El tema del momento es la acusación mal llamada “constitucional” que un grupo de parlamentarios de izquierda ha presentado en contra de tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Opiniones van y vienen, pero pocos han puesto atención a los alcances reales que este acto puede tener para la estabilidad institucional del país.
En carta al Director de El Mercurio del 7 de septiembre de 2018, el ex – ministro Jaime Campos Quiroga alerta por primera vez sobre la gravedad de fondo de esta situación: los parlamentarios que suscriban esta acusación con su voto estarán cometiendo una violación de las normas constitucionales, lo cual los expone a ser cesados en su cargo por el Presidente de la República, previa confirmación del Tribunal Constitucional.
En el Cuerpo “A” de El Mercurio de esta fecha (8 de septiembre), el Profesor de Derecho Cristóbal Eyzaguirre B., profundiza este tema, citando el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Chile, en el que se dispone que cesarán en su cargo los diputados que “de palabra o por escrito propicien el cambio del orden jurídico constitucional por medios distintos de los que establece esta Constitución”. Al respecto, cita además el profesor Eyzaguirre el Artículo 76 de dicha Ley Fundamental, cuyo texto prohíbe expresamente a los diputados la revisión de los fundamentos o el contenido de los fallos judiciales.
La Corte Suprema de Justicia, máxima expresión del Poder Judicial chileno, ha alertado claramente sobre la violación de las normas constitucionales que significa la irrupción de los diputados en su ámbito de exclusiva responsabilidad.
El Poder Ejecutivo ha hecho saber, reiteradamente, su preocupación por el curso de esta acusación parlamentaria, advirtiendo sobre la necesidad de mantener el respeto a la Constitución. Sin embargo, en el tenso clima político que nos envuelve desde la victoria de la derecha en las últimas elecciones, nadie parece querer razonar acerca de las consecuencias que dicho acto puede tener para los parlamentarios y para la estabilidad institucional y general del país, dando la impresión de que algunos de los derrotados ansían provocar el caos, buscando obtener de éste lo que la ciudadanía les negó con su voto.
Siendo tan graves las consecuencias que ello puede traer, sorprende la liviandad con la que muchos diputados de la fenecida Nueva Mayoría han acogido y acatado la estrategia anárquica impuesta por el Partido Comunista. Algunos pueden pensar que se trata de una nueva demostración de la degradación terminal que aqueja a la clase política chilena. Otros, pueden asociar esta falta de responsabilidad de algunos políticos a la escasa o nula formación académica de quienes hoy se visten con el poder del legislador.
Al evocar las imágenes de la Cámara de Diputados en sesión, es imposible dejar de recordar la ridícula presencia de aquel bufón de las antenitas o la princesa de las plumas, muestra innegable del nivel al que ha llegado el desprecio de los electores para elegir a sus representantes, reemplazando la responsabilidad cívica por una nueva forma de sarcasmo representativo.
Cabe señalar que ꟷdada la desidia cívica de los electoresꟷ en la trascendente sesión en que se verá la acusación constitucional, participará con su voto precisamente el más ridículo de todos los ocupantes del Congreso Nacional, seguramente sin tener la menor idea de lo que está haciendo, mientras sueña con la luna y tararea alguna de sus también ridículas canciones. Así, en conjunto con el resto de los legisladores, se llegará en unos días a una decisión: aprobar o rechazar la acusación en contra de tres distinguidos miembros del Poder Judicial, cuyos fallos no fueron de su agrado.
Si la rechazan, aquí no habrá pasado nada…o quizás, se hayan levantado banderas de alerta que puedan impedir o neutralizar otras intentonas totalitarias, como la que se pretende…o, en el peor de los casos, algún magistrado más timorato que otros se verá inducido a modificar sus fallos, a fin de evitar causar enojo a los “señores” parlamentarios.
El asunto se complica si la acusación es aprobada, puesto que ꟷsin perjuicio del rol que corresponde al Senadoꟷ los diputados que voten a favor estarán violando la Constitución y, de acuerdo a ella, debieran ser cesados en sus cargos.
La secuencia debiera comenzar por la comunicación de la aprobación de la acusación al Presidente de la República, quien debería solicitar al Tribunal Constitucional un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de dicha aprobación y de las responsabilidades de quienes la suscribieron.
Confirmada la inconstitucionalidad por parte del TC, el mandatario estaría obligado por la Constitución Política del Estado que juró respetar, a cesar en sus cargos, en forma inmediata, a los diputados en cuestión.
A continuación deberá disponer lo necesario para su reemplazo, probablemente convocando a elecciones, debido a la gran cantidad de afectados. Los diputados cesados, por su parte, deberían hacer abandono de sus cargos en forma inmediata, entregando oficinas, vehículos, etc.
Encontrándose al timón de esta situación el partido político más anárquico entre todos, es probable que la estrategia para reaccionar ante una eventual decisión de este tipo se encuentre completamente estudiada y evaluada. Es entonces dable pensar en la altísima probabilidad de que los cesados se declaren en rebeldía, negándose a abandonar sus cargos y llamando a masivas y violentas manifestaciones en contra de la decisión del Gobierno. Éste, a su vez, probablemente recurrirá al Poder Judicial para que se disponga judicialmente el desalojo y la requisición de los bienes fiscales correspondientes. Podemos imaginar el nivel de enfrentamientos que ello acarrearía, otorgando “el agua al pez” que los comunistas buscan desde siempre para conseguir sus fines.
Felizmente, el nivel de caos no dará ꟷcomo en 1891ꟷ para una Guerra Civil, principalmente por la muy probable negación de las FF.AA. para involucrarse en uno u otro bando o para participar en acciones de control del orden público, impelidas por la larga campaña de odio y venganza proveniente del mundo de los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo se verá así seriamente restringido para reponer la calma, imponer las resoluciones de la justicia y cumplir sus deberes constitucionales. ¿Qué nos queda esperar entonces de un caos como el imaginado? ¿Habrá valor para dictar los estados de excepción constitucional que corresponda? ¿Existirá el coraje gubernamental para hacer cumplir la Ley en toda su dimensión? Ante el fracaso de todo ello, ¿veremos llegar el fin de la democracia, provocado una vez más por la incapacidad de los políticos para conducir el país y garantizar el orden y la paz social?
Probablemente no llegaremos a tanto y la solución provenga de algún “arreglín” como los que nos tienen acostumbrados. Una cosa es segura: esta vez la clase política no podrá buscar la solución recurriendo a aquellos que por años han sufrido el maltrato discriminatorio de algunos o el abandono desleal de otros. El caos ꟷesta vezꟷ será de cargo de aquellos que lo provoquen. (Red NP)
Carpóforo
