A las 11:35 de este lunes en Washington DC -13:35 en Chile-, el abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentó de manera formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una petición por “violación de derechos humanos de responsabilidad del Estado de Chile y solicitud de medidas cautelares” de parte del exagente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) Raúl Lillo, uno de los seis condenados en primera instancia por el juez Alejandro Madrid. por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982.
En nueve carillas, la presentación, que ya había sido anunciada por La Tercera el pasado 2 de febrero, solicita un nuevo proceso y una indemnización de parte del Estado chileno por lo que considera como un trato arbitrario. “Resulta claro que se trata de una situación de la mayor gravedad, en la que las más altas autoridades del Estado y miembros del Poder Judicial de mi país se han empleado en contra de mi persona, sin existir los antecedentes que, en un juicio justo, con debido proceso, debieran haber evidenciado mi inocencia”, señala Lillo en el texto.
En el documento, Lillo -sentenciado a siete años de presidio en su grado mínimo como coautor del homicidio– cuestiona al juez Madrid, apuntando a motivaciones políticas tras su fallo. “La posibilidad que la muerte del expresidente Frei Montalva haya obedecido a un homicidio, ha sido creada sobre bases ficticias y es el resultado de una imposición a la fuerza del poder político, de la capacidad de mediatizar y de aplicar presiones sobre miembros del Poder Judicial chileno y de un juez obcecado como es Alejandro Madrid Crohare, quien lleva esta causa desde el año 2002, o sea, 17 años, y quien sabe que no posee reales elementos de prueba inculpatorios (…) A pesar de la extrema porfía del juez que lleva la causa, ha quedado cada vez más demostrado que la lamentable muerte del expresidente Eduardo Frei se debió estrictamente a un problema de mala praxis médica”, afirma.
A continuación, menciona actuaciones de los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet que, según apunta, habrían atentado contra la independencia del Poder Judicial. “Al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Juan Manuel Muñoz Pardo, se le impidió llegar a la Corte Suprema, habiendo sido postulado de acuerdo al procedimiento establecido, y teniendo los méritos suficientes para hacerlo, cuando uno de los hijos del expresidente fallecido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró que ni él ni la bancada (DC) que lo acompaña apoyarían la nominación del ministro Muñoz por haber acogido un recurso de amparo interpuesto por uno de los abogados defensores en contra del auto de procesamiento a favor de mi persona”, plantea sobre el primero.
“Más tarde, la expresidenta Bachelet, entonces en ejercicio de la presidencia de Chile, escribió en Twitter que ‘la justicia está llegando a quienes asesinaron al presidente Frei Montalva. Chile avanza en verdad sobre el pasado’. Todo esto antes que hubiera siquiera acusación”, añade el exagente.
“El actual presidente don Sebastián Piñera, quien tiene una amistad de larga data con la familia Frei, igualmente en el mes de agosto de 2018 también emitió juicios condenatorios sobre un caso que está en pleno desarrollo, sin fallo condenatorio de primera instancia (…) entrometiéndose en disposiciones que son privativas de otro poder del Estado, y atropellando mi presunción de inocencia”, agrega Lillo, asegurando que “en un país como el mío nadie pensaría que las opiniones condenatorias de al menos dos presidentes de la República, el presidente del Senado, varios senadores y diputados y un partido político con su directiva, el Partido Demócrata Cristiano (…) no tengan repercusión en el ánimo y las decisiones de un juez que, si tiene aspiraciones de ascender, dependerá del apoyo que reciba de las autoridades antes mencionadas”.
Por eso, Lillo hace la presentación, aunque en el propio escrito reconoce que puede no cumplirse uno de los elementos para que sea declarada admisible, según el artículo 46 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos: que se hayan agotado los recursos judiciales en el país de origen. Esto, porque Lillo aún puede apelar a tribunales superiores el fallo del juez Madrid. Sin embargo, el exagente plantea que tiene “absoluta falta de confianza en que se pueda hacer justicia en instancias superiores, dado el inmenso poder de mis acusadores”.
Meza además presentará una denuncia -suscrita por internos del penal ubicado en Tiltil – por la presunta violación de garantías del debido proceso por la justicia chilena en causas de derechos humanos. (La Tercera)
