Fueron siete ciudadanos quienes presentaron un recurso de amparo en contra de Carabineros, el Ministerio del Interior y la empresa Metro S.A. por «disparar proyectiles —letales y no letales—, sin ningún tipo de motivación, de manera indiscriminada y temeraria a la parte superior de sus cuerpos, principalmente a uno de sus ojos».
Los afectados denunciaban que los proyectiles fueron disparados «desde el interior del metro», específicamente, de las estación Baquedano.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción en un fallo unánime de la Octava Sala, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Tomás Gray y el abogado (i) Matías Mori.
El tribunal de alzada descartó un «actuar arbitrario» de las instituciones recurridas y estableció además que el recurso de amparo no era «la vía idónea» para denunciar eventuales irregularidades en el cumplimiento de protocolos.
«El de amparo es un recurso de naturaleza excepcional, que encuentra su origen y fuente en la Constitución Política de la República y persigue, por su intermedio, la tutela y protección de parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en los casos en que por actos de particulares o de alguna autoridad, se vean ilegítimamente vulneradas las garantías de libertad y seguridad individuales. En el caso sublite, los recurrentes no se encuentran presos ni detenidos, ni hay amenaza de que ello ocurra», consta en el fallo.
Así, los magistrados explican que si los recurrentes «entienden que han sido víctimas de ilícitos» por parte de Carabineros, «les asiste el derecho de ejercer las acciones que estimen convenientes, pero esta acción constitucional no es la idónea para exigir eventuales responsabilidades penales».
«No es la judicatura la encargada de establecer protocolos de uso de determinados elementos antidisturbios, los que no están prohibidos por la ley, materia que es propia de la regulación hecha por la misma policía o por la autoridad ejecutiva. Como se dijo, si se denuncia una transgresión a tales protocolos o, derechamente, la comisión de un ilícito, se debe denunciar por las vías correspondientes», añadieron.
En cuanto al ministro del Interior y a Metro como empresa, el fallo señala que «no se advierte razón alguna para la interposición del recurso de autos«.
INDH
Fue la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que abrió la polémica. La semana pasada, un fallo contradijo uno emitido previamente desde otra sala del mismo tribunal, levantando la suspensión del uso de perdigones que había sido resuelta por la justicia dentro de la región.
El hecho causó confusión, debido a que otro recurso legal interpuesto por la Municipalidad de Valparaíso mantenía la prohibición e incluso la ampliaba al uso de gases lacrimógenos en marchas pacíficas.
El hecho causó preocupación, debido a que en todo el país se tramitan causas relativas al uso de municiones por parte de Carabineros.
En ese contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se reunió la mañana de este lunes con el presidente de la Corte Suprema (CS), Haroldo Brito. «Nosotros lo que le planteamos al presidente de la Corte Suprema es coherencia», dijo, según informa radio Cooperativa. El director del INDH planteó que les preocupa «que una misma corte de apelaciones diga una cosa en un sentido y otra cosa días después». Eso, afirmó, afecta la seguridad, tranquilidad y certidumbre de las personas.
RESPUESTA DE LA SUPREMA
A sus declaraciones contestó el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, quien aseguró a radio ADN que «todos queremos ser coherentes, lo más posible». «La coherencia dentro del sistema judicial tiene una perspectiva diferente», añadió, precisando que las partes tienen derecho a presentar recursos, y que estos pueden apelarse hasta llegar a la propia Corte Suprema.
«Las resoluciones de los tribunales pueden ser diferentes en casos que son similares, o incluso pueden estimarse iguales, por la independencia de los tribunales», explicó. «Si hay algo que nosotros defendemos a morir es la independencia de los jueces, de los tribunales y la inamovilidad de los jueces«.
«Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: corremos el riesgo de que algunos fallos puedan ser diferentes y hay que buscar los caminos para llegar a los tribunales superiores y obtener entonces una unificación», concluyó. (Emol-ADN-Cooperativa)
