CC rechaza norma política que establecía insistencia del Congreso por 4/7

CC rechaza norma política que establecía insistencia del Congreso por 4/7

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La Convención Constitucional rechazó el mecanismo de insistencia de 4/7 del Congreso de Diputadas y Diputados por sobre la Cámara de las Regiones, en el marco del nuevo diseño del Poder Legislativo que ya está en el borrador de Constitución.

Esta norma recibió solo 57 votos a favor, 16 en contra y 37 abstenciones, con abstenciones del Frente Amplio, del Colectivo Socialista, de INN, de escaños reservados, y sin los votos de Vamos por Chile y parte del Colectivo del Apruebo, que acusaron que era una votación «no reglamentaria».

La disposición se había incorporado en el informe de Sistemas de Justicia, tras una polémica sesión el domingo pasado en la que los colectivos de centroizquierda, entre ellos el FA, Colectivos Socialista e INN, renovaron y aprobaron indicaciones con propuestas que ya se habían rechazado en el pleno de la Convención, solo dos días antes.

En específico, esta norma estaba incluida en el capítulo de la regulación de la Corte Constitucional y consagraba que «no constituye conflicto de competencia que el informe de la Comisión Mixta fuere aprobado por la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados lo rechazara».

«En este caso, el Congreso de Diputados y Diputados podrá despachar el proyecto de ley sin las disposiciones a las que se refiere las enmiendas originalmente propuestas por la Cámara y rechazadas por el Congreso, o insistir en ellas con el voto favorable de cuatro séptimas partes de sus integrantes. Del mismo modo podrá proceder cuando la Cámara de las Regiones rechazare el informe de la Comisión Mixta«, se leía en el texto.

Si bien su rechazo implica que ya no podría ser presentada otra vez en el debate constitucional, algunas voces plantean que aún hay posibilidades de incorporarla en el proceso de armonización del texto final.

REFERENDUM

No obstante, «si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por dos tercios de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, no será sometido a referéndum ratificatorio» (105-41-1).

En cuanto a la convocatoria a referéndum constituyente para el reemplazo de la Constitución, esta podrá hacerse por iniciativa popular con las firmas de un número equivalente al 25% del padrón de la última elección parlamentaria; o por el Presidente, con el acuerdo de 3/5 del Congreso y la Cámara.

Si se aprobara el referéndum, se crearía una asamblea constituyente que tendría como única función la redacción de una propuesta de Constitución, y estará integrada «paritariamente, con equidad territorial, escaños reservados e igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos» (104-40-5).

Los detalles sobre su integración, elección, organización mínima, mecanismos de participación y su duración, «que no será inferior a dieciocho meses», serán determinados por ley (106-38-5).

En tanto, se rechazó que la asamblea pueda definir su propio quórum de aprobación de normas y que «ninguna autoridad, ni tribunal, podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Asamblea ni con el contenido de las normas propuestas».

NORMAS SOBRE CORTE CONSTITUCIONAL

Por otra parte, la Corte Constitucional, que reemplaza al Tribunal Constitucional en el borrador de nueva Constitución, completó su diseño este viernes tras la aprobación de sus últimos artículos en el pleno de la Convención. Entre los puntos que se agregaron está su integración, que sumó 114 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones.

Así se definió que los ministros de esta Corte se designarán en base a «criterios técnicos y de mérito profesional», y cuatro serán escogidos por la mayoría de los integrantes de Congreso y Cámara en sesión conjunta. Otros tres, por el Mandatario; y otros cuatro, por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos.

En cuanto a los conflictos de competencias, se agregó que la Corte resolverá los que se susciten entre el Congreso y la Cámara, o entre estas y el Presidente.

Las atribuciones que tendrá este órgano serán conocer y resolver los siguientes puntos: la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Constitución; la inconstitucionalidad de un precepto legal; la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial; los reclamos en caso que la Presidenta no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.

También podrá conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente; y de la constitucionalidad de los reglamentos y decretos del Mandatario dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria.

Asimismo, tendrá la potestad de resolver los conflictos de competencias o de atribuciones que se susciten entre las entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre estos; y resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. (Emol)

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