Este viernes 29 de enero, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, el caso Caval experimentará una jornada clave: el fiscal Luis Toledo, jefe del Ministerio Público de la VI Región, formalizará la investigación contra 13 personas y una empresa por presunto soborno, cohecho, prevaricación, ventajas indebidas de la Ley de Quiebras y diversos delitos tributarios.
En esta instancia -si es que el Tribunal Constitucional no paraliza el proceso tras la audiencia de mañana- se discutirán la medidas cautelares que se pedirán a los imputados. Entre estos se encuentra la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon. Toledo investiga, desde febrero del año pasado, los eventuales delitos que se habrían cometido en el marco de la compra y venta de tres terrenos que la empresa Caval realizó en Machalí, VI Región. Esta firma es de propiedad de Compagnon y de Mauricio Valero.
El abogado querellante Mario Zumelzu, cercano a la UDI y en este caso representante del cientista político Diego Acevedo, indicó que “vamos a ir por medidas cautelares intensas, como la prisión preventiva contra quienes están como querellados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se trata de una delito tributario que afecta la fe publica y que arriesga pena alta”.
Añadió que “para graficarlo en el caso de Compagnon (quien está querellada por el SII), será formalizada por declaraciones tributarias falsas, y la agravante que tiene es que es una conducta reiterada (…) esto, a nuestro juicio, tiene pena de crimen. Según el Código Tributario, la penalidad va desde los tres años y una día a cinco años. Con la aplicación del artículo 351 del Código Penal, puede llegar a 15 años, porque su conducta es reiterada”. Además, argumentará que “es un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Respecto a si tiene legitimación activa para pedir medidas cautelares por delitos tributarios, manifestó que “la tengo como querellante, ya que todas las aristas del caso, incluyendo la tributaria, está bajo un mismo Ruc (Rol Unico de Causa)”.
El Ministerio Público se encuentra analizando el grado de colaboración que han tenido los imputados antes de definir las medidas cautelares. No obstante, por la pena de los delitos, no serían de alta intensidad como la prisión.
El abogado Eduardo Riquelme, que representa a parlamentarios RN, dijo que “lo más probable es que nos pleguemos a la petición que haga el fiscal Toledo, para apoyar su investigación”.
