Se trata de una investigación penal que podría abrirse en las próximas horas, ya que Contraloría hizo llegar al Ministerio Público los resultados de una auditoría a los programas de la Gobernación de la Región Metropolitana, donde se detectaron una serie de irregularidades en el organismo dirigido por Claudio Orrego.
Entre esos hallazgos, sin embargo, hay uno que apunta directamente en contra del gobernador y tiene que ver con el supuesto uso de recursos públicos para charlas de campaña política en 2024, año en que Orrego resultó reelecto.
Según el resultado de la auditoría, a la cual accedió Reportajes de Teletrece, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.
En el documento se consigna que “de la revisión de los contenidos incluidos, en 16 de estas se verificó que no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizas conocimientos, aumentar su rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral”.
¿Cuál sería el fin real detectado por la Contraloría? De acuerdo al informe elaborado por la repartición liderada por Dorothy Pérez, en estas sesiones de coaching directivo “se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio y tampoco se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.
Por lo mismo, y dada la gravedad de los antecedentes, Contraloría practicará un procedimiento disciplinario en el Gore, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, pero también se remitirá el informe al Ministerio Público por eventuales delitos que pudieran haberse cometido en esos movimientos.
El pago de $31 millones por parte del GORE se hizo a la firma Vera y Asociados S.A. en tres facturas. La primera fue por cerca de $12 millones, el 16 de abril del 2024; la segunda, por casi $9 millones, el 11 de junio del 2024; y la última, el 10 de septiembre del 2024.
«UNA ESTRATEGIA QUE NO PAREZCA ÁVIDO DE PODER”
El resultado de la auditoría de Contraloría tiene de 154 páginas, donde también se detallan otras irregularidades, como el pago erróneo de horas extras, la utilización de un auto fiscal por parte un exconsejero para regresar a su casa y “diferencias” por $21 mil millones entre lo registrado en la contabilidad y los egresos de la gobernación.
Pero en relación con el posible uso de recursos públicos por parte del Gore en la campaña para reelección de Claudio Orrego, la investigación da cuenta de minutas donde se registraron las sesiones del supuesto “coaching directivo”, en que distintos asesores de Orrego y el gerente general de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo de Santiago, hablaban 100% de cómo llevar la campaña para la reelección del gobernador.
Por ejemplo, en una sesión del 6 de febrero del 2024 uno de los asistentes dice: “creo que un riesgo es que no haga el duelo de que si quiere ser el candidato de la centro izquierda tiene que estar abierto a hablar con el Partido Comunista. Encontrar el equilibrio entre la independencia y los respaldos que permiten que pueda mantener esa independencia”.
Enseguida se pregunta cuáles son los riesgos “en el camino de este final de carrera”, a lo que advierten que “el riesgo de que aparezcan conductas que van contra la probidad”.
El 4 de marzo, en otras de las minutas analizadas por Contraloría, aparece escrito que “Claudio” manifestó una preocupación: “Él dijo que iba a cambiar su forma de manejo y lo hizo, porque les sacó al pizarrón como si estuvieran en crisis ¿Por qué hace esto? Su juicio es que no aparece en las listas presidenciables”. Más adelante, en el mismo documento se consigna: “la política debe ocupar el primer, el segundo y tercer puesto”.
El 11 de julio del 2024, en la sección “mirando hacia adelante”, en la minuta hablan con la “jefatura gabinete gobierno regional”, sobre cómo afrontar lo más duro de la campaña y en un minuto aparece la siguiente afirmación: “se trata de buscar una estrategia que no parezca ávido de poder y que deliberadamente busque no aparecer como candidato del politiqueo”.
Ya para el 5 de agosto irrumpe en escena el nombre de Francisco Orrego, el contendor en esa campaña. De eso también se habló por ese entonces en los supuestos coaching que costaron al fisco $31 millones. “Le pregunto cómo ve la entrada en escena de (nombre censurado) por la posible confusión de apellidos.
Me dice que su discurso es cuasi republicano. Ya ha dicho que debe moderarse. Puede estar algo confundido. En todo caso yo sugeriría empezar a darle más importancia al nombre: Claudio. Tratar que no se subraye el Orrego”, se señala en la minuta “mis preocupaciones”.
Lo último que detectó la Contraloría fue esta otra conversación, también a partir de una minuta, sobre cómo emular la estrategia del Presidente de Argentina, Javier Milei.
“¿Hay alguna encuesta sobre las preferencias por Milei? Hay que buscarla, porque es evidente su calado entre los jóvenes. En la encuesta de los centenials hecha en Chile al preguntar por referentes fue uno de los que apareció”.
GORE-RM
«Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados», así el Gobierno Regional Metropolitano (GORE-RM) salió al paso de los cuestionamientos luego de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara una serie de irregularidades en auditorías realizadas a seis gobiernos regionales. Entre ellos, el de la Región Metropolitana, entre enero y septiembre de 2024.
El organismo fiscalizador constató gastos que podrían estar relacionados con actividades políticas y campañas electorales, así como contrataciones directas sin respaldo normativo.
El «Informe Final N°873», revisó el uso de recursos públicos, en particular las transferencias al sector privado, para verificar que no existiera conflicto de intereses ni se destinaran a fines distintos a los institucionales.
En el caso de la RM, la CGR observó el pago de $31.366.179 por el «Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024».
Sin embargo, la revisión de las sesiones mostró que no abordaban temas vinculados a coaching —como señalaba la descripción del contrato—, sino que incluían referencias explícitas a «la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional para su reelección».
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y derivó los antecedentes al Ministerio Público para su evaluación penal.
Junto a ello, se reportó que el GORE-RM adquirió bienes y servicios por trato directo por un total de $51.753.665 sin justificar el cumplimiento normativo correspondiente. Además, se detectaron irregularidades en la contratación de dos empresas.
Una de ellas fue IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, con un contrato por $46.154.150, donde no se acreditaron condiciones contractuales. La otra fue AJEM Asesores y Consultores Limitada, con una contratación por $109.302.180, sin respaldo de la idoneidad del proveedor. Ambos casos serán parte del sumario administrativo instruido por la CGR.
RESPUESTADEL GORE RM
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno Regional Metropolitano difundió una declaración pública en la que rechazó categóricamente las conclusiones del informe. «Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados. Negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego», indicaron.
Respecto a las actividades observadas por Contraloría, desde la entidad sostuvieron que estas forman parte de un proceso formativo más amplio. » «Las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la CGR, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia CGR, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional. Adicionalmente, es preciso mencionar que dichas actividades han acompañado a nuestra institución desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, no son fruto de ningún contexto electoral», señalaron.
En esa misma línea, añadieron que el coaching no puede desligarse completamente del contexto político y social.
Según explicaron, «el coaching directivo, junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país. Que, en algunas ocasiones se haya mencionado esos contextos, no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional».
Finalmente, el Gore RM aseguró su disposición a cooperar con las instancias investigativas. La investigación de Contraloría incluyó también auditorías a los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Gore La Araucanía Por su parte, René Saffirio, gobernador de La Araucanía, criticó la gestión de su antecesor, Luciano Rivas, tras lo señalado por la Contraloría.
«Lo que Contraloría ha dicho es la reafirmación integral de todo aquello que hemos venido denunciando durante mucho tiempo antes de llegar a ocupar el cargo de Gobernador. Gran parte de mi tarea como Gobernador Regional durante estos casi cinco meses ha consistido precisamente en limpiar y ordenar la casa. Aquí estamos frente a un fraude eventual colosal. Son muchos millones», señaló la autoridad.
Agregó que «espero que, con el informe de la Contraloría, con los avances que ha habido en la investigación que lleva el Ministerio Público, con la declaración prestada en calidad de imputado por el exgobernador en la Fundación Local, se tomen las medidas judiciales y administrativas que correspondan. Eso significa que esperamos que no haya impunidad, porque se causó un grave daño a la gestión y a la imagen de una institución que tiene que representar al conjunto de la población regional. Apenas concluyamos ese sumario interno, a través del Departamento Jurídico, vamos a tomar las medidas para resolver acerca de cuáles son las acciones penales que iniciamos para también pedir que se sancione por esos hechos». (T13-Emol)
