Un nuevo y lapidario informe publicó ayer viernes la Contraloría General de la República (CGR), el que revela irregularidades por más de $1,5 billones (millón de millones), es decir, $1.505.707.732.640 (o unos US$ 1.560 millones), en distintas reparticiones del Estado.
El análisis se realizó entre abril de 2024 y marzo de 2025, e incluye a municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos vinculados al deporte, salud y medioambiente, entre otros.
El documento fue entregado ayer a la Cámara de Diputados, y considera 792 auditorías efectuadas por la CGR en dicho período. «Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia, resultante entre la comparación de la condición y el criterio, y que está sustentada en pruebas de auditoría. Habitualmente constituye un hallazgo de auditoría», detalla el ente fiscalizador en su reporte.
Asimismo, indica que del total de informes despachados, existen 23 auditorías que tienen carácter reservado, por disposición del artículo 22 de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
Junto con esto, el informe señala que la mayoría de las irregularidades corresponde a incumplimientos a normas contables y/o presupuestos, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, deficiencias asociadas al manejo de fondos, incumplimientos asociados a ingresos, deficiencias en el proceso de adquisiciones, y gastos improcedentes o sin respaldo.
En base a estos antecedentes, la Contraloría inició una serie de medidas que incluyen reparos por un total de $27.208.900.153″; solicitudes de acreditación de ingresos/gastos por un valor de $10.487.723.455; solicitudes de restitución por un total de $1.752.174.776; 365 procedimientos disciplinarios instruidos por el servicio; 111 procedimientos disciplinarios instruidos por CGR; 69 remisiones y/o denuncias a otras entidades; y 7 Investigaciones sumarias.
«MAL TRABAJO DE DIPRES»
El lapidario informe ya generó reacciones entre parlamentarios, quienes apuntaron a un «mal trabajo» por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero además -parlamentarios de oposición- vincularon estos resultados con el contexto electoral, apuntando a la necesidad de «un cambio estructural», que implique que el próximo gobierno asuma la tarea de «achicar el Estado».
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo al respecto que «hace muchísimo tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de achicar el Estado y de controlar mejor el gasto, porque esta plata, que debía haber ido a educación, salud, vivienda, termina siendo malgastada, o peor aún, termina siendo objeto de corrupción. El desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado».
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), sostuvo al respecto que «esto solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado, y lo que nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, que hay una carga tributaria que pagan los chilenos absolutamente despilfarrada y mal administrada por el Estado, y que produce un estancamiento económico, pobreza, cesantía, falta de inversión».
En esa línea, abogó por hacer «un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente, aumentando la tecnología, y haciendo que los recursos realmente se administren adecuadamente, con fiscalización también que sea adecuada, y con las sanciones debidas a quienes hagan mal uso de los recursos públicos», agregó.
El diputado Luis Sánchez (Republicanos), comentó que «este nivel de desorden es un franco escándalo pero da cuenta de lo que siempre hemos dicho desde el Partido Republicano. No se necesitan más impuestos, solo que se ordene la casa y que también termine el abuso, como son los casos del tipo Procultura y Democracia Viva. El próximo gobierno debe ser liderado por alguien que represente un cambio radical, porque Chile ya no aguanta mas de lo mismo».
Por su parte, el diputado Evópoli, Hotuiti Teao, destacó que «lo más alarmante es que los gobiernos regionales lideran en montos observados, con más de $303 mil millones en cuestionamientos, seguidos por Carabineros de Chile, con $151 mil millones. Las municipalidades tampoco se salvan, sumando $113 mil millones observados».
«Esto es gravísimo. Son fondos que debían llegar a la ciudadanía, especialmente a regiones como la nuestra (Valparaíso) donde aún hay personas esperando reconstrucción, soluciones habitacionales y mejoras en salud y seguridad. Como parlamentario, me comprometo a fiscalizar a fondo estas cifras, exigir sumarios administrativos donde corresponda y promover que estos casos sean investigados por el Ministerio Público», acotó.
Con todo, el parlamentario subrayó que «el Estado debe dar el ejemplo en el uso correcto de los recursos. No podemos permitir que mientras muchas familias esperan respuestas urgentes, otros se escuden en la burocracia para justificar el desorden, la negligencia o, derechamente, el abuso».
Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, comentó que «lo más grave aquí es que está en juego la credibilidad de una institucionalidad que nunca había sido cuestionada, como es la Dipres. Esta situación, dada la estrechez económica que tenemos, y la muy pronta discusión de Presupuestos para el gobierno que venga el próximo año, tiene que advertirnos que estamos frente a una discusión que está absolutamente contaminada por el muy mal trabajo que ha hecho la Dipres, a diferencia de lo que ha dicho el Ministro Marcel, que ha defendido a ultranza su desempeño».
En ese sentido, el parlamentario reflexionó que «nosotros desde nuestro rol fiscalizador también tenemos que hacer un mea culpa, porque si bien cuando advertimos situaciones, cuando pedimos oficios de fiscalización, a los seis meses sólo se nos entregó una vaga respuesta. El Congreso no tiene una contraparte para poder efectivamente hacerle un mejor seguimiento a las cifras que desde Dipres, desde Hacienda nos entregan permanentemente».
El diputado Jaime Naranjo (Ind.- ex PS), comentó que «yo creo que la inmensa mayoría del país se hace la misma pregunta, ¿qué estaban haciendo los otros contralores en el país antes que llegara la actual contralora? Porque no puede ser que a partir de la llegada de ella, se estén destapando y descubriendo un sinnúmero de irregularidades en el país». «¿Quiere decir que los antiguos contralores estaban coludidos con la corrupción que existía en el país? Porque esa es la conclusión que uno puede sacar, porque no hay otra explicación. Así que valorar, por cierto, la investigación que está haciendo y, por cierto, lo que requiere ahora el Estado chileno, es que se hagan las investigaciones respectivas, las sanciones correspondientes y por cierto que, de alguna otra manera la situación de estrechez fiscal que vivimos puede deberse en parte por estos gastos que no correspondían que se hicieran», zanjó.
SESIÓN ESPECIAL
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), acogió una solicitud de las bancadas opositoras para convocar a una sesión especial que analice el más reciente informe de la Contraloría sobre irregularidades fiscales.
El informe reúne 792 acciones de fiscalización, que arrojaron una serie de irregularidades al interior de diversos organismos públicos en el período entre abril de 2024 y marzo de 2025, las que en total involucrarían un monto superior a los 1,5 billones de pesos.
En vista de esos antecedentes, el presidente de la Corporación fijó la sesión especial para la primera semana de julio.
“Dado mis atribuciones, fijaré una sesión especial para hablar acerca de las grandes pérdidas que ha tenido el gobierno en términos de administración. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es fiscalizar. Es por eso que es tan importante también, y le pondremos urgencia, al proyecto que le da nuevas atribuciones a la Contraloría”, aseveró Castro.
Desde las bancadas opositoras respaldaron la decisión. El jefe del comité de RN, Miguel Mellado, comentó que el documento del ente contralor “no solo es lapidario, es una verdadera alarma sobre el nivel de desorden y descontrol con que el gobierno está manejando los recursos de todos los chilenos”.
“Nosotros, como bancada de Renovación Nacional, estamos apoyando una sesión especial para abordar con urgencia esta situación, porque no se puede mirar para el techo. Es hora de asumir responsabilidades políticas por parte del gobierno y fortalecer de una vez por todas los mecanismos de control y sanción para que esto no se vuelva a repetir”, añadió.
Mientras que, el jefe de la bancada republicana, Cristián Araya señaló que estos antecedentes “reafirman lo que hemos sostenido siempre: el aparato público malgasta sistemáticamente los recursos de los chilenos. Mientras el ministro de Hacienda estruja el bolsillo de los chilenos con impuestos, miles de millones se pierden o roban en el camino. Es necesario reiniciar el Estado”.
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, manifestó que “tenemos que tener mejor control sobre los dineros fiscales. Sobre todo hoy día, cuando tenemos sobreestimaciones del ingreso y tenemos un gasto superior a los ingresos reales, que hace una compleja situación fiscal. Por lo tanto, esta situación es inaceptable y esperamos que la dirección de presupuesto y el Ministerio de Hacienda genere las acciones para corregirlo. No podemos aceptar nuevamente errores que hagan que Chile siga teniendo una débil condición fiscal”.
Por su parte, la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, planteó la importancia de que “la Contraloría sienta que hay un respaldo de otro poder del Estado que tiene una fiscalización por ley y constitución para fiscalizar los actos del gobierno. Y por lo tanto, es bueno abrir espacios para compartir esta fiscalización y dar el respaldo que Contraloría requiere, no sólo en estos temas, sino en una mejor legislación y en más recursos para ampliar ese control a través de personal y equipos”.
“Todos los casos que la contralora ha puesto son temas que se han venido conversando y que es necesario hacer una revisión integral de cómo está funcionando el aparataje público en cada repartición, sean ministerios, servicios, sean funcionarios de un gobierno de turno o de carrera. Pero los recursos públicos se deben cuidar siempre”, agregó.
El jefe de bancada de Evópoli, en tanto, Francisco Undurraga, dijo que “el informe de Contraloría deja en evidencia lo que venimos diciendo desde hace un buen tiempo, que este gobierno no sabe administrar ni hacer un efectivo control de gastos de los recursos del Estado y dejará a la próxima administración un déficit estructural importante y que hará difícil poder ejecutar políticas públicas que vayan en beneficio directo de las familias más vulnerables y de clase media”.
“A pesar de que el ministro Marcel ha echado mano a cuánto fondo ha podido para continuar el gasto corriente del Estado para seguir dándole vuelta a la rueda, el cargo de directora de presupuestos le ha quedado enorme a Javiera Martínez, que en estos 4 años no ha hecho más que generarnos dudas si efectivamente los presupuestos de la nación estaba bien hechos o ella tenía una visión muy optimista de los ingresos del Estado. En definitiva, la decepción para con este gobierno no tiene nombre y lo despilfarraron todo”, cerró. (Emol-La Tercera)
