El Pleno de la Convención Constitucional rechazó una serie de propuestas de artículos transitorios que deberán volver a comisión relacionados a temas centrales para la aplicación de la propuesta de nueva Constitución, no aprobando el fin del Senado en 2026 y tampoco el alto quorum de 2/3 para modificar el texto constitucional.
De esta forma, el Pleno solo entregó 71 votos favorables (necesitaba un mínimo de 103) a la norma transitoria que congelaba el mecanismo de reforma constitucional hasta 2026 y le imponía una suerte de “candado” de 2/3 al actual Congreso para realizar cualquier modificación a la nueva Constitución. Dicho texto había sido cuestionado por diversos constitucionalistas y por convencionales de oposición.
Tampoco prosperó el artículo que buscaba terminar con la totalidad del Senado en 2026, lo que implicaba que la mitad de esa cámara no cumpliera el mandato por el cual fueron electos a fines del año pasado.
El texto que deberá volver a comisión, señalaba que “todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección. Las y los actuales integrantes del Senado podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones que se realizará en 2025”. Y precisaba que “de ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará la legislatura correspondiente al periodo 2026-2030 como su primer periodo en el cargo”.
NORMAS QUE SI PASARON
Algunos de los artículos que sí lograron ser aprobados y pasaron al borrador de la nueva Constitución se refieren a que el nuevo texto legal entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación, y que a partir de esta fecha quedará derogada la Constitución de 1980.
También se consagró que no podrá optar a la reelección el actual mandatario Gabriel Boric, al indicarse que “el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido”.
Otro artículo que logró la luz verde es el referido a la regla de paridad de género y que sostiene que “será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor de esta Constitución”.
Para los órganos colegiados que no se renuevan mediante procesos electorales, así como para los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, la regla de paridad deberá implementarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan.
RECHAZOS A NORMA SOBRE AGUAS Y COMISIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS
Por primera vez llegó al pleno de la Convención Constitucional el informe de la comisión de Normas Transitorias. Lo que allí se aprobó, pasó al borrador de la nueva Constitución, y algunas normas rechazadas regresarán a comisión para que se le puedan hacer cambios.
Los convencionales rechazaron por 77 votos a favor, 25 en contra y 25 abstenciones, el polémico artículo que tenía en alerta a la industria sanitaria, y que establecía que cuando entre en vigencia la nueva carta magna, de inmediato “todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”. Esto ahora deberá volver a comisión para que se hagan modificaciones.
Asimismo, se rechazó que “en el plazo de cinco años los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas o el organismo sucesor, para solicitar la regularización de la autorización de uso, según corresponda”.
También volverá a la comisión para una segunda propuesta, que “una vez concluido el plazo de regularización de aguas contemplado en el artículo segundo transitorio de la Ley 21.435, los registros del Conservador de Bienes Raíces, se traspasarán a la Dirección General de Aguas o a la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda”.
Igualmente se rechazó que “se exceptúan de estos trámites los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados, adquiridos y reconocidos en favor de comunidades, asociaciones y personas naturales indígenas, los que serán inscritos automáticamente en el registro respectivo como derechos de usos tradicionales de pueblos y naciones indígenas”.
Y lo mismo respecto de que en un plazo de seis meses el Presidente tenga que enviar un proyecto de ley para la instalación de la Agencia Nacional de Aguas y los consejos de cuenca.
En otro ámbito, un tema también muy debatido que se rechazó fue la norma transitoria que daba plazo de un año al Presidente de la República para crear por decreto la Comisión Territorial Indígena para hacer la restitución de tierras, “garantizando su debido financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa. La Comisión tendrá un plazo de funcionamiento de ocho años, renovables por cuatro años adicionales, no pudiendo extenderse por más tiempo sin la habilitación legal respectiva cuando el interés de los pueblos así lo requiera”.
Ese artículo que se rechazó, y que deberá volver a comisión, también establecía que “la Comisión, de oficio o a requerimiento de los interesados indígenas, tendrá por objeto elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes. Para el cumplimiento de sus objetivos contará con la colaboración e información que se requiera a los órganos del Estado con competencias en estas materias”.
Ahí se establecía que estaría “compuesta por integrantes de los pueblos y naciones indígenas, que serán elegidos por sus organizaciones representativas, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad que contribuyan al adecuado cumplimiento de los fines de la Comisión quienes serán nombrados por el Presidente de la República. Contará con una Secretaría técnica ejecutiva conformada por personas de comprobada experiencia académica o profesional. La comisión podrá invitar a organismos internacionales como observadores garantes del proceso”.
EL SENADO: DETALLES
No hubo quórum suficiente y la norma transitoria que acortaba el período de los senadores en 2026 se rechazó, por lo que volverá a la comisión para su revisión. El artículo logró 68 votos a favor, 43 en contra y 16 abstenciones.
Entre quienes no lo respaldaron estuvieron la mayoría de los escaños reservados, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y el Colectivo del Apruebo, además de algunos votos en contra de Renovación Nacional. Los convencionales UDI e independientes no votaron en toda la jornada.
En cambio, quienes sí lo aprobaron fueron el Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno e INN. La norma implicaba que el mandato de los más de 20 senadores que asumieron el cargo en marzo de 2022 se acortaba la mitad.
No obstante, la misma norma permitía que estos postulen a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en 2025. Si fueran electos, se les contabilizaría el período 2026-2030 como el primero en el cargo.
También ser rechazó el resto de la norma, que planteaba un calendario electoral para diputados, representantes regionales, gobernadores, asambleístas regionales, alcaldes y concejales.
Con este resultado, la Comisión de Normas Transitorias deberá generar una nueva propuesta para presentar al pleno, lo que se votará por última vez a mediados de junio.
REACCIONES
Poco quedó en pie del acuerdo que firmaron los convencionales de centroizquierda e izquierda en la Comisión de Normas Transitorias: en el pleno se rechazó el quórum de 2/3 para reformas constitucionales hasta 2026 y la norma que establecía el fin del Senado en ese mismo año, entre otras decenas de artículos propuestos.
La razón de todo aquello, según comentan los mismos convencionales que firmaron el acuerdo: tener más espacio para negociar puntos clave de las transitorias, como el artículo que establecía que toda la normativa previa a la nueva Constitución que sea necesaria para la continuidad del Estado, sus servicios y el aseguramiento de los derechos fundamentales, mantendría su vigencia mientras no fuera derogada, modificada, sustituida o declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Además, planteaba que los órganos del Estado «deberán adecuar su normativa conforme a lo establecido en la nueva Constitución, dentro de un plazo no superior a 5 años desde su entrada en vigencia».
El resultado de esa votación fue fundamental para el desenlace de las siguientes, porque era defendido por algunos colectivos y criticado por otros, desde el Colectivo del Apruebo hasta MSC, y su regreso a la comisión implica otra oportunidad para negociar. A aquello se sumó el rechazo de los 2/3, la transición del Senado y más, todo lo que tendrá que estar sobre la mesa en los próximos días.
De esa forma, el rechazo de ese segundo artículo desencadenó que otros colectivos rechazaran otros artículos y así sucesivamente. «El rechazo del artículo 2, que definía el tránsito entre la antigua y la nueva Constitución, activó el rechazo de otras normas con el propósito de quienes rechazaron de generar un escenario de negociación con miras al segundo pleno que es el próximo viernes. No creo que los resultados de hoy sean concluyentes», explicó el convencional Marcos Barraza (PC).
Para Camila Zárate (Pueblo Constituyente) una de las convencionales que rechazó la regla del fin del Senado, «estas normas guardan relación con el artículo 2 que hemos criticado abiertamente, que desde el primer momento dijimos que no íbamos a apoyar porque entendemos que no puede ser esa la regla general, que todo tenga que estar congelado durante 5 años».
Así, esa norma, los 2/3 y los senadores «van de la mano con todo el diseño político. Esperamos que se converse como un gran artículo y llegar a acuerdo entendiendo esa complejidad», pidió Zárate.
«Considerando que había problemas de redacción con el artículo que regulaba la recepción del derecho preconstitucional, parecía razonable también que parte de las normas que regulaban el diseño de los órganos políticos pudieran devolverse para que todo eso formara parte de la misma conversación«, sumó Jaime Bassa (FA).
Estas decisiones todavía no son definitivas, pues la comisión podrá preparar una última propuesta para someter al pleno. Las indicaciones a todos los artículos que se rechacen este jueves podrán ingresarse hasta el lunes a medianoche, y la comisión las votará durante la semana.
Sobre este punto, el constituyente Pedro Muñoz (Col. Socialista), respondió que «a partir de ayer y el último desarrollo de las conversaciones preveíamos que podía suceder, no es lo mejor pero tampoco es el peor de los mundos, porque hay una segunda oportunidad para las normas transitorias«.
«Esperamos que la conversación se desarrolle en términos de razonabilidad porque estamos terminando el proceso y hay que hacer una transición adecuada entre la vieja y la nueva institucionalidad, no solo entre el Senado y la Cámara de las Regiones», agregó Muñoz.
En tanto, Fuad Chahin (Col. del Apruebo) valoró la oportunidad para rediscutir la norma de los senadores, pero lamentó que «se reabre en demasiados puntos y quedan varias materias en las que había niveles de consenso que no están vinculados unas y otras y que de alguna forma vamos a tener que reconversar, pero es evidente que es una oportunidad donde espero que prime el realismo, responsabilidad y certeza jurídica«. (DF-Emol-La Tercera)
