En la noche del viernes 10 de mayo, la cámara de seguridad de un cajero automático de una sucursal del Banco Scotiabank, ubicada en Avenida Apoquindo, sorprendió a dos delincuentes instalando un dispositivo para clonar tarjetas. El banco avisó inmediatamente a Carabineros de Chile, quienes afortunadamente detuvieron a ambos delincuentes en flagrancia.
Sin embargo, al día siguiente, al efectuarse el control de detención, el juez de garantía desestimó la solicitud de prisión preventiva, solicitada tanto por el banco como por el Ministerio Público. El juez consideró que era desproporcionado, ya que los hechos descritos se encontraban en grado de desarrollo de tentativa, lo que, en su criterio, llevaría a una condena probable entre 1 a 40 días de presidio.
Lo anterior, a pesar de que los delincuentes fueron sorprendidos en un delito flagrante, de las imágenes captadas por la cámara de seguridad y presentadas en la audiencia, así como de haberse determinado que estos mismos sujetos habían instalado skimmers en otras sucursales bancarias y que uno de ellos tenía dos condenas por el mismo delito (2015 y 2019).
Esta situación es claramente preocupante, ya que las mayores exigencias impuestas a los bancos en materia de seguridad no siempre cuentan con el respaldo de penas privativas de libertad acordes con estos delitos, ni tampoco con la decisión de algunos jueces de garantía para proteger a la ciudadanía ante delitos graves y, en algunos casos, flagrantes que afectan a los clientes de los bancos y a estos últimos, como también al desarrollo de los medios de pago.
En definitiva, es urgente perfeccionar nuestra legislación para desincentivar la comisión de estos delitos, tanto mediante un aumento en las penas, como también con la decisión de nuestros tribunales para asignar la gravedad que corresponde a delitos que afectan al desarrollo y la seguridad de los medios de pago. (El Mercurio)
José Manuel Mena
