La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue creada en diciembre de 1948 como un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para promover el desarrollo económico y social de la región. Si bien en su página web no figuran ni el presupuesto de gastos ni la cantidad de personas que trabajan, dadas las ocho sedes en que opera (Santiago, Washington, Ciudad de México, Puerto España, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires y Montevideo), y las excelentes condiciones salariales de sus funcionarios, es de suponer un elevado costo anual para la ONU y los 46 miembros asociados, dentro de los cuales está Chile. Como toda organización financiada con nuestros impuestos, cumplidos 73 años desde su creación, es pertinente revisar cuan efectiva está siendo la CEPAL en el cumplimiento del propósito para la cual fue creada.
Más allá de los diversos documentos a los cuales hace referencia la Institución, lo cierto es que no exista prueba alguna sobre la utilización relevante de estos, ni de sus funcionarios, en el diseño de políticas públicas de la región o discusiones de temas como carga tributaria, pensiones, modernización del estado, salud y constitución. Como contrapunto, es notoria y evidente la contribución en estas y muchas otras materias de todo tipo de universidades, think tanks, académicos y especialistas. Si se trata de benchmarks y comparaciones, solo vemos informes relacionados con la OCDE, el Work Economic Forum e instituciones privadas que elaboran rankings de competitividad y libertad económica. Y si se trata de medios periodísticos, sea TV o diarios, no existe traza alguna de estudios, conclusiones y recomendaciones que hayan surgido de la CEPAL. Todo indica que las diversas publicaciones a las cuales hace mención la Institución solo sirven para adornar las bibliotecas de sus propias oficinas.
Si no fuera por su edificio ubicado en la comuna de Vitacura, diseñado por Emil Duhart e inaugurado en 1966, o de enterarnos por la prensa de los fabulosos sueldos exentos de impuestos de sus funcionarios, y del notorio apoyo de su Secretaria Alicia Bársena a las dictaduras de Cuba y Venezuela, no tendríamos manera de enterarnos de la existencia de la CEPAL.
La falta actual de influencia y relevancia contrasta notoriamente con su época de oro en los años cincuenta y sesenta, cuando fue capaz de posicionar en la región su “pensamiento cepalino” en materias tales como la Sustitución de Importaciones, Desarrollo Productivo dirigido por el Estado y Reformas Agrarias. Claro está que el oro de esa época está relacionado con la difusión, enseñanza y adopción de sus teorías, y no precisamente con los resultados de estas, que terminaron siendo un verdadero desastre. En el caso particular de Chile, el desarrollo de industrias tales como la minera, frutícola, forestal y salmonicultura, la tremenda disminución de la pobreza, el aumento del PBI y la apertura comercial del país se generaron con políticas radicalmente distintas a las promovidas por la CEPAL.
En definitiva, podemos estar muy contentos y aliviados de la irrelevancia de esta nefasta institución, pero al mismo tiempo debemos preocuparnos por cortar el financiamiento de organizaciones, como la CEPAL, que no aportan valor alguno, y que solo son capaces de emitir documentos que nadie mira y cuya única razón de ser es la de mostrar un índice de publicaciones que pretenden justificar su existencia. Es hora de que las Naciones Unidas eliminen estos elefantes blancos que solo generan gastos, redirigiendo los recursos liberados a proyectos sociales que agreguen verdadero valor. (El Líbero)
Gabriel Berczely
