El estudio «Del dicho al hecho» realizado por la fundación Ciudadano Inteligente publicado este lunes señala que la Presidenta Michelle Bachelet, que está a punto de cumplir su tercer año de mandato, ha cumplido el 48% de las 172 promesas de su programa de Gobierno.
De acuerdo al informe, las áreas mejor evaluadas son Energía y Educación, mientras que Defensa, Infancia y Jóvenes, y Transporte y Telecomunicaciones figuran con menos avance.
El estudio, además, cifra en 2,5 (en una escala de 1 a 4) la coherencia entre las promesas legislativas y los proyectos de ley efectivamente enviados al Congreso. Ambas cifras son superiores a las del gobierno de Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato (37% con una coherencia de 2,3). Pero, Ciudadano Inteligente subrayó que la coalición del actual periodo cuenta con la mayoría parlamentaria, condición con la que el gobierno anterior no contó.
EVALUACIÓN DE LOS AVANCES
Respecto a las áreas más avanzadas, Energía cuenta con un 95% de cumplimiento, Educación con 73%, Equidad de Género con 68% y Salud con 67%. Mientras que las menos avanzadas son Transporte y Telecomunicaciones con 8%, Defensa con un 23% y las áreas de Agricultura e Infancia y Jóvenes con un 20%.
Octavio del Fávero, coordinador legislativo de la fundación, manifestó que «el Gobierno muestra un avance importante en comparación con la administración anterior, pero sigue siendo bajo en cuanto a lo efectivamente prometido. Cumplir con cerca de la mitad de lo que se comprometió no es suficiente desde la perspectiva ciudadana».
Agregó que «hay promesas muy sentidas para la ciudadanía que no tienen un avance o se encuentran estancadas y excluidas de las prioridades del Gobierno, tales como la ley de identidad de género, ley de Isapres, AFP, Ley Reservada del Cobre y la Nueva Constitución. Al mismo tiempo, hay que reconocer avances importantes en temas sensibles como la Alta Dirección Pública, la probidad y financiamiento de la política, Ley Ricarte Soto, sanciones a la colusión, Ministerio de la Mujer y el Acuerdo de Unión Civil».
Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020, opinó sobre el informe y sostuvo que «nuestra evaluación es regular. Destacamos cambios históricos, como carrera docente y ley de inclusión, que busca eliminar la vergonzosa segregación, pero aun así el cumplimiento es parcial, falta aprobar la nueva Educación Pública y la reforma a la educación superior. El gobierno también ha tenido dificultades para guiar el trabajo legislativo, lo que retrasa las reformas. Y por último, le ha costado comunicar la reforma y sintonizar con la ciudadanía».
En tanto, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, expresó que «valoramos la voluntad en despachar rápidamente la Ley de Unión Civil, la cual fue aprobada por el Congreso a los 10 meses de iniciado este Gobierno, algo que en tres años no hizo la administración anterior. Sin embargo, el proyecto de ley de identidad de género se mantiene en el mismo estado desde hace tres años, y aún no se presentan los proyectos de matrimonio igualitario y de reforma a la Ley Antidiscriminación. En este sentido hemos insistido en que la sola presentación de proyectos no constituyen políticas públicas y, por lo mismo, deben ir acompañados de las urgencias legislativas para que avancen en su tramitación y se conviertan prontamente en ley». (La Nación)
