La Constitución establece que para la provisión de ciertos cargos el Presidente de la República requiere el acuerdo del Senado, algunos con un quórum bastante alto. Probablemente, el sostenido éxito electoral de la Concertación produjo que durante un tiempo muy prolongado no hubiera alternancia y gobernantes de un mismo sector político pudieran sesgar la composición de órganos tan importantes como la Corte Suprema, quitándole el atributo esencial del pluralismo. Adjetivo que no se restringe, ni utilizo aquí, en su acepción puramente político ideológica.
Con la participación del Senado se buscó que la oposición también tenga un rol y, de esa manera, se evitara la captura de las instituciones. Sin embargo, este objetivo ha ido desnaturalizándose, algunos senadores han ido ejerciendo progresivamente esta atribución de una manera que puede causar un daño tanto o más importante que el beneficio que se consigue con su participación, si es que esto no se corrige.
El acuerdo del Senado no debe entenderse como una coparticipación en la elección del nombre respectivo. En casos como el de los ministros de la Corte Suprema, del contralor general de la República o del fiscal nacional, por mencionar algunos, la facultad de elegir un nombre recae en el Presidente de la República, exclusiva y autónomamente; no es, ni debiera ser, objeto de negociaciones. Una cosa diferente es que, planteada la persona en concreto, los Senadores hagan una evaluación acerca de si con esa elección el gobernante está abusando de alguna manera de su atribución o ha elegido a una persona manifiestamente carente de idoneidad profesional o ética. Lo del Senado es un elemento de control y escrutinio, pero no de cogobierno.
En la práctica lo que sucede es que algunos senadores, como ocurrió recientemente con la propuesta para Fiscal Nacional, plantean abiertamente que preferían a otro de los integrantes de la quina, tienen “su” candidato y hacen verdaderas campañas para que el propuesto sea rechazado y pueda abrirse una posibilidad al nombre de su preferencia. De esta manera el proceso de designación y las audiencias se convierten en un campo de batalla, se levantan todo tipo de acusaciones y rumores, se evalúa el mérito de sentencias judiciales pasadas -recuérdese el caso del ministro Raúl Mera, un juez distinguido y respetable cuya designación en la Corte Suprema fue rechazada- o de los clientes que puede haber representado un abogado en su vida profesional o las decisiones que pudo haber adoptado un Fiscal en causas específicas.
La disposición de profesionales de excelencia para someterse a este procedimiento será cada vez menor y condenaremos progresivamente a la mediocridad a varias de las instituciones más importantes del Estado. Así como Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, nosotros estamos creando una suerte de banalidad de los nombramientos, que repele la excelencia, pero atrae la mediocridad y la captura de los cargos. Todo lo que quiso evitarse con el acuerdo del Senado. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
