Un premio a la lealtad. Así fue interpretado al interior de La Moneda el aterrizaje de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como nuevo miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Un cargo asociado a suculentos beneficios, con un sueldo que supera los 7 millones de pesos, sin dedicación exclusiva y que es prácticamente inamovible, ya que se extiende hasta los 75 años y la única forma de ser removido es con el acuerdo del Senado.
Un cargo dorado que ha ido convirtiéndose en una suerte de premio político, lo que se ve refrendado por la polémica llegada de Blanco, que mantiene una relación de estrecha cercanía con la Mandataria, conocida por ser parte del bacheletismo duro y pieza clave, como ministra de Justicia, para mantener un nexo entre Palacio y el Ministerio Público en los casos de platas de financiamiento ilegal de la política.
La abogada ha sido foco de airadas críticas justamente por esta cercanía política con la Mandataria, pero también por lo cuestionada que salió del cargo de ministra y por las inhabilitaciones que deberá enfrentar en casos como el de la investigación por las jubilaciones en Gendarmería.
Pero Blanco solo es la guinda de la torta. Lo cierto es que, desde hace años y paulatinamente, el cargo de consejero del CDE ha ido adquiriendo un sello de premio para el que se lo adjudica. Marcado además por la lógica del “cuoteo”, que tiñe a diversas instituciones ligadas al Estado, como el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Tribunal Constitucional (TC) o el Servicio Electoral (Servel), donde sus miembros, más allá de sus conocimientos técnicos y trayectoria profesional, están ligados a los grandes partidos. Es así como la DC, el PS, la UDI y RN tienen cercanos a sus filas en organismos claves para el país.
De hecho, y varias semanas antes de la designación de la ex secretaria de Estado –que es independiente pro DC–, un abogado ligado a la Nueva Mayoría señalaba a este medio que “está pendiente hace más de un año el nombramiento de un consejero. ¿Por qué? Es el premio para alguien. El cargo lo designa el Presidente de la República de turno y, como dura hasta los 75 años, el Presidente renueva su poder de nombramiento cuando alguno se retira”.
Mientras estuvo en La Moneda, Sebastián Piñera nombró a Juan Antonio Peribonio como director del Sernac, luego como intendente de Santiago y, días antes de terminar su mandato, el 6 de marzo de 2014, lo designó en el CDE. En ese mismo nombramiento, puso en la presidencia del órgano colegiado al que fuera su subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien fue tentado en su momento para militar tanto en RN como en Amplitud, pero el abogado optó por seguir como independiente de derecha, según constató revista Qué Pasa.
En marzo, se cumple el plazo para elegir un presidente del Consejo de Defensa del Estado y la pregunta es: ¿a quién va a nombrar Bachelet? Se ha hablado mucho de la abogada socialista Paulina Veloso –que está en el CDE inicialmente como abogada desde el 2005– o de su actual mano derecha y jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, según señalan cercanos al Gobierno. Lo que está claro, es que difícilmente será alguien que no cuente con una meridiana cercanía con los partidos de la Nueva Mayoría y, sobre todo, de la Mandataria.
“En el caso del CDE, vemos claramente cómo un organismo técnico se fue transformando progresivamente en un botín de privilegios”, señalan las mismas fuentes gubernamemtales.
Según recuerda un antiguo miembro del CDE, básicamente “antes los consejeros se elegían por la necesidad de una especialidad. Si faltaba un civilista, se buscaba un profesor de (Derecho) Civil, si faltaba un penalista se buscaba un profesor de (Derecho) Penal. Y se trataba también de que fuera la misma gente del servicio la que pasara a ser consejero. Cuando venía alguien de afuera era porque necesitaban a una persona con una especialidad que no estaba dentro del consejo. Ya no es así”, afirma.
Los actuales consejeros tienen un perfil marcadamente político: 9 de los 12, están vinculados a algún partido o conglomerado.
Los tres consejeros nombrados por el Presidente Ricardo Lagos militan en partidos de la hoy Nueva Mayoría. Es el caso del abogado socialista Rodrigo Quintana, que es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción, liderada por el poderoso lobbista Enrique Correa. Además, desde 2011 es socio del poderoso bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ).
Veloso fue subdirectora del Sernam durante el Gobierno de Eduardo Frei y, luego, ministra de la Segpres en el primer mandato de Bachelet, para después arribar como consejera del CDE. Ese mismo año fue nombrado presidente de la instancia el abogado DC Carlos Mackenney, que fue subsecretario de Guerra de Eduardo de Frei y subsecretario de Marina de Lagos, quien además goza de una estrecha cercanía con la Presidenta Bachelet, oficiando en muchas ocasiones como su consejero en las sombras.
Durante su primer Gobierno, Bachelet designó a la académica y directora del Centro de Estudios de la Universidad de Chile, María Inés Horvitz (PS), en 2006. Ese año fue designada consejera suplente una antigua funcionaria del CDE, Ana María Hübner, ligada a Chile Vamos, asumiendo como titular en 2007.
En tanto, Eduardo Frei nombró a la ex directora Jurídica de la Universidad de Chile, Clara Szczaranski, independiente ligada a la Nueva Mayoría.
Los otros tres miembros del CDE son María Eugenia Manaud, Jaime Varela y Daniel Martorell.
CUOTEO Y CONFLICTO DE INTERES
Uno de los grandes beneficios que tienen los consejeros del CDE, es que no tienen dedicación exclusiva, lo que les abre la puerta a ejercer diversos cargos. Libertad que ha sido cuestionada porque varios litigan en causas privadas, abriendo manifiestos conflictos de interés con su labor en el organismo estatal. Emblemático es el caso de Rodrigo Quintana, cuyo estudio ha tramitado causas de empresas en abierto conflicto con el Estado, como SQM. Su trabajo como lobbista también lo enfrenta a una línea de acción muy delgada entre ambas tareas.
Es por esto que en 2015 los diputados DC Jaime Pilowsky, Sergio Espejo y Matías Walker, presentaron un proyecto de ley que busca establecer la dedicación exclusiva de los consejeros del organismo.
Hace dos semanas, Pilowsky se reunió con el ministro de Justicia, Jaime Campos, para solicitar que el Ejecutivo pusiera urgencia a la iniciativa, sin resultados. «Defender a la vez intereses privados y públicos siempre puede poner un manto de duda. Si no hay exclusividad, se puede jugar en el Colo Colo en la mañana y en la Universidad de Chile en la tarde, lo que, a mi juicio, es impresentable. Para dar solución a este punto, presentamos con el diputado Sergio Espejo un proyecto de ley que espero que en marzo sea analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados”, señala el parlamentario.
En todo caso, fuentes de la Nueva Mayoría advierten que al gobierno no le interesa realmente incentivar la propuesta.
Con respecto al cuoteo, Pilowsky señala que “la sociedad es cada vez más exigente y no ve con buenos ojos que las designaciones de algunos organismos públicos se hagan de conformidad a determinadas cuotas por sector. Hoy votas por mi candidato, después yo voto por el tuyo. Casos paradigmáticos hay varios, como, por ejemplo, el integrante del Tribunal Constitucional Cristián Letelier”, ligado a la UDI.
El parlamentario señaló que la solución no es fácil, “se debe responder a una ecuación difícil: dar pluralismo en las sensibilidades, pero también elegir a los más capaces para ejercer el cargo. A veces la ecuación no calza y se debe perder en calidad para ganar en pluralismo”.
Para el abogado Fernando Atria (PS), es fundamental una modernización del organismo: “El CDE tiene una estructura que es más bien anacrónica: consejeros que tienen unos nombramientos vitalicios, altas remuneraciones y pueden, además, ejercer la profesión. Si uno lo pensara hoy, probablemente no tendría estas características, porque habría una exigencia mayor. Probablemente habría un régimen de incompatibilidades mucho más acotado. Creo que hay un momento de modernización del CDE que está todavía pendiente”.
Atria añadió que “la lógica de que sean cargos vitalicios, y creo que es una lógica que debe respetarse, es que los miembros tienen que ser independientes, no tienen que mirar a recibir favores. El problema que hay hoy es que esta idea es vista como que el Consejo, en los hechos, funciona para pagar favores y deudas. Eso es un problema. En un momento de modernización, que se hace necesario, deberían buscar formas institucionales para, por un lado, garantizar que el Consejo va a actuar de modo independiente en la defensa de los intereses patrimoniales del fisco, que esa es su función, pero, por otro lado, que las formas de designación aseguren que lo que va a primar es la capacidad jurídica más que el pago de favores”.
Al hablar de favores, aclaró Atria, se refiere “a que las condiciones son tan beneficiosas, que es difícil que la designación al Consejo no sea vista como una retribución a la persona que es nombrada. La lógica del Consejo tiene que ser que, quienes están ahí, es para cumplir una función pública, no porque sus condiciones son tan beneficiosas que se les está, de alguna manera, retribuyendo. Y yo creo que la necesidad de una modernización tiene que ver con eso, con asegurar que al Consejo van a llegar quienes deben llegar, más que quienes conviene que lleguen para retribuirles algún favor político”.
En todo caso, el abogado dijo que “no estoy acusando nada con eso, ni que esto haya pasado. Estoy diciendo que tiene que haber condiciones para que esto no pase. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención, especialmente con esta última designación, y no quiero emitir un juicio sobre la capacidad de la designada, pero sí sobre el hecho de que ha sido recibido con escepticismo… Ha sido recibido ciudadanamente como si fuera el pago de un favor. Y la razón de haber sido percibido así, además de que se trata de una ex ministra, es que las condiciones de los consejeros son vistas como extraordinariamente beneficiosas, y eso conspira contra la necesaria imparcialidad y capacidad técnica que tiene que tener el consejo”, sostiene. (El Mostrador)
