La etapa de reflexión en que entraron los fiscales de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tras manifestarse en desacuerdo con la salida alternativa que se le ofreció al desaforado senador UDI Iván Moreira en el caso Penta, terminó esta mañana.
Los investigadores presentaron al fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, su renuncia indeclinable al Ministerio Público.
A través de una carta manifiestan que es insostenible mantenerse al interior de la institución tras un acuerdo arribado a sus espaldas en que se beneficia al parlamentario quien tras ser desaforado no enfrentará juicio porque se le permitió el pago de $35 millones para se le sobresea en el plazo de un año.
Gajardo y Norambuena llevan más de una década al interior del Ministerio Público y fueron quienes en julio de 2014 descubrieron la arista de pagos a políticos que luego se llamó caso Penta y que abrió una amplia investigación a políticos por financiamiento irregular.
También fueron parte del equipo que investigó el caso SQM, derivado del caso Penta, en que se estableció una relación de dependencia económica de políticos no sólo de oposición, sino también de personeros de la Nueva Mayoría.
Fuentes conocedoras de la situación aseguran que se hizo insostenible para ambos fiscales su permanencia en el Ministerio Público pues la decisión con Moreira terminaría por beneficiar a una serie de políticos indagados evitando sanciones, y dejando un manto de impunidad en uno de los casos que remeció la política.
La renuncia se presentó ante el fiscal regional Manuel Guerra superior de Gajardo y Norambuena y quien además está hoy de fiscal nacional (s). En estricto rigor la renuncia es ante Jorge Abbott, quien hoy asistió a la cuenta pública de la Fiscalía Regional de Aysén.
GUERRA: «TENÍAN DISCREPANCIAS»
Esta mañana Manuel Guerra, en su calidad de fiscal nacional subrogante, indicó que la salida de ambos persecutores se hará efectiva a partir del 31 de marzo, debido a que deben hacer el traspaso de los casos que estaban llevando adelante.
Consultado por los motivos que hicieron tomar la decisión a Gajardo y Norambuena, el fiscal nacional (s) indicó que “tienen discrepancias con las formas que se estaban llevando ciertas investigaciones”.
“En el caso Penta, particularmente, quien dirige la investigación soy yo. Esta es una institución jerárquica, en la cual uno escucha las opiniones de las personas que trabajan en los equipos. Pero en definitiva, corresponde adoptar las decisiones que uno considere más conveniente para la Institución en su conjunto”, dijo.
Además, añadió, que ocurre lo mismo para los demás casos de lo que se ha llamado financiamiento a la política. Respecto a eso, “ellos tienen una postura distinta. Consideran que se debiera seguir un determinado camino. Y han expresado que esa posición es incompatible con lo que ellos siempre han sustentado, y por eso han hecho efectiva la renuncia, y la tenemos que respetar”.
En la carta que ambos fiscales presentaron a Guerra, le indican que es insostenible mantenerse al interior de la institución tras un acuerdo arribado a sus espaldas en que se beneficia a Moreira, quien tras ser desaforado no enfrentará juicio porque se le permitió el pago de $35 millones para se le sobresea en el plazo de un año.
NORAMBUENA: DECISIÓN COHERENTE
“Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía, evidentemente respecto a las decisiones que se han tomado y las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad: me estoy refiriendo a los casos Penta, SQM y Corpesca a partir de 2014”, dijo Gajardo tras presentar la carta de renuncia.
Norambuena explicó que la decisión la tomaron porque tienen un criterio común de que es “necesario perseguir este tipo de conductas buscando un reproche o una sanción penal. En eso siempre hemos tenido respaldo total de las tesis que hemos formulado ante los Tribunales de Justicia pero ahora observamos un cambio en la Fiscalía con el que no concordamos y hemos tomado la decisión de no continuar en este cargo público que hemos desarrollado por años”.
“Hemos querido ser coherentes en cuanto a tomar una decisión acorde a lo que hemos querido hacer a lo largo de los años”, sostuvo.
Norambuena agregó: “Nuestra posición fue que se debió haber perseguido de acuerdo a la solicitud de desafuero que realizamos y de acuerdo a la autorización que nos dio la Corte Suprema para seguir adelante. Pero carecemos del poder decisorio al interior de la Fiscalía”.
“Creemos que una suspensión condicional del procedimiento conlleva a la renuncia de la búsqueda de una sanción penal”, dijo el persecutor.
FISCAL NACIONAL
El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott señaló que «Si los fiscales no están de acuerdo con las decisiones que toman quienes tienen la atribución legal para tomarla y se sienten incómodos dentro de la institución, me parece muy legítimo que ellos renuncien“ dijo desde Coyhaique, donde se encuentra para participar en la cuenta pública del fiscal regional.
Abbott enfatizó que «el Ministerio Público es más que dos fiscales» y añadió que su salida «no debería alterar el funcionamiento de la entidad».
El Fiscal Nacional también se refirió a la resolución de darle una salida alternativa al senador Ivan Moreira (UDI) y defendió la decisión tomada.
«En el caso concreto de la decisión del fiscal Guerra en relación al senador Moreira, lo que ha hecho ha sido simplemente tomar un juicio de realidad frente a lo que puede significar a futuro el resultado de esa causa», dijo.
ASOCIACIÓN DE FISCALES LAMENTA RENUNCIAS
Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, se refirió a las renuncias de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por desaveniencias respecto a la suspensión condicional del senador Iván Moreira en el denominado Caso Penta.
“Como gremio lo lamentamos mucho. Son dos grandes profesionales. Lo lamentamos profundamente porque son fiscales apreciados”, dijo al canal CNN.
Eso sí, aclaró que la suspensión condicional es una decisión legal y ajustada a las normas. “Como fiscales del Ministerio Público, en los casos graves donde participan personeros ligados a la política nos gustaría que se llegue a un juicio oral. (Pero) la suspensión es una salida legal, nos guste o no”.
“Acá se dan los requisitos para la salida alternativa por un delito tributario que tiene una pena baja”, agregó. Y en este sentido, hizo un llamado a los parlamentarios para subir las penas asociadas a delitos tributarios, como es el caso de Moreira.
“En términos generales, decimos que (la suspensión) procede. Los legisladores tienen que darle el peso a estos delitos”, cerró. (La Tercera-Emol)
