Un revés sufrió este lunes el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del polémico juez, el que permite que internos de alta peligrosidad tengan videollamadas con sus respectivas familias.
“Se acoge el recurso de hecho deducido. Consecuentemente, se declara admisible la apelación interpuesta por Gendarmería de Chile contra la resolución de 31 de enero de 2024 del 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad, que autorizó mantener visitas a cuatro internos mediante la realización de videollamadas con terceros y la visita íntima del interno extranjero Rafael Marín Vielma”, se lee en la determinación de los ministros Antonio Ulloa, Sandra Araya y el abogado Euclides Ortega.
“De momento que la decisión que pretendiera impugnarse resolvió una petición que exigió un pronunciamiento especial del tribunal y que ha establecido un derecho permanente a favor del imputado, agraviando a Gendarmería de Chile, órgano que conforme a la ley -según quedó asentado- tiene el deber de velar por el resguardo en los recintos penales de la seguridad de estos, de las personas privadas de libertad que allí se encuentren, y de su personal, de modo que el dictamen recurrido reviste la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria y que como tal resulta apelable de acuerdo con esas reglas generales”, añade el documento de 7 carillas.
De esta manera, la decisión del juez Urrutia queda en suspenso mientras se analiza el fondo del asunto.
LA POLÉMICA
La polémica surgió luego de que el juez Urrutia autorizó a reos del Tren de Aragua realizar videollamadas y recibir visitas conyugales desde el interior del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). Gendarmería inmediatamente apeló pero el Séptimo Juzgado de Garantía volvió a rechazar, ordenando dar “estricto cumplimiento” a la orden y que no es apelable.
Pero no fue la única jugada de Gendarmería, porque en paralelo a ese recurso de apelación, presentó un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones, para que la Sala de Cuentas se pronuncie si efectivamente no procedía la apelación.
Esta decisión, que es sólo tomar una postura, era clave para Urrutia y Gendarmería. Si la Corte afirmaba que la orden no es apelable, el trámite se terminaba acá y el juez Urrutia se anotaba un triunfo. En cambio, si la Corte indica que es apelable, la resolución pasaba al fondo y ahí se tendrían que explicar las razones de por qué se autorizaron estas videollamadas.
Como la Corte le dobló la mano al juez Urrutia, la próxima semana comenzará a analizarse el fondo de su resolución.
MINISTRO DE JUSTICIA
En medio de la controversia desatada por la autorización de videollamadas para internos de alta peligrosidad en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reafirmó la postura del Gobierno y valoró que la Corte de Apelaciones de Santiago admitiera el recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La polémica surgió luego de que el juez Urrutia autorizó a reos del Tren de Aragua realizar videollamadas y recibir visitas conyugales desde el interior del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
“Nosotros desde el principio hemos sostenido las objeciones de legalidad en torno a esta resolución y la legitimidad que tenía Gendarmería para recurrir contra ella. Nosotros hemos insistido que lo que estamos defendiendo es la seguridad de un establecimiento de máxima seguridad. Así que esperamos que la corte, habiéndolo declarado admisible, conozca el fondo del asunto en los próximos días”, expresó Cordero.
Ante la pregunta sobre si este hecho puede ser visto como un revés para el juez Urrutia, el representante del Ministerio de Justicia señaló: “Nosotros queremos esperar la resolución definitiva. Por ahora, en esta parte, la corte ha actuado reconociendo a la Gendarmería la posibilidad de reclamar en este caso”.
Respecto a la evaluación de la decisión del juez Urrutia de autorizar las videollamadas para reos de alta peligrosidad, Cordero afirmó: “Nosotros creemos que las videollamadas autorizadas respecto del tipo de personas que se encuentran en un establecimiento de máxima seguridad, esas en particular, ponen en riesgo el establecimiento, pero a su vez también las investigaciones que están llevándose a cabo por parte del Ministerio Público”.
La controversia continúa y se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago emita una resolución definitiva en los próximos días, en medio de preocupaciones sobre la seguridad en el establecimiento penitenciario y la protección de las investigaciones en curso. (El Mostrador)
