Mañana martes vence el plazo que tiene el primer grupo de diputados sorteados por la Cámara para someterse al test de drogas obligatorio que comenzó a regir este mes a través de un cambio al Reglamento de la corporación.
Sin embargo, había un grupo de diputadas disidentes, encabezadas por Ana María Gazmuri (Acción Humanista), que presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por considerar que esa modificación reglamentaria atentaba contra sus garantías constitucionales como la integridad física y psíquica de la persona, la protección a la vida privada, a la honra y a los datos personales y la ausencia de una justificación constitucional objetiva y razonable para levantar esos derechos.
Además de Gazmuri, la presentación estaba firmada por Marisela Santibáñez (PC) y las independientes-Frente Amplio, Lorena Fries, Marcela Riquelme y Clara Sagardía.
El escrito también acusaba una vulneración a la Convención Americana de DD.HH. y denunciaba otros vicios e ilegalidades en la tramitación del nuevo reglamento. El objetivo del recurso era dejar sin efecto la aplicación del test.
La acción fue ingresada la semana pasada, el miércoles 24 de agosto, pero al día siguiente la sala de la Corte desestimó la presentación, patrocinada por los abogados Juan Pablo Olmedo (expresidente del Consejo para la Transparencia) y Andrea Ruiz.
“Atendido el mérito de los antecedentes, teniendo presente que el Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno… y considerando, además, la necesaria separación de poderes, estima esta Corte que no se advierte en el recurso la existencia de hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales… se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto”, dice el fallo acordado en forma unánime por los ministros Pablo Dropelmann y María del Rosario Lavín y el abogado integrante Raúl Núñez.
Tras conocer el fallo, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien fue el impulsor de cambio reglamentario, señaló que “la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó claramente establecido que nadie está por sobre la ley y que los recurrentes deberán someterse al test de drogas que fue aprobado por la Cámara de Diputados conforme a derecho y sin transgredir ninguna garantía constitucional”.
“Ahora solo cabe a las diputadas, que fueron derrotadas jurídicamente en la justicia, concurrir a hacerse el test de drogas cumpliendo la ley y no alegar más subterfugios sometiéndose como todo chileno”, agregó el legislador gremialista. (La Tercera)
