«El fallo recurrido incurre en una interpretación absurda y contraria a derecho de las normas legales expresas que regulan la materia sobre la que se ha pronunciado (…), arribando a conclusiones aberrantes, inconciliables totalmente entre sí y con el contexto no solo de la ley orgánica de la Entidad Fiscalizadora, sino que también de todas las leyes de derecho público con que debe hacer sistema».
De esa manera, y tras una semana de análisis, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación del contralor Jorge Bermúdez- presentó un recurso de apelación que busca revertir la sentencia dictada de manera unánime por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, en la que se ordenó la reincorporación de Dorothy Pérez en el cargo de subcontralora.
En 24 páginas, y cuatro grandes puntos, el CDE asegura que, en la parte expositiva de dicha resolución, no se cumple «con el deber de fundamentación que es exigible a toda resolución judicial» y que pese a que, a su juicio, la sala no acogió ninguno de los argumentos de las partes, efectuó «una intrincada interpretación de diversas normas legales a fin de determinar el marco jurídico por el que, a su juicio, se rige el cargo de Subcontralor, para reconocerle a la recurrente -Pérez- un derecho que no tiene, o al menos, que no es indiscutido, para justificar así la supuesta ilegalidad del acto recurrido».
Y remata: «Tampoco existe garantía constitucional indubitada alguna, lo que queda de manifiesto de la artificiosa argumentación que realiza el sentenciador para dar por establecida su supuesta vulneración».
La naturaleza del cargo De acuerdo al recurso, la sentencia «parte de la base errónea de que el cese de funciones fundado en causales legales determina la naturaleza del cargo», sosteniendo que la situación es a la inversa. Así, indica que la resolución indica que puesto de subcontralor «no es de exclusiva confianza», aludiendo a que dicho empleo sería de carrera, por lo que deberían aplicarse causales legales de despido. «Esta argumentación resulta absolutamente errónea, puesto que el cese por causales legales no es un elemento que diferencie a un cargo de carrera de uno de exclusiva confianza», sostiene.
Y concluye respecto a esto asegurando que ambos casos «sólo pueden cesar en virtud de una causal prevista en la ley, por lo que la premisa del razonamiento del fallo es equívoca», ya que la diferencia entre ambos es, en efecto, la pérdida de confianza, puntualizando que son solo los cargos de carrera los que tienen «derecho a la estabilidad en el empleo». Precisiones Además, la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud asegura que «la sentencia apelada fundamenta su decisión en hechos planteados por la recurrente, que no se corresponden exactamente con la verdad», razón por la que considera pertinente hacer algunas precisiones.
Indica que, contrario a lo que sostuvo Pérez, hay dos ex funcionarios fiscalizadores de la División de Auditoría administrativa, actualmente imputados en el fraude en Carabineros, que si fueron efectivamente sus subordinados cuando ella era jefa de dicha división. 61 días lleva fuera del cargo Dorothy Pérez Así, indica que, contrario a lo que sostuvo Pérez, hay dos ex funcionarios fiscalizadores de la División de Auditoría administrativa, actualmente imputados en el fraude en Carabineros, que si fueron efectivamente sus subordinados cuando ella era jefa de dicha división. También, que la abogada no fue nombrada como subcontralora luego de más de diez años en la institución, ya que en 2014 renunció voluntariamente de la institución para asumir un cargo de confianza en el Ministerio de Educación, y que volvió al ente fiscalizador como jefa de gabinete en 2016. Por esto, sostiene: «Al solicitarse su renuncia por pérdida de confianza el 21 de agosto de 2018, la recurrente no “tenía una carrera de más de diez años en la institución”. Por el contrario, su desempeño inmediato en la entidad era de dos años y siete meses».
Además, sostiene que la pérdida de confianza no fue solo por declarar como testigo en el millonario desfalco en la policía uniformada, sino que hay otras razones que» le fueron comunicadas verbalmente y se refieren a diferencias que ella misma reconoce en su recurso y a situaciones que están siendo investigadas en sede administrativa y penal, a las cuales no corresponde referirse, por estar protegidas por secreto».
Y en esa línea añade que ha sido ella quien ha provocado un daño a la Contraloría mediante su conducta, ya que además de acudir a la sede judicial para discutir el tema, «colaboró en una campaña de desprestigio a través de los distintos medios de comunicación». De esta manera, el CDE solicitó a la Corte de Apelaciones tener por interpuesto el recurso, para que así su superior jerárquico, es decir la Corte Suprema, lo resuelva.
Emol/Agencias
