China, a través de su Embajada en Santiago de Chile, condenó el grave ataque incendiario que ayer domingo afectó a Rucalhue Energía SpA -filial del conglomerado “China International Water & Electric Corp CWE”- en la comuna de Santa Bárbara, región del Bío Bío.
Emplazó al presidente Gabriel Boric una “investigación exhaustiva”, además de mayores medidas de seguridad, luego que desconocidos maniataran a guardias de la hidroeléctrica para quemar al menos 50 vehículos (se estimarían pérdidas que ascenderían a los $4.000 millones).
Es necesaria “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”, afirmó la Embajada en un comunicado.
La compañía Rucalhue Energía, por su parte, indicó que está haciendo una evaluación completa de las pérdidas y que este tipo de hechos “no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de Derecho”.
El proyecto, agregó la compañía, “cumple con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente, y que su desarrollo ha sido parte de un proceso transparente ante las instituciones del Estado”.
Sobre este ataque, el presidente Boric aseguró que “merece toda condena”.
“Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia”, afirmó.
China es el principal socio comercial de Chile y uno de los principales inversionistas en el territorio, en sectores estratégicos como el energético, salmonero y minero.
Las relaciones comerciales entre ambos países son de larga data y se fortalecieron gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2005, y su actualización en 2019.
GERENTE GENERAL
Diego Vio, gerente legal de Rucalhue, central víctima de un inédito atentado incendiario que dejó 51 vehículos quemados la madrugada del domingo, señaló que el ataque del cual fue víctima la instalación de la firma constituye una agresión al Estado de Chile.
En concreto, Vio indicó en T13 Radio que esto «es un atentado contra la institucionalidad del Estado de Chile. Es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de esto. Porque esto no nos afecta solo a nosotros, esto es un atentado a la forma en que se desarrollan los proyectos en Chile».
El ejecutivo añadió asimismo que es «el Estado el que tiene que luchar contra estos actos terroristas, no las empresas privadas». Y añadió que el «impacto que estos actos de tipo terroristas, violentos, tienen en la comunidad, en los trabajadores, en los proveedores, evidentemente también es un impacto económico».
En esa línea, sostuvo que el «impacto económico va más allá del daño directo (…) «tiene un impacto en la forma en que los proyectos se desarrollan en Chile».
En relación a las medidas de seguridad que se han adoptado en la región -y que incluyen el Estado de Excepción-, indicó que «son insuficientes, y es parte del proceso de conversación que tenemos que tener hoy día con las autoridades».
«Es difícil trabajar en un entorno de violencia. Hay que trabajar para terminar con ese entorno de violencia», aseguró también el ejecutivo. (Bio Bio-Emol)
