Este viernes, la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional continuó con el estudio y votación de las indicaciones presentadas al texto sistematizado que contiene normas aprobadas en general por la instancia.
Se trata de su segundo informe, al que adhirió el Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno, Independiente No Neutrales, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. Esto, luego de que el pasado 18 de marzo, el Pleno del órgano redactor rechazara -en su mayoría y en votación en general- el primer informe presentado por la comisión.
Así, esta jornada los convencionales terminaron de zanjar lo relativo a normas de probidad, al igual que los capítulos de FF.AA., Carabineros y PDI, y la totalidad de las propuestas sobre Relaciones Exteriores.
Por otro lado, se agregó en el texto lo referido a estados de excepción constitucional, que no formaba parte del normado en el documento base. Vale mencionar que en este caso existían dos temas puntuales que aún no generaban consenso, correspondiente a que los tratados internacionales puedan ser revisado por la Cámara de las Regiones –organismo que reemplazará al Senado- y a cómo quedarán reguladas las acusaciones constitucionales. Es decir, si queda en manos de la misma institución mencionada o la Cámara de Diputados.
Con todo, las enmiendas relacionadas con acusaciones constitucionales no fueron visadas hoy, por lo que se verán en la sesión fijada para el lunes 18 de abril.
Una de las definiciones aprobadas dice relación con garantizar «la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas», mientras otra señala que el principio de probidad «consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular».
Igualmente, se respaldaron indicaciones que apuntaban a resguardar la transparencia mediante la creación de un Consejo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y el derecho a la información pública.
En ese sentido, la convencional Francisca Aurana (Pueblo Constituyente) destacó en su cuenta de Twitter la aprobación de «la inhabilidad para ejercer cargos públicos de los condenados por fraude, corrupción, soborno, cohecho, malversación de fondos públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar en sede penal«.
FF.AA. Y POLICIAS
Respecto de las Fuerzas Armadas, se aprobó que será el Presidente de la República a quien le corresponde la conducción de la defensa nacional, siendo el jefe supremo de las FF.AA., cuyo mando se ejercerá a través del ministerio a cargo de la defensa nacional.
Se detalla además que estarán integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, instituciones «destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo (…). Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional».
Estas deben incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, además de promover la paridad a la hora de tomar decisiones y actuar con respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. «Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes«, según lo respaldado por la comisión.
Asimismo, se determinó que «sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular«.
En cuanto a las policías, se aprobó la enmienda que las define como «instituciones civiles de carácter centralizado con competencia en todo el territorio de Chile», punto fue abordado por la convencional Marcela Cubillos, (Ind.-Vamos por Chile), criticó en su cuenta de Twitter que se agregara el término «civiles», ya que a su juicio ello implica «el fin de Carabineros, de su disciplina y el paso a la policía política, dirigidas por un político; la misma que hay en Venezuela y celebra Jadue».
TRATADOS INTERNACIONALES
Sobre relaciones internacionales, una de las indicaciones que pasó al Pleno establece que estas «se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados«.
A su vez, se acordó que corresponderá al Mandatario la atribución de «negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales».
Sin embargo, en aquellos casos en que estos se refieran a materias de ley, deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. «Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran de su aprobación. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley de acuerdo regional. La Presidenta o Presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de las Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular», plantea la enmienda.
Una vez recibido, el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones, tras ser aprobado, éste será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación como ley de acuerdo regional. «Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado, y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento», resalta el texto. (Emol)
