Contradicción vital

Contradicción vital

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Si un paro es ilegal, ¿cómo puede durar cerca de un mes? Es una pregunta básica que se  hace la gente en relación a lo que sucede en el Registro Civil. Claro, este Gobierno le asigna mucha importancia al tema de la Constitución. La Presidenta anunció un ambicioso proyecto para tener una nueva carta fundamental, más democrática, una que proteja verdaderamente los derechos de las personas. Para ella, este es un proyecto de vital importancia. Pero, si es así, ¿qué sacamos con tener la mejor carta fundamental del planeta, si no se aplica?

Los hechos están a la vista. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, dice que en la Constitución no existe el derecho a huelga en el sector público. Pero tampoco se hace nada al respecto. El Gobierno actúa como un simple observador o comentarista de un hecho que califica ilegal, cuando su deber es aplicar la ley. Hacer llamados de buena voluntad, como el de la Presidenta, que invita a que los funcionarios vuelvan a trabajar, no es lo que corresponde. Es más, con esta actitud, la misma Mandataria y sus ministros responsables podrían ser acusados por infringir la Constitución, por no aplicar las leyes, que es lo que está sucediendo a la vista y paciencia de todos.

Porque eso es precisamente lo que sucede hoy con el paro del Registro Civil, que ya ha pisoteado los derechos básicos de demasiada gente. Se estima que, a la fecha, ha dejado un millón cuatrocientos mil trámites pendientes. Hay ocho mil fallecimientos sin registrar; 22 mil recién nacidos que figuran como N.N.; 34 mil vehículos que circulan sin patente. Frente a esto, la gente, totalmente desesperada por conseguir servicio, pasa las noches haciendo filas para intentar ser atendida.

Por eso, la actitud de Bachelet es totalmente contradictoria. Por una parte, embarca al país en un proyecto de una nueva Constitución, señalando que es algo de vital, pero, por otra, se resiste a aplicarla cuando corresponde. En suma, relativiza con sus actos la importancia misma de la carta fundamental. Algunos podrán pensar que para abordar este tipo de materias es que hay que cambiar la Constitución. Pero eso es una frivolidad. Bajo ese argumento, el país entraría en un caos legal. Aunque no les guste, las autoridades deben regirse por las normas que existen, no por las que hipotéticamente habrá en unos años más.

Pero eso no es todo. Si se quiere cambiar la Constitución en este aspecto y, por ejemplo, permitir el derecho a huelga en los funcionarios públicos, hay que entender que esta disposición existe no por mala voluntad. Lo que se intenta proteger son los derechos de los ciudadanos frente a bienes y servicios que no tienen reemplazo alguno, como es el caso del Registro Civil. Por ello, si se permitiera una huelga en casos como esos, habría que establecer un mecanismo para que los servicios se siguieran entregando. Lo anterior, sin embargo, choca con el proyecto de reforma laboral que impulsa este mismo gobierno, y que busca terminar con los reemplazos en caso de huelga. O sea, este es un zapato chino que nadie entiende.

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