funcionamiento administrativo y funcionario de los jueces (el gobierno judicial en sentido estricto). Ambos están, en términos generales, en manos de la Corte Suprema. El diseño no solo hace difícil el control, sino que puede lesionar la independencia de los jueces. Hace muchos años -apenas terminaba la dictadura-, un informe del Centro de Estudios Públicos propuso que un órgano externo gobernara al Poder Judicial y designara a sus miembros, dejando en manos de la Corte Suprema el control de casación, la última palabra a la hora de decir qué es derecho. ¿Será hora de retomar el debate?
El caso del Ministerio Público
La fuerza de esa cultura endogámica se muestra también en el Ministerio Público. A pocos años de su instalación, la idea original de que las fiscalías pudieran ser servidas por profesionales formados fuera del organismo y reclutados por concursos públicos competitivos, con profesionales maduros formados fuera del organismo persecutorio, ha sido lentamente desplazada por la cultura endogámica, por la idea que para ser fiscal regional se requiere haberlo sido antes en alguna posición inferior de manera que, en vez de la selección competitiva, se ha instalado poco a poco el ascenso burocratizado que exige -como ha ocurrido tantas veces en el poder judicial- redes, juegos de toma y daca, vínculos con el poder político, etcétera. La idea -que toda cultura endogámica respira- según la cual el trabajo funcionario es una escala que siempre debe comenzar por el primer escalón, hasta recorrerlos todos, o casi todos, desalienta el ingreso de los mejores e impide que en los sectores intermedios de la organización ingresen profesionales ya formados (y menos, proclives a la cultura endogámica).
Un mejor liderazgo
El caso de los fiscales muestra que no basta el buen diseño legal (como el que se imaginó para el Ministerio Público) para evitar esa cultura. Se requiere un liderazgo fuerte, intelectualmente inspirador para evitar que ella se instale. Desgraciadamente, muchas veces los cargos públicos se confunden con dignidades y los funcionarios, con cortesanos. Cuando eso ocurre, la subjetividad -el gran peligro de las instituciones- lo invade todo.
El papel de las profesiones legales
En las escuelas de derecho se enseña (a partir de un texto de Rehbinder) que una de las funciones que deben cumplir las profesiones legales, la de abogado antes que todas ellas, es el cuidado del propio derecho. Como el derecho trata con decisiones en base a reglas, para que funcione bien es indispensable que los miembros de la profesión legal sometan a crítica razonada las decisiones o el comportamiento de jueces y fiscales, cuidando que ellas sean imparciales y el reflejo de una técnica ilustrada que tiene siglos.
Pero justo ahí surge el problema.
Porque como los abogados litigan ante las cortes y deben relacionarse con los fiscales, suele ocurrir que esa tarea, de cuidado del propio derecho mediante el análisis crítico y el escrutinio, no se cumpla. Y así, una parte del Estado, la más importante sin ninguna duda, puesto que el Estado y la sociedad no son más que un esqueleto de reglas, queda sin escrutinio alguno.
El Colegio de Abogados y las facultades de derecho tienen aquí, delante suyo, una tarea pública de la máxima importancia. (El Mercurio)
Carlos Peña
