CC: Comisión de Medio Ambiente aprueba en general nacionalización del cobre

Desde las 9:30 de esta mañana, la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional desarrolló las deliberaciones y votaciones en general de tres polémicas iniciativas de norma constituyentes. Los 19 convencionales que componen la instancia debieron decidir si aprueban o rechazan iniciativas que abarcan temas como la nacionalización del cobre, el rol del Estado en la minería y la convivencia de esta actividad con el respeto por el medio ambiente.

Como se trata de votaciones en general, los convencionales tendrán la oportunidad de presentar indicaciones hasta el 8 de febrero, para posteriormente votar en particular cada uno de los puntos que abordan las normas. Una vez aprobadas en particular, serán incluidas en el informe que se presentará ante el pleno para que sean votadas por dos tercios.

En este sentido, el coordinador de la comisión, Juan José Martin (Independientes No Neutrales), enfatizó que no es determinante lo que hoy se votó. “Estamos aprobando el espíritu y aprobando que se conversen las temáticas de la norma. Por supuesto que esto va a seguir siendo deliberado. En estos momentos de las deliberaciones no me preocuparía por ninguna frase explícita de ninguna norma, ni aprobada ni rechazada”, dijo a La Tercera.

Durante estas votaciones a nivel de comisiones, las normas se aprueban por mayoría simple. En el caso de Medio Ambiente, esta se logra con el voto de 10 convencionales. La primera norma sometida a votación durante la jornada fue la que hace referencia a la nacionalización y “nueva gestión social y ambiental” del cobre, el litio y otros bienes, presentada por la convencional Ivanna Olivares (ExLista del Pueblo), aprobada en general, por 13 votos a favor y seis en contra.

En concreto, esta iniciativa abarca la idea de que los bienes naturales, como el cobre y el litio, son de carácter “estratégico para el país”. Junto con esto, se aprobó en general que será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y control de la actividad minera. Asimismo, se estableció que toda explotación de los bienes estratégicos deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Posteriormente, la comisión decidió votar por separado los artículos restantes de esta iniciativa. De esta forma, se aprobó por 10 votos a favor, ocho en contra y una abstención el artículo que aborda que toda explotación de bienes estratégicos se desarrollará en consideración de su impacto sobre los territorios y menciona que se deberá proteger especialmente los ecosistemas de los glaciares.

También se aprobó por 11 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la idea de que el Estado tiene el dominio “absoluto y exclusivo” de todos los bienes estratégicos, lo que incluye a todas las minas. Uno de los puntos más polémicos de este inciso es que se establece que las concesiones mineras “cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, la que se extenderá a los bienes de terceros de cualquier clase.

Frente a esta idea, Olivares (ExLista del Pueblo), quien presentó la iniciativa, argumentó: “Es importante la nacionalización, porque con eso controlamos la evasión, una de las primeras razones donde se va el cobre y donde lamentablemente es imposible controlar la cantidad que se exporta, ya que en un informe de la ONU, en Chile no se cuenta la cantidad real que sale del país”.

Sobre el artículo, el convencional Pablo Toloza (Vamos por Chile) sostuvo: “Lo que se aprobó en general por la comisión de medioambiente es realmente aberrante, porque significa la nacionalización de todas las mineras, que no es otra cosa que la expropiación de la minería y de las industrias estratégicas del país”.

Toloza (Vamos por Chile) agregó que el artículo “vulnera las normas y tratados internacionales, y además toda la jurisdicción chilena en la materia”. De hecho, lo llamó “lo más aberrante que se ha aprobado en la Convención hasta el momento”, e hizo un llamado a la próxima ministra de minería, Marcela Hernando, a pronunciarse al respecto.

CONTROVERTIDOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Al mediodía, se llevó a cabo la votación por separado de los artículos transitorios de la propuesta, en que el primero fue aprobado por 11 votos a favor y ocho en contra. Este establece que, “en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales”, se deben nacionalizar y incorporar al exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación de bienes estratégicos, “pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”.

Además, se menciona que el Estado “tomará posesión inmediata de esos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile”, quien tendrá el plazo de un año -desde la implementación de la Nueva Constitución- para implementar tal disposición.

Sobre este resultado, el convencional Rodrigo Álvarez (Vamos Por Chile) comentó: “Se ha aprobado una norma constitucional absolutamente aberrante desde el punto de vista jurídico, económico y de las obligaciones internacionales del Estado de Chile”. Según explicó, “una norma de nacionalizar de inmediato, por el solo imperio de la Constitución, toda la industria del cobre, toda la industria minera y toda industria estratégica, es absolutamente equivocada y trae graves consecuencias”.

Por último, el segundo artículo transitorio fue aprobado por 11 votos a favor, siete en contra y una abstención y dice “derógase la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y se derogan todas las disposiciones del Código de Minería (Ley 18.248) que estuvieran en contradicción con las disposiciones de la nueva Constitución”.

Además de la derecha, también se opuso a este artículo el convencional Martin (INN). Al ser consultado frente a su decisión, él sostuvo que él junto a otros convencionales han patrocinado otra norma que aborda la temática de manera diferente, con una transición más extensa. “Muchas de estas decisiones son muy importantes para el futuro del país y que deben ser tomadas en el ejercicio democrático ojalá posterior a la Convención. Hay que abrir los caminos a través de las normas constitucionales, pero ojalá las decisiones finales sean tomadas en el ejercicio que viene después”, explicó.

Durante la tarde siguió la discusión en torno a la segunda iniciativa de norma constitucional, que busca asegurar la soberanía de los pueblos en los tratados de libre comercio. La votación fue aprobada de forma general con 14 votos a favor, cinco en contra, excluyendo algunos artículos que fueron votados por separado.

La normativa fue presentada por Lucía Sepúlveda, periodista e integrante de la Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-Chile, y entre sus principales puntos establece que Chile mantiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con 65 países, además de ser el Estado que más Tratados de Libre Inversión (TBI) ha firmado.

En concreto, la norma establece la “participación en las negociaciones, y plebiscito para la ratificación de todo TLC y similares”. Del mismo modo, propone el “retiro de Chile del CIADI, denuncia de los TBIs que cumplieron fecha de término”. Por último, se menciona el inicio de procesos de denuncia o renegociación de los TBI y TLC que, según los resultados de la auditoría integral realizada “no cumplen con los principios establecidos en la Constitución”.

Por otra parte, el artículo segundo transitorio de la normativa fue aprobado en general por diez votos a favor, ocho en contra y una abstención. Este propone que en un plazo de tres años -desde que sea promulgada la nueva Constitución-, “el Estado propondrá enmendar o denunciará o se retirará de los tratados internacionales anteriores a la Constitución que contradigan estos artículos”.

Las dos iniciativas de norma que quedaron pendientes, sobre los derechos de la naturaleza y los animales y el resguardo del cielo nocturno, serán retomadas en la sesión extraordinaria del viernes 4 de febrero, a las 15:30 horas.

GREMIOS: «UNA BARBARIDAD»

La decisión generó una fuerte reacción desde la industria. Fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien encendió las alarmas al reconocer su extrema preocupación por esta aprobación: «Es una barbaridad, con claros y evidentes errores jurídicos».

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Diego Hernández, presidente de la Sonami

Según indicó, se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el metal es, actualmente, del Estado chileno. Así, «esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras», lanzó.

Y apuntó que, al escuchar los argumentos que justificarían esta decisión, «no se pondera el impacto de una medida de esta naturaleza». «Se pretende que, a través de una nacionalización, se maneje el precio del cobre. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta», dijo.

En el análisis del dirigente, Chile ha suscrito tratados internacionales que no se pueden desconocer. «Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales».

Esto significará, añadió, «pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica».

No fue el único. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que resulta lamentable que algunos integrantes de la comisión «desconozcan derechos adquiridos, se extralimiten abiertamente en sus atribuciones e incluso desconozcan ingenuamente el principio de la realidad».

Aunque consciente de que se trata de manifestaciones preliminares, fue enfático. «La destemplanza y frecuencia que están teniendo estas ‘aprobaciones generales’, están generando una incertidumbre que excede con creces la que existe naturalmente en un proceso constituyente».

En esa línea, destacó que el éxito de la minería chilena se explica por un sistema mixto. Así, en el caso de que se realicen cambios en esta materia a nivel constitucional, dijo esperar que éstos tengan una mirada de largo plazo, así como que se implementen y regulen de manera eficiente y equitativa».

LAS VOTACIONES

Una intensa mañana de definiciones se registró en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, donde se aprobó en general una norma sobre Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, en votaciones divididas de seis de los nueve artículos de una norma que establece el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos.

La iniciativa plantea que los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, entre otros minerales, son bienes de carácter estratégico para el país.

La comisión aprobó también los artículos transitorios que establecen, entre otras cosas, que el Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile. Fue aprobado con 11 votos a favor y ocho en contra.

El segundo artículo transitorio, que establece derogar la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, entre otros puntos, fue aprobado en general con 11 votos a favor, siete en contra y una abstención.

Ante lo sucedido, el constituyente Rodrigo Álvarez (UDI) sostuvo en su cuenta de Twitter que la «comisión de Medio Ambiente aprobó nacionalización y expropiación de todas las empresas estratégicas, por ejemplo, industria del cobre. Precio lo fija Contraloría y se paga a plazos. Una norma equivocada jurídica y económicamente. Conlleva graves responsabilidades internacionales».

El texto debe ser analizado por el pleno de la Convención Constitucional y para mantener o descartar su contenido en votaciones por 2/3 en cada votación.

OTRAS NORMAS POLÉMICAS

El avance de la Convención Constitucional se está siguiendo con cuidado en el mundo empresarial. Fue el 25 de enero cuando se encendió la primera alerta para las industrias, cuando la misma comisión de Medio Ambiente de la instancia aprobó anular las concesiones emplazadas en terrenos indígenas.

Aunque aún resta discusión, la idea provocó el inmediato rechazo de los gremios empresariales de la minería y las forestales. En ese momento, el presidente de Sonami, Diego Hernández, advirtió que, de aprobarse la norma, se provocaría un aumento en la judicialización de los proyectos.

Luego, la misma comisión de Medio Ambiente, rechazó consagrar la libertad de emprender.

Esto generó, de hecho, que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, llegara el viernes hasta el exCongreso Nacional para hacer saber su preocupación por distintas iniciativas que se han discutido en las comisiones de la Convención. (La Tercera-DF)