Los países no fracasan por las virtudes de sus constituciones o sistemas políticos, sino por sus defectos. Por eso la nueva constitución debe analizarse a la luz de los riesgos y errores que presenta, y no por sus ventajas, por la simple razón que en estas últimas no estará el origen de nuestros conflictos y miserias.
Los países desarrollados tienen tres elementos comunes: estabilidad jurídica, estabilidad económica y un sistema político funcional (que combina adecuadamente jerarquía, coordinación y eficiencia vertical en cada poder público y balances y contrapesos horizontales entre los poderes). Esta es la columna vertebral de una constitución y es lo clave de analizar. Si uno se queda en las cosas accesorias se pierde en la maraña de derechos, deberes y beneficios. Por eso en el análisis se debe ir a la estructura primero y, si pasa ese test, entonces a los elementos accesorios o decorativos.
La estabilidad jurídica exige que los gobernantes estén sometidos a la ley; que el sistema jurídico proteja los derechos de las personas frente al riesgo de abuso del poder del estado, del gobierno o de mayorías circunstanciales y un estado de derecho que excluya y persiga la violencia. Para que haya estabilidad jurídica se requiere derechos personales protegidos, un poder judicial independiente y profesional y un sistema político que tenga un poder limitado para cambiar las reglas de juego.
La estabilidad económica supone un gobierno sujeto a la ley de presupuesto y que sea capaz de controlar el gasto de las entidades públicas. Se requiere un banco central independiente y profesional que sirva de contrapeso al poder político y al gobierno en su apetito por gastar y endeudarse y una centralización de la decisión de emitir moneda. Así, protegiéndonos contra la inflación, el BC cuida el valor de nuestros sueldos, de nuestros ahorros, de los precios de los productos y servicios y protege a las futuras generaciones de la tentación de la actual de endeudarse y gastar comprometiendo el futuro.
Finalmente, una buena constitución organiza el sistema político de una manera funcional coordinada y eficiente, donde menos burocracia y menos cargos públicos es mejor que más, donde no debe haber superposición de funciones, de jurisdicciones ni contradicción de objetivos. Es preciso además que el proceso de cambio de reglas (legislar) sea conocido, participativo, transparente y sujeto a control constitucional. Esto permite que el estado funcione en forma eficiente al servicio de la gente; que el gasto en burocracia sea mínimo y el gasto social máximo, y que los cambios de reglas sean los menos y no los más, y fruto de amplios consensos. Finalmente se requiere que los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- tengan un plan de igualdad con capacidad de servir de contrapeso a los demás, para que ninguno se erija en opresor.
Una receta de fracaso y desorden
Bajo estos tres estándares el proyecto constitucional falla miserablemente.
El poder judicial queda atomizado, con jurisdicciones especiales y sesgos étnicos o sexuales incompatibles con la igualdad ante la ley; con el nombramiento y evaluación de los jueces sujeto al control político e indígena; con reglas del juego fácilmente cambiables por un congreso unicameral donde se decide por mayorías simples (dado que se legisla con mayoría simple de los presentes y que se requiere un tercio al menos para sesionar, en la práctica con un sexto más 1 parlamentario se puede legislar); donde en el derecho de propiedad quedan desprotegidas la forma de pago y el precio en caso de expropiación y el contenido de dicho derecho sujeto a ley simple (el contenido corresponde a lo que el derecho civil denomina las facultades de usar, gozar y disponer de sus bienes); y donde los derechos personales se subordinan a conceptos ambiguos e imprecisos, como los derechos de la naturaleza o de los animales.
El Banco Central queda sujeto al control político en el nombramiento y evaluación de su labor; se le agregan objetivos extraños a su trabajo como la protección del medio ambiente o la promoción del empleo, lo que abre un espacio para acusar a los miembros del consejo si desatienden ese propósito. Lo mismo pasa con la disciplina financiera del estado. Se permite que municipios y regiones creen empresas (que terminan quebradas, como la farmacia de Jadue, o compiten con los privados sin las mismas reglas y gastando el dinero de los contribuyentes) o se endeuden descontroladamente; la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos se debilita porque la Cámara de Diputados puede forzar al presidente en materia de gasto público.
El sistema político diseñado es disfuncional. Se crea una burocracia gigantesca (más de 72 nuevos entes públicos, algunos de los cuales tienen 394 oficinas) que no agregan valor alguno a un trabajo eficiente del estado. A través de la plurinacionalidad, mediante ley simple se le podrá reconocer soberanía a las etnias y sus territorios generando países dentro de Chile con sus propias reglas, recursos y fronteras y se sobreponen organismos y autoridades sin ningún orden (se multiplica el problema que existe hoy entre los gobernadores y los delegados presidenciales). El poder final lo tiene la Cámara de Diputados, -la cámara con peor evaluación pública-, donde podrán ser elegidos analfabetos de 18 años o incluso condenados por violación u homicidio, y donde los indígenas o los afrodescendientes tendrán escaños reservados; se acaba el control preventivo de constitucionalidad de las leyes y las personas deberán defender sus derechos ante un poder judicial debilitado y sujeto a control político (jueces evaluados cada 5 años con criterios políticos). Se suprime el Senado que ha representado la moderación en nuestra historia, y como si todo esto fuera poco, los funcionarios públicos podrán declararse en huelga por razones políticas, que no guardan ninguna relación con sus condiciones de trabajo y remuneración lo que hará ingobernable el estado.
En resumen, la columna vertebral de esta constitución es una receta de fracaso y desorden porque:
(i) fortalece al poder de los diputados (que son los adolescentes de nuestro sistema político) y debilita al presidente, al poder judicial, al Banco Central y elimina el Senado (que son los adultos);
(ii) se protege y sobre representa políticamente a la minoría indígena (son los únicos que tienen sus derechos protegidos y a los cuales la mayoría no puede hacerles nada sin preguntarles) y se desprotege a la mayoría de chilenos (a los cuales la mayoría puede hacerles de todo sin preguntarles);
(iii) se debilita el poder de las regiones, que hoy en el senado predominan e intervienen en todo (Santiago tiene el 40% de la población y el 10% de los senadores); y
(iv) se fortalece al estado, la burocracia y los políticos y se debilita a la sociedad civil;
(v) se invisibiliza a la persona detrás de los colectivos (indígenas, sexuales, etc.).
Una apuesta adolescente
Nuestra constitución (hija de Ricardo Lagos) no es perfecta, ha sido reformada varias veces y se puede seguir perfeccionando, pero bajo los tres conceptos acá referidos es mucho mejor que este proyecto.
La raíz de nuestra crisis actual no está en el diseño constitucional. Nuestro problema es que deterioramos el sistema que teníamos y que funcionaba y ahora lo queremos reemplazar por otro peor, que no se ha pensado bien y que es más una apuesta de adolescentes revolucionarios que la de un estadista maduro. Una cámara legislativa no va a funcionar con 17 partidos; un gobierno no va a poder gobernar si no quiere ejercer su autoridad y aplicar las leyes; un estado deviene disfuncional si los jueces empiezan a hacer políticas públicas; si los diputados desobedecen la constitución, los políticos abrazan, celebran o cohonestan la violencia (acuérdese del homenaje a la primera línea en el congreso). Nada de eso se resuelve en esta constitución ni se resuelve con una constitución perfecta. Lo que sí está claro es que este proyecto empeora todo lo que estamos viviendo y agudiza los problemas que ya teníamos sin solucionar ninguno de ellos.
Chile no va a mejorar sus pensiones si se gasta o expropia los ahorros, no va a mejorar la educación y la salud si la estatiza; no va a llover más ni multiplicar el agua si la expropia; no van a mejorar la calidad de los servicios públicos si los funcionarios pueden vivir en huelga; no va a mejorar la inversión ni habrá más trabajo, empleo y mejores remuneraciones si la Constitución contiene un catálogo de amenazas a la inversión y el emprendimiento.
Arreglar nuestro Chile querido tomará tiempo y trabajo, y esa larga marcha empieza por rechazar esta constitución y ponerse a trabajar en un texto que de verdad se haga cargo de nuestros desafíos. Nos prometieron una constitución nórdica y nos entregaron una bolivariana. Por eso, ojalá los chilenos se informen bien y voten sin esa deformación chilena de “démosle no más, ahí la arreglamos”. (El Líbero)
Gerardo Varela
