Con firma mensual y arraigo nacional quedaron Sebastián Pizarro Cristi (hijo del senador DC Jorge Pizarro); Roberto León Araya (hijo del diputado DC Roberto León) y el ex embajador en República Checa Marcelo Rozas (DC), tras una nueva audiencia de formalización en el marco del caso SQM.
Esto, luego de que las defensas de los imputados aceptaran las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, afirmando que los argumentos de su defensa los expondrán en las audiencias posteriores.
El juez del Octavo Juzgado de Garantía, Álvaro Arriagda, decretó las mismas cautelares contra la esposa del ex embajador y su hijo, Michelle Reymond y Daniel Rozas. Todos fueron formalizados por delitos tributarios.
A Pizarro se le investiga por delitos tributarios asociados a once facturas ideológicamente falsas que su sociedad Ventus Consulting emitió a la minera por un total de $ 48 millones entre 2011 y 2012.
En este contexto, la fiscalía aseguró que Pizarro llegó a través de Marcelo Rozas a contactarse con SQM y que las asesorías de Ventus serían para el ex embajador. «Se tratarían de asesorías verbales, no quedó ningún registro. Se prestaban en un café. Luego el señor Rozas se reunía con Contesse y le transmitía esa información».
Asimismo, el Ministerio Público detalló que el SII «califica a Ventus como una empresa con comportamiento tributario anómalo».
A León, en tanto, se le imputan cargos por facilitar boletas de honorarios falsas por un total de $ 124 millones entre 2009 y 2014.
Tras la audiencia de formalización, Rozas amanifestó que «los hechos tal como los presentó al fiscalía me parece que son no del todo ciertos», añadiendo que los fondos pagados por SQM no son con fines políticos.
«La fiscalía dice que los servicios no se prestaron pero yo le aseguro que se prestaron y el señor Contesse también dice que se prestaron (…) las asesorías para ese tipo de empresas fundamentalmente son verbales, no son por escrito», acotó.
Por su parte, Sebastián Pizarro indicó que «me parece positivo que finalmente este proceso se haya encausado a través de la vía judicial, el Ministerio Público está haciendo su trabajo como corresponde. Nosotros hemos estado aportando la información necesaria para acreditar los errores de forma y fondo en los cuales cae la querella del SII, de hecho hace unas tres semanas estuve declarando ante la Fiscalía».
PLAZO DE INVESTIGACIÓN
Durante la audiencia el Ministerio Público solicitó al juez Álvaro Arriagada ampliar el plazo de investigación de la causa en seis meses, argumentando que aún quedan diligencias por realizar por la cantidad de aristas que se han desprendido durante las indagatorias.
Luego de que la defensa de los imputados no se negara a la medida, el magistrado acogió la solicitud de la fiscalía. (La Tercera)
