La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención repuso la figura del Fiscal Nacional en el Ministerio Público, luego de proponer al pleno que fuera un «Consejo Superior» el que estuviera al mando de ese organismo, lo que nunca prosperó porque la propuesta completa del informe fue rechazada en general.
Esta mañana, la instancia visó que «la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario. Al Consejo Superior le corresponderá designar a la o el Fiscal Nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público», por 13 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Según estableció la comisión, el Fiscal Nacional «dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo del Ministerio Público, representará a la institución ante los demás órganos del Estado, coordinará la ejecución de la política de persecución penal, y tendrá las demás atribuciones que señale la ley» (13-4-2).
Además, los convencionales aprobaron una propuesta que define que el Ministerio Público «es un organismo autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como función dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado» (14-0-5).
Asimismo, quedó derivado a la ley la organización y atribuciones del Ministerio Público, pero esta tendrá que señalar las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento; y se establece que estos cesarán en su cargo al cumplir 70 años (14-2-3).
El consejo y el comité Sobre el Consejo Superior del Ministerio Público se definió que estará integrado por siete personas: tres elegidos por los fiscales entre sus pares; uno elegido por funcionarias y funcionarios del Ministerio Público entre sus pares; y tres elegidos por el Congreso, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, que no podrán haber desempeñado cargos de elección popular ni haber sido candidatos a ellos, así como tampoco podrán haber desarrollado funciones en el gobierno o administración del Estado en cargos que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, en los últimos cuatro años (13-5-1).
Sus atribuciones serían dirigir el Ministerio Público, velando por el cumplimiento de sus objetivos; determinar la política de gestión profesional de los funcionarios del Ministerio Público; supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público; evaluar y calificar permanentemente el desempeño de los funcionarios; designar al Fiscal Nacional, fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público; ejercer la potestad disciplinaria respecto de funcionarios; y definir las necesidades presupuestarias (13-5-1).
Al mismo tiempo se consagró la existencia de un «Comité del Ministerio Público», que estaría integrado por los fiscales regionales y el Fiscal Nacional, quien debe presidir la instancia.
La función del comité será «fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos» (13-5-1).
Finalmente, la comisión eliminó la alusión al trabajo «autónomo» de los fiscales adjuntos -que estaba en la propuesta previa- y se enviará al pleno que estos «ejercerán su labor en los casos específicos que se les asignen, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes» (14-2-3).
Todas estas normas aprobadas pasarán al pleno del órgano constituyente y todo lo que se apruebe por al menos 103 votos llegará al borrador de nueva Constitución. En cambio, si se rechazaran por más de 1/4 de los votos, volverán a la comisión para una última propuesta. (Emol)
