La Presidenta Michelle Bachelet presentará durante el segundo semestre de este año su propuesta de nueva Constitución ante el Congreso Nacional, en el cual incluiría la opinión de los 204 mil chilenos que participaron en los encuentros locales y cabildos realizados por el Gobierno.
Así lo aseguró el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien explicó además que el proyecto que definirá el mecanismo para cambiar la Carta Magna será enviado “a la brevedad posible”, pese a la recargada agenda política que se avizora para este año con las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Al respecto, el secretario de Estado indicó que “tal como lo dijo la Presidenta cuando lo anunció, este proceso tenia distintas etapas. La etapa participativa, que hemos culminado hoy con la entrega de las bases ciudadanas y la etapa democrática e institucional”.
“Lo que ahora corresponde es el envío, que lo haremos a la brevedad posible, de un proyecto de reforma constitucional para definir la sede y la forma en que se resuelve una discusión constitucional, así llamado reforma al Capítulo 15”, aseguró.
Según Eyzaguirre, “eso es lo que haremos a continuación y en el segundo semestre de este año, la Presidenta entregará al Congreso su proyecto de Constitución, basado de manera genuina en lo que la gente, más de 200 mil personas, opinaron”.
Consultado sobre si la jefa de Estado contará con el apoyo de algún equipo jurídico para elaborar su propuesta constitucional, el titular de la Segpres respondió que “es prerrogativa de la Presidenta la forma en que finalmente le va a dar forma y contenido a este proyecto constitucional”.
“Pero más allá de la forma, lo importante es que será fácil observar la correspondencia entre lo que la gente opinó y lo que la Presidenta le presente al Congreso. Desde luego, será dentro de este Gobierno (…) cuando entregue su proyecto, las personas podrán contrastarlo con lo que efectivamente dijeron los 205 mil chilenos que se reunieron”, concluyó.
CONTENIDOS
A poco más de seis meses de finalizada la etapa participativa del proceso constituyente -que contó con encuentros locales autoconvocados, y cabildos provinciales y regionales- a las 10:15 horas de hoy la Presidenta Michelle Bachelet recibirá en La Moneda las Bases Ciudadanas, documento que sintetiza los resultados de los diálogos.
El escrito, que fue elaborado por el Consejo Ciudadano de Observadores, contiene alrededor de 150 páginas con los principales valores, deberes, derechos e instituciones mencionados en la etapa participativa, además de un anexo de unas 900 páginas, donde se incluyen, entre otras cosas, todas las actas de reuniones del consejo y los acuerdos tomados por el grupo.
En octubre de 2015, cuando la Mandataria anunció el proceso constituyente a través de una cadena nacional, aseguró que las Bases Ciudadanas se transformarían «en un proyecto de nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena». De ahí la trascendencia del texto que hoy recibirá el Gobierno.
VALORES
Justicia fue uno de los principios más mencionados en encuentros locales y cabildos. El informe destaca que debe ser para todos por igual y sin sistema de justicia militar. Asimismo, añade que debe ser un sistema probo e igualitario, considerando también la perspectiva de etnia y pueblos originarios.
Si bien esta es una de las conclusiones del documento, este no especifica qué porcentaje de personas aludió al tema. La omisión se repite a lo largo del texto.
En el concepto de democracia, se establece que es el único sistema de gobierno válido. Se añade que se debe complementar la democracia representativa con la revocación de cargos públicos que, según la ciudadanía, no estén cumpliendo su función cabalmente.
Además, el informe señala que el sistema democrático debe «incluir la posibilidad de llevar a cabo plebiscitos y referendos revocatorios e iniciativa popular de ley», además de establecer cargos públicos rotativos y límite a la reelección.
Respecto de la conservación del medio ambiente, en el texto se sostiene la necesidad de nacionalizar los recursos naturales. Además, se destaca el rol del Estado en el respeto del medio ambiente «asegurando primero el uso de los ciudadanos, en especial el agua».
Por otra parte, en el acápite sobre igualdad se exige igualdad de oportunidades y ante la ley, tanto para chilenos como para extranjeros residentes en el país.
Del mismo modo, se especifica que debe haber discriminación positiva por género y hacia los pueblos originarios.
El informe también señala que el texto fundamental debe garantizar una mayor autonomía de las regiones, promoviendo la descentralización política y financiera. Además, en más de una oportunidad, se exige la elección democrática de intendentes.
En todo caso, se indica que Chile tiene que avanzar hacia regiones más autónomas, pero sin dejar de ser unitario.
DEBERES E INSTITUCIONES
En el capítulo sobre deberes, se señala como una responsabilidad del Estado mantener el orden y seguridad pública, evitando la anarquía. Asimismo, se establece como un deber el cumplimiento por igual de todas las leyes, impidiendo los favoritismos e injusticias.
Por otra parte, al igual como se estableció en el acápite sobre valores, bajo el ítem de instituciones vuelve a aparecer la demanda por una democracia con mayores instancias de participación, añadiendo que los plebiscitos deben ser «vinculantes y para materias de alto interés público».
Una parte de las actas de cabildos propuso un Congreso unicameral, argumentando la agilización de los trámites legislativos y rebajando los recursos destinados a la mantención de dos Cámaras. El texto también constata la exigencia de una reducción «significativa» de la dieta parlamentaria, así como la tarea de que los parlamentarios den cuenta personal periódicamente de sus actos en el cargo.
En este capítulo se insiste en la necesidad de poner límite a la reelección, la contraloría externa del Congreso, además de que la Constitución consagre que un parlamentario electo no puede abandonar su cargo por haber sido nombrado en otro.
Asimismo, el informe destaca la petición por una representación en el Congreso de pueblos indígenas y paridad de género.
Se propone, además, la figura del Defensor del Pueblo, autónomo y elegido mediante votación popular. Dicho organismo debe existir para garantizar la defensa de los derechos ciudadanos contra el abuso «de los poderosos y del Estado».
Las Fuerzas Armadas también fueron mencionadas entre las instituciones más importantes en la Constitución. Se detalla que deben estar subordinadas al poder civil y no contar con previsión especial. En este acápite también se propone eliminar la Ley Reservada del Cobre.
Respecto del sistema presidencial, se propone tanto moderar el actual con un mayor equilibrio entre los poderes del Estado, como la implementación de un sistema parlamentario.
DERECHOS
Este es el capítulo más largo del documento del Consejo.
En el derecho a la vida, el documento abre debate respecto del aborto. Algunas actas establecieron que este derecho debe ser respetado desde el nacimiento, otros desde la concepción, mientras un tercer grupo aboga por que rija desde los tres meses de concebido el feto.
Un número menor de encuentros locales propuso legalizar la eutanasia, mientras otros explicitaron que la vida debe extenderse hasta la muerte natural.
En tanto, los derechos sociales, como el de educación y salud, fueron los que obtuvieron más menciones en los diálogos ciudadanos.
El informe señala que un número no irrelevante de encuentros locales pidió educación digna, de calidad y gratuita, mientras que menos constataron la necesidad de que esta sea también laica, sin discriminación, equitativa y pública.
En tanto, el debate respecto del derecho a la salud, habría sido uno de los que finalizaron con más consensos entre quienes participaron en el proceso. En este apartado se destacan los conceptos «universal, gratuito y oportuno».
El derecho a la vivienda digna se describe como básico, social, cultural e imprescindible.
Más abajo, aparecen detallados los derechos que, aunque considerados relevantes por los participantes no calificaron dentro de los siete más fundamentales. Son destacados la libertad personal, la libertad de conciencia, de expresión, de enseñanza, de libre iniciativa económica, del trabajo, entre otros. (El Mercurio)
