El Mapocho una vez más nos pasó la cuenta y se desbordó, algo que ha sucedido recurrentemente en la historia de la capital. Esta vez inundó el corazón de la comuna de Providencia, pero quedó circunscrito a eso, porque pudo ser peor. Al menos, los santiaguinos podemos tener el consuelo que Sebastián Piñera no cumplió durante su gobierno la promesa del “Mapocho navegable” -que suponía represarlo, no construir una lagunita cerca-, porque de lo contrario el agua habría inundado hasta la Avenida Matta.
¿De quién es la culpa de tal imprevisión? El estatismo chileno reacciona en forma refleja: de las empresas privadas, es decir, de la concesionaria y la constructora que estaban haciendo un trabajo en el cauce. Aunquequizás es un estatismo astuto y oportunista, porque los chilenos saben que el Estado no paga sin un juicio interminable, pero las empresas privadas sí lo hacen, cuando se las expone y presiona públicablemente.
No cabe descartar culpas privadas, pero no se puede soslayar ni minimizar la responsabilidad del Estado. Porque si bien las obras que ocasionaron el desborde son de particulares, la autoridad debió aprobar el proyecto y controlar su ejecución. Y si se desbordó el río, el Estado falló. Lo más grave, es que esto no fue un caso aislado. La prensa también consignó que hay un informe de “ingeniería forense” de una empresa especialista extranjera que nos dice que el Puente Cau Cau no tiene vuelta; o al menos, que no tiene para cuándo. No sólo se montó un tablero al revés, después no resistió la rótula que posibilita el levante y ahora nos cuentan que hay un problema en la calidad del acero. Al final concluyen que antes que repararlo, casi mejor demolerlo y hacerlo de nuevo.
Hay otros casos, como el Puente del Chacao, que va atrasado y parece que hay que reposicionar uno de los pilares; y para qué ir más atrás y detallar el desastre de diseño del Transantiago, que aún nos pena y tampoco tiene para cuándo; y cuyo autor, Ricardo Lagos, es el otro candidato en ciernes. En todos los casos hay contratistas y operadores privados, pero es el Estado el que ha diseñado y encargado las obras, y debe fiscalizar su ejecución.
¿Dónde quedó la fama de la ingeniería del sector público? Porque la indispensable acción privada en el ámbito público requiere de la mejor contraparte dentro del Estado. La autoridad debe tener entre los suyos ingenieros y gestores de excelencia, y el síntoma que entrega esta seguidilla de hechos (hay muchos más que los mencionados) es que no es así. La sospecha es que desde hace unos decenios en las designaciones de los profesionales prima el carnet del partido, más que cualquier otra cosa. La reforma del Estado sigue siendo una tarea pendiente.
César Barros decía hace poco que no entiende por qué el chileno ama al Estado, si éste lo trata pésimo. Tampoco -agrego yo- que crea que cambiando la Constitución los puentes y los hospitales públicos van a funcionar. Porque si sufren periódicamente las inundaciones y las colas en salud, no se entiende qué otra cosa buscan al darle bola a los que quieren sustituirla. (La Tercera)
