Así se está yendo la oportunidad de la derecha de hacer cumbre en lo que respecta al tremendo desafío que supone la instalación de una Nueva Educación Pública (NEP) de calidad. Por alguna razón, el gobierno actual no ha impulsado con la fuerza necesaria la desmunicipalización y el traspaso de los establecimientos municipales al alero de Servicios Locales (SLE), lo que está haciendo que se pierda la posibilidad estratégica de recuperar en lo político aquel bastión monopolizado por la izquierda de ser el defensor único de la educación pública, y de fortalecer la oferta educativa en pos de velar por una real libertad de elección para las familias en todo el sistema.
Está claro que no es fácil sacar adelante el proyecto de una administración que dejó la implementación completa a otra, ni hacerse parte de una reforma que, con buenas razones, no se compartía en un inicio, y que además tiene un costo fiscal significativo. Sin embargo, esto no es suficiente para dar sentido al poco éxito obtenido en cuanto al desafío de modernización y fortalecimiento de la función pública en esta labor, lo que ha sido evidenciado en aspectos como la demora con que se eligió una cabeza capaz de dirigir el proyecto, la descoordinación entre las distintas instituciones estatales y la postergación del eje pedagógico que no ha contado con el apoyo técnico necesario producto de los plazos acotados para hacer la transición. ¿Cuál podría ser el motivo para que aún no sepamos cuáles son los 15 SLE que deben estar implementados para el primer semestre del 2022?
Además de lo anterior, no se ha podido determinar cuál ha sido su contribución a la calidad de la educación. No parece haber evidencia o al menos promoción de ella, de que la NEP esté siendo un mejor servicio para los ciudadanos. Esto es muy relevante si tenemos en cuenta que a este lamentable dilema se suma el factor pandemia, que ha golpeado duramente a la educación, en especial a la de los estudiantes más vulnerables del país, quienes son justamente el centro de este sistema. Me preocupa que al no entregar el esfuerzo que requiere un cambio tan profundo como este, quede varada en la orilla la oportunidad de poner efectivamente a todos los niños primeros en la fila, haciéndolos pagar una vez más con la dilación en el acceso a más y mejores oportunidades para su desarrollo.
Próximamente se entregará un informe de medio término que por ley podrá proponer modificaciones legales, extensiones del calendario o nuevas formas de implementación y administración, entre otras medidas según las necesidades que se detecten. Visto de otra forma, podría decirse que con esto el sector de la actual administración tiene la posibilidad de sumarse de manera concreta al diseño de esta reforma, revirtiendo así su falta de convicción en esta importante materia, y quitando cualquier excusa futura al porqué no haberse sumado, en lo político y lo educacional, a la construcción de una mejor educación pública para Chile. Ojalá, este 2021, a pesar de ser el último tramo, se pueda retomar una oportunidad que ya casi se ve perdida. (La Tercera)
Sebastián Izquierdo
