El pasado 21 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela descartó que el referendo revocatorio, que es impulsado por la oposición y que busca remover al Presidente Nicolás Maduro, pueda celebrarse este año.
Así, el organismo sostuvo que podría tener lugar en marzo de 2017, ya que si es que se cumplen los requisitos de la consulta hay 90 días reglamentarios para realizarla. Esto si es que se convoca en diciembre.
Tras esta determinación, los gobiernos de Chile, Argentina, Brasil, México, Paraguay y Perú, manifestaron su preocupación. La decisión «entre otros aspectos, implica un método determinado para la recolección del 20% del padrón y que tiene el efecto de postergar la realización del referendo revocatorio hasta el 2017, afectando así el sentido de la consulta», se indicó en un comunicado.
Además, se reiteró el «apoyo y disposición de contribuir para la realización de un diálogo entre el gobierno y los distintos actores políticos y sociales venezolanos, que permita, a través del entendimiento mutuo, promover la estabilidad política, la recuperación económica y el pleno respeto a los derechos humanos».
La declaración fue firmada por los cancilleres Heraldo Muñoz (Chile); Susana Malcorra (Argentina); José Serra (Brasil); Claudia Ruiz Massieu (México); Eladio Loizaga (Paraguay) y Ricardo Luna (Perú).
La oposición venezolana, por su parte, aseguró que lo señalado por el CNE dilata el plebiscito ya que si este se realiza después del 10 de enero -cuando se inician los dos últimos años de este gobierno-, y Maduro es revocado, sería su vicepresidente el encargado de completar el mandato hasta principios de 2019. (La Tercera)