El caso de los Panama Papers, en que se revela información acerca de personas que tendrían relación con sociedades constituidas en ese país por el estudio de abogados Mossak Fonseca, ha causado mucha expectativa y ha tenido gran cobertura mediática.
Ello puede explicarse porque los nombres que aparecen mencionados, como podría presumirse, son de personas de alta figuración pública e incluyen a líderes mundiales (el Primer Ministro de Islandia ha tenido que presentar su renuncia), deportistas tan destacados como el mismísimo Leo Messi, artistas de la talla de Pedro Almodóvar, etc.
El método utilizado para analizar la información filtrada desde la citada oficina de abogados que estaría compuesta por más de 11 millones de registros, incluye un software que puede buscar nombres de personas y en esta primera etapa, al menos, se ha estado entregando a la opinión pública simplemente estos nombres, en algunos casos sin detalle alguno acerca de las características de la sociedad o la relación que una persona pudiere tener con ellas. De esta manera, se logra el efecto de meter en el mismo saco situaciones absolutamente distintas que pueden ir desde el tráfico de drogas o armamentos, el lavado de activos, la evasión tributaria o la simple constitución de sociedades que presentan ventajas por su agilidad, por ventajas tributarias legítimas como la utilización de tratados para evitar la doble tributación entre dos países o cualquier otra razón.
Ya no se trata de mezclar peras con manzanas sino peras con ornitorrincos.
Pero lo más grave es que estos métodos de investigación y difusión invierten el peso de la prueba y dejan a las personas mencionadas la carga de probar su inocencia, en circunstancias que en un Estado de Derecho cuando alguien realiza una actividad legal no tiene que estar dando explicaciones acerca de sus actuaciones, actividades comerciales o financieras. Sólo un tribunal puede solicitar antecedentes en el marco de una investigación judicial. Lo que aquí tenemos es la existencia de un tribunal popular que actúa en medio de un ambiente de escándalo. Hoy se cuestiona la constitución de sociedades en el extranjero, ¿qué se va a cuestionar mañana? Es de esa forma, cuando no se respetan las garantías individuales de las personas, su derecho a la intimidad, como una sociedad se va transformando en totalitaria. Los métodos utilizados en esta investigación periodística y la manera como se ha hecho pública la información son inaceptables desde el punto de vista de los derechos de las personas.
Las sociedades offshore son perfectamente legales en Chile. La legislación tributaria las regula en detalles, incluso en la última reforma tributaria. Como ha trascendido en el pasado, empresas estatales, como Codelco, han constituido sociedades offshorey operan con ellas para realizar sus negocios.
Las graves transgresiones a los derechos de las personas no son el único problema que presentan situaciones como la que vivimos hoy. También se producen efectos económicos importantes. Si lo que se pretende con la crítica y verdadera persecución a los chilenos que constituyen sociedades offshore es evitar que salgan capitales de Chile, estamos introduciendo de facto un corralito financiero en nuestro país.
Como lo muestra profusamente la experiencia comparada en esta materia, la existencia de corralitos u otras restricciones exageradas a la salida de capitales tienen su correlato casi perfecto con una disminución a la entrada de capitales e incluso afectan la creación de riqueza al interior de nuestras fronteras ante la perspectiva de que los recursos financieros que se obtengan queden congelados en nuestro país
El caso de Argentina ha sido dramático y nuestros vecinos han sufrido por años los efectos de medidas de ese tipo tomadas en el pasado. En la medida que se instale en Chile la percepción de que no es legítimo que se saque dinero del país, aunque ello se haga de una manera completamente legal, corremos el riesgo de iniciar un camino que después es muy difícil de remontar. (El Líbero)
Luis Larraín
